La marcha que fue convocada este martes, por grupos cristianos, para intentar revocar dos decretos que se expidieron en el gobierno de Juan Manuel Santos terminó convocando apenas un puñado de personas. No más de 250 colombianos llegaron a la Plaza de Bolívar a protestar por dos decretos que, según ellos, incentivan la llamada ‘ideología de género’. Los documentos fueron expedidos hace ocho meses y esto es lo que plantean. 1. Decreto 410/ 1 de marzo del 2018 Este decreto se firmó a raíz de un incidente en un restaurante en Bucaramanga, donde una pareja del mismo sexo fue sacada por trabajadores del local, con la excusa de que habían tenido muestras de afecto dentro del restaurante. La pareja hizo la denuncia en redes sociales y desde ahí se emprendió una fuerte campaña cuestionando lo sucedido. El rechazo de la ciudadanía fue tan fuerte que el incidente llegó a oídos del Ministerio del Interior, el cual tomó cartas sobre el asunto y formuló este decreto. Más que un mandato lo que busca el decreto es prevenir por medio de un incentivo simbólico la discriminación a personas LGBTI en establecimientos públicos. “..promover espacios libres de discriminación, mediante la prevención de prácticas discriminatorias en el acceso y permanencia en establecimientos de comercio o de otra naturaleza abiertos al público contra los sectores sociales LGBTI o personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.” El incentivo es un placa que dice “#AquíEntranTodos”. Lo que se plantea es que los establecimientos que luchen contra la discriminación de personas LGBTI y capaciten a sus empleados para que no sucedan incidentes como el del restaurante en Bucaramanga, obtengan la placa y la pongan en su local como reconocimiento a su lucha por la igualdad y no discriminación. La placa no es de carácter obligatoria y la obtienen los establecimientos que la pidan. Por su parte, el decreto deja claro que, “en ningún caso estos estímulos o incentivos servirán para asignar puntaje en un proceso de selección de contratistas o en un programa estatal que implique calificación.” Es decir, es un reconocimiento ciudadano y social sin ningún tipo de beneficio o ventaja económica. En pocas palabras, la única pedagogía que enmarca este decreto es la que se le sugiere a la empresa que haga con sus empleados, de manera que incentiven los “espacios libres de discriminación”. Para más contexto: "La ideología de género está apalancada en el comunismo" 2. Decreto 762/ 7 de mayo del 2018 SEMANA habló con el exministro del Interior, Guillermo Rivera, sobre el origen de este decreto. Rivera explicó que se expidió a raíz de las órdenes de la Corte Constitucional en materia de lucha contra la discriminación de la población LGBTI, “la Corte le ha dado órdenes al gobierno en diferentes ocasiones para que desarrollare políticas con enfoque diferencial en ámbitos institucionales, laborales, centros prestadores de salud, penitenciarios, entre otros”, aseguró. Todo eso se compiló en este decreto, que parece ser el que más molesta a los grupos cristianos pues es la política pública de la población LGBTI, en la cual se busca principalmente garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esta comunidad. Lo principal es garantizarles los derechos civiles y políticos, los cuales son vida, integridad, seguridad y una tutela judicial efectiva. Algo que en la constitución se le garantiza a cualquier persona. También promueve los derechos económicos sociales y culturales teniendo especial énfasis en la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura. De manera específica hay un artículo que garantiza la prestación de servicios públicos que atienden a las especificidades derivadas de la orientación sexual, es decir, “protocolos para la inclusión de criterios que permiten diferenciar a la población acorde a su orientación sexual o identidad de género en los registro administrativos y/o sistemas de información de las entidades”, esto para facilitar la caracterización y el registro de la información de toda esta población. En políticas de paz también hay una parte que dicta realizar “ajustes institucionales para la implementación del enfoque de orientación sexual e identidad de género en el reconocimiento y atención a víctimas de los sectores LGBTI” esto en el marco de las políticas públicas de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la atención y reparación de víctimas y las que se desarrollen en el posconflicto. También se busca “crear y fortalecer procesos de formación continua a los servidores públicos sobre la implementación del enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género diversa.” Sobre el manejo de niños, niñas y adolescentes, algo que inquieta mucho a la comunidad religiosa, lo que el decreto plantea es que se diseñe e implemente “un mecanismo para garantizar una vida libre de violencia a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con orientaciones sexuales e identidades de género diversa”. De igual forma se busca promover la participación y fortalecer la incidencia política de la comunidad LGBTI, “a través de procesos de formación y sensibilización dirigidos a líderes, lideresas y organizaciones sociales defensoras de derechos humanos de estos sectores” para que de esta forma la comunidad LGBTI sea participe de “la implementación de las medidas de política que les vincula como población de objeto”. Esto, para que las políticas públicas que se hagan alrededor de esa comunidad tengan la visión de alguien que haga parte de la misma y no sean soluciones distantes a sus necesidades. Puede leer: Las cartillas falsas de MinEducación El decreto, al tener todas las políticas públicas de la comunidad LGBTI, abarca mucho más, sin embargo, al leerlo se entiende que es una muestra de los derechos de cualquier ciudadano colombiano pero aterrizado a las necesidades de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas.