El derecho de las mujeres a participar plenamente en la política en condiciones igualitarias a los hombres, es parte de los derechos humanos reconocidos en los tratados y acuerdos internacionales, así como en la Constitución colombiana que reconoce los principios de paridad, alternancia y universalidad. Con el propósito de acortar el camino que nos resta andar en América Latina para alcanzar la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres, fue desarrollado el Mecanismo de Aceleración de la Participación Política de las Mujeres ATENEA, una iniciativa conjunta de ONU Mujeres, PNUD, e Idea Internacional. Uno de los componentes de ATENEA es la medición y análisis del Índice de Paridad Política– IPP, que permite tener información sobre el ejercicio del derecho a la participación política de las mujeres. Este Índice ha sido aplicado en ocho países de América Latina (Panamá, Honduras, Chile, México, Uruguay, Argentina, Guatemala y Perú), y se presenta por primera vez en Colombia, lo que permite analizar la situación de cada país en el contexto regional e identificar medidas y prácticas de los países que han demostrado ser efectivas. El mayor avance que tiene Colombia en el índice, se expresa en la primera vicepresidenta mujer y el gabinete ministerial paritario; así como en la legislación que reconoce los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación política; sin embargo, continúan el reto en la reglamentación de estos principios reconocidos constitucionalmente desde el 2015 y en aumentar la participación de las mujeres en los gobiernos locales. Puede leer: El papel de la mujer en la política Son tres los resultados fundamentales del IPP que reclaman atención. Primero, el Estado colombiano destaca -frente a otras 7 naciones- por contar con una avanzada legislación para la igualdad entre mujeres y hombres. El bloque de constitucionalidad ha apropiado normas, reformas y compromisos internacionales en favor de la equidad de género, así como varias leyes contra la violencia de género y la discriminación. Sin embargo, su traducción en la realización efectiva de los derechos es incipiente. El país aún no reglamenta ni asegura el cumplimiento de los principios constitucionales de paridad, alternancia y universalidad, sin lo cual se reduce la presencia de mujeres en espacios de representación como el Congreso. Además, se hace necesario tipificar y sancionar la violencia en razón de género en el ámbito político como una violencia específica que vulnera la igualdad de las mujeres. Segundo, la adopción de la paridad en Colombia es una de las mayores dificultades que obstaculiza el logro de la igualdad, según el IPP. La cuota electoral, fijada al 30%, no garantiza la conformación de listas electorales plurinominales bajo principios de alternancia (listas cremallera) ni universalidad (aplicación plena en toda elección a corporaciones públicas). Además, Colombia se está quedando atrás en la reglamentación de la paridad (50%), que ya han institucionalizado países como México, Argentina, Bolivia, Ecuador o Costa Rica. El tercer hallazgo del IPP se refiere a la baja representación de mujeres en cargos de liderazgo local como alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones. Actualmente hay 132 mujeres alcaldesas (12%), y sólo el 17,6% de sillas en concejos municipales están siendo ocupadas por mujeres. De cara a las elecciones de octubre próximo, el panorama no promete una significativa mejoría. La proporción de mujeres candidatas a alcaldías sólo ha variado del 13% en 2015, al 15% en 2019, y en 534 municipios este año no se inscribió ninguna mujer como aspirante a la alcaldía. Recomendamos: Mujeres y política: pajaritos en el aire La hora de la paridad en Colombia no se puede postergar. Las elecciones de octubre son una gran oportunidad para aumentar la participación de las mujeres y lograr que su talento pueda aportar a mejores decisiones públicas. La coyuntura por la transición de gobiernos territoriales debe unir al país en la defensa de un proceso de elecciones participativas, transparentes y con garantías para mujeres y hombres por igual, poniendo fin a cualquier hecho de violencia con atención especial a la que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo, la violencia política basada en género. Esperamos que este informe sobre el índice de paridad política sea una herramienta u´til para que Colombia haga realidad la democracia paritaria que es ya principio Constitucional, y para que las tomadoras y tomadores de decisiones puedan dar pasos concretos para garantizar plenamente el derecho de las mujeres a participar en la poli´tica, a ejercer su liderazgo y a alcanzar asi´ la igualdad sustantiva entre las mujeres y los hombres. La plena participación de las mujeres nos beneficia a todos y a todas y es progreso para la sociedad en su conjunto. *Ana Güezmes, Representante de ONU Mujeres. Jessica Faieta, Representante Residente del PNUD.