Luego de que el presidente Iván Duque objetara seis artículos de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), algo que nunca ha ocurrido con una ley estatutaria, la responsabilidad recae toda en el Congreso que debe decidir si adopta las objeciones o no. El debate no tiene nada de sencillo, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa para los acuerdos de paz, y mientras unos están a favor de estas acciones, pues consideran que lo que Duque está haciendo es cumplir sus promesas de campaña de hacer ajustes a los acuerdos de paz, otros consideran que de esa forma se empieza a desbaratar lo alcanzado con las Farc. Uno de los grandes problemas, y así lo han hecho saber diferentes actores de la política nacional, es que ya hubo una revisión y aprobación por parte de la Corte Constitucional y es por ello que una de las opciones es que el Congreso decida devolverle al presidente la norma tal cual salió de esa alta corte, ante lo cual Duque no tendría otra opción que sancionarla. De otro lado, el Congreso podría aceptar los argumentos del presidente y adoptar todas las objeciones o realizar modificaciones parciales a los artículos. En este caso, el documento tendría que pasar nuevamente por las manos de la corte para su revisión constitucional y finalmente volvería a la Casa de Nariño para la firma del presidente. En última instancia, si el proyecto no recibiera el beneplácito de Senado y Cámara de manera conjunta o si los legisladores no llegaran a ponerse de acuerdo antes de terminar la legislatura, este quedaría archivado. Sin embargo, lo que está en juego no es solo un trámite entre el Congreso, la corte y el presidente, lo que está en juego es el desarrollo de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. Y como lo han hecho saber expertos en el tema, desconocer la decisión de la Corte es desconocer la división de los poderes, algo que incluso han catalogado como un “irrespeto a la intangibilidad de las decisiones de la justicia”, como lo aseguró el procurador, Fernando Carrillo Flórez. Así mismo, más de 100 personalidades del país enviaron una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y a la Corte Penal Internacional, en la que expresaron su preocupación por lo que consideran un golpe a los acuerdos de paz y a la estructura de la JEP. Por ahora, la Justicia Especial para la Paz seguirá trabajando y, como lo aseguró su presidenta, Patricia Linares, lo hará bajo el amparo de normas como el Acto Legislativo 001 de 2017 que creó la JEP, el código de procedimiento (Ley 1922 de 2018) y las normas superiores consagradas en la Constitución Nacional. Vea en ‘Semana en Vivo’ a María Jimena Duzán con Juanita Goebertus, representante a la Cámara por el partido Verde; Edward Rodríguez,  representante a la Cámara por el Centro Democrático; Yesid Reyes, exministro de Justicia y Jaime Arrubla expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Participe en Twitter con @Semanaenvivo, @MJDUZAN, @CABLENOTICIAS y @RevistaSemana con el hashtag # LaPazAgonizaPor