Dos posiciones se enfrentaron este jueves en la Corte Constitucional durante la audiencia sobre las fumigaciones aéreas de matas de coca con glifosato en el territorio colombiano. Las dos intervenciones más importantes fueron las del presidente Iván Duque y el expresidente Juan Manuel Santos quienes, desde dos orillas distintas, hablaron sobre el problema de los cultivos ilícitos que, según las cifras de la ONU, alcanzan 171.000 hectáreas en todo el país. Duque les pidió a los magistrados poner el debate no sobre el herbicida, sino sobre la amenaza y el riesgo que representa el crecimiento vertiginoso de los cultivos ilícitos. El primer mandatario le pidió a la corte que module la sentencia mediante la cual obliga al Estado a cumplir con seis condiciones para poder utilizar este herbicida. Según Duque, el Gobierno se está preparando para el cumplimiento de los requisitos sin embargo, recalcó la expansión de los cultivos ilícitos y el daño que hace en la protección de los derechos fundamentales. Por su parte, Santos, quien tuvo a su cargo la detención de las fumigaciones, aseguró que la aspersión aérea no ha sido eficaz y que lo debe hacer es darles alternativas a los campesinos “no envenenarlos”. Para el exmandatario, “la única forma efectiva y duradera de combatir los cultivos de hoja de coca en nuestro país es mediante procesos de sustitución voluntaria que ofrezcan oportunidades a los campesinos en la economía legal”. Santos aseguró que sería un error retomar las fumigaciones no solo por el riesgo para la salud, sino también porque ya no hay guerra con las Farc, que era una de las razones sobre las cuales se justificaba la aspersión. Expertos, ministros y exministros también hicieron parte de esta audiencia pública. Guillermo Botero, ministro de Defensa, aseguró que si la tendencia de crecimiento de los cultivos ilícitos continúa, en el año 2022 Colombia tendría 290.000 hectáreas de coca. “Nos hemos quedado sin la herramienta más contundente”, aseguró al precisar que la erradicación manual cuesta el doble que las fumigaciones y representa riesgos para la vida de los erradicadores. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que el glifosato es una alternativa eficiente, que garantiza 80 por ciento en la destrucción de la planta. “No hay evidencia concluyente de afectación de la salud”, indicó y luego citó el estudio de la Organización Mundial de la Salud que lo clasificó como probablemente cancerígeno dentro de la categoría 2A. Por su parte, Alejandro Gaviria, exministro de Salud, recordó que el glifosato tiene un efecto adverso sobre la salud de las personas y recordó que la salud es un derecho fundamental. A su vez, Járrison Gómez, personero de Nóvita, Chocó, dijo: “Si ellos consideran que el glifosato no es tóxico ni venenoso, entonces que tomen unas cuantas gotas, se las echen sobre la piel y queden abiertos al sol o que se tomen en un vaso con agua unas cuantas gotas y ellos allí saquen sus propias conclusiones”