La ofensiva declaración de Trump sobre la cancelación de su visita a Dinamarca por la negativa danesa de discutir la compra de Groenlandia, trae a la memoria un episodio sobre la venta o cesión de nuestro territorio. Colombia, que se dio el lujo de darle la espalda a su periferia nacional durante muchas décadas, estuvo interesada en vender el archipiélago de San Andrés, o ceder parte de él, a los Estados Unidos. En 1905, durante la administración del general Rafael Reyes, el ministro de relaciones exteriores, Clímaco Calderón, impartió a Enrique Cortes, representante de Colombia en Washington, instrucciones de vender las islas de San Andrés y Providencia “que ninguna ventaja proporcionan y por el contrario ocasionan al tesoro nacional erogaciones considerables…” No hubo en ese momento al parecer interés de la contraparte. La venta del archipiélago a los Estados Unidos volvió a mencionarse durante el proceso de aprobación del tratado Urrutia-Thomson de 1914, por parte del senador norteamericano Ransdel. Propuso una enmienda al tratado mediante la cual se reconocían a nuestro país 5 millones de dólares como pago por la transferencia del archipiélago a los Estados Unidos. Afortunadamente la enmienda fue rechazada por la mayoría del senado norteamericano. Posteriormente, durante el proceso de negociación del tratado Esquerra-Bárcenas de 1928 con Nicaragua, el Departamento de Estado objetó el proyecto por considerar que podría derivarse de su redacción que Nicaragua reconocía la soberanía de Colombia sobre los cayos de Roncador, Quitasueño y Serrana, que a su juicio pertenecían a los Estados Unidos. Como Nicaragua no firmaría el tratado sin el visto bueno de los Estados Unidos, fue necesaria una negociación entre nuestro embajador en Washington y futuro presidente de Colombia, Enrique Olaya Herrera con la Secretaría de Estado, para salvarlo. Los Estados Unidos platearon que Colombia debía reconocer su soberanía sobre los cayos. Sin embargo, se discutieron alternativas. Una de las fórmulas presentadas por Olaya al Departamento de Estado fue la de que Colombia cedería sus derechos sobre los tres cayos al gobierno norteamericano a cambio de que se permitiese a los colombianos pescar en las aguas adyacentes y nos vendieran en “condiciones favorables, un cañonero o pequeño buque de guerra o barco mercante”. El gobierno norteamericano rechazó la propuesta. Colombia propuso entonces otra fórmula. Como en nuestro país estaba todavía muy fresco el resentimiento por la pérdida de Panamá, resultaría difícil ceder los cayos directamente a los Estados Unidos, sin alguna contraprestación. Por consiguiente, Olaya propuso entonces que los tres cayos se cedieran por Colombia a Nicaragua y que está a su vez los traspasara a los Estados Unidos. La propuesta también fue rechazada por el Secretario de Estado, considerando que Nicaragua no tenía ningún título sobre los cayos, para cederlos a los Estados Unidos. Finalmente se acordó entre Colombia y los Estados Unidos, la inclusión en el tratado colombo-nicaragüense de una clausula en la que se expresaba que los tres cayos no hacían parte del tratado colombo-nicaragüense, por estar en litigio entre Colombia y los Estados Unidos. En un acuerdo separado se estableció que los cayos quedarían en una modalidad de soberanía compartida entre Colombia y los Estados Unidos. Nuestro país estuvo muy cómodo con esa extraña situación entre 1928 y 1982 cuando los Estados Unidos, retiraron sus pretensiones sobre los tres cayos, pero sin reconocer la soberanía colombiana sobre ellos. Finalmente, la Corte Internacional de Justicia en su fallo de 2012 en el caso de Colombia y Nicaragua, reconoció expresamente que los tres cayos, a los que aspiraba Nicaragua, eran colombianos. Aunque algunas voces en los Estados Unidos censuraron el fallo por desconocer supuestos derechos norteamericanos, oficialmente nada se dijo. (*) Decano de la facultad de gobierno, ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.