De manera silenciosa pero efectiva, Colombia está viviendo un proceso sin precedentes en lo que respecta a la atención integral a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, un proyecto de largo plazo de transformación de país y de reparación histórica, ni más ni menos que, en el meollo de la violencia: la tierra.

En 2021, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumplió 10 años y, como una muestra de voluntad política del Gobierno del Presidente Iván Duque, se prorrogó por 10 años más, tiempo que servirá para atender a todos aquellos que aún esperan recuperar la tierra que les pertenece. Se trata de miles de colombianos, predominantemente rurales, que durante décadas han sufrido los efectos de la violencia. Por ellos trabajamos, ya hemos logrado llegar a más del 80 % del territorio nacional con el apoyo de la Fuerza Pública y solo en los últimos cuatro años alcanzamos 220 veredas y corregimientos nunca antes intervenidos.

La restitución de tierras todavía es una realidad incómoda para muchos actores, sobre todo ilegales. Han intentado atemorizarnos, pero no cesaremos en el empeño de devolver la tierra a quienes la perdieron de manera injusta. Las víctimas, con su fuerza y su profunda convicción de lo que significa una vida digna y justa que se sostiene y arraiga en un territorio, nos han dado el aliento para seguir adelante. Desde la Unidad de Restitución de Tierras las hemos acompañado en ese camino difícil de recuperar la tierra que cultivaron y pisaron en el pasado y que, por cuenta de una guerra inmisericorde, tuvieron que abandonar.

Recuperar la tierra es recuperar la confianza en el Estado, es sembrar de esperanza nuevos territorios con viejos y renovados afectos. En esta administración nos hemos comprometido incluso con muchos vientos en contra que decían que este Gobierno no cumpliría. Pero esto es mandatorio, es una ley. Y se está cumpliendo. Hemos transformado miles de vidas con convicción. Cada restituido, cada familia o persona que ha recuperado su tierra es una historia de éxito, no una estadística.

En la última década, gracias al trabajo realizado con los jueces se han fallado 7.000 sentencias de restitución, que han beneficiado más de 50.000 campesinos que hoy quieren ser reconocidos de otra manera, muchos de ellos como emprendedores. Hablamos de 5.640 proyectos productivos implementados y cerca 2.500 acuerdos de comercialización logrados en esta administración que apostó por la sostenibilidad económica de las familias beneficiarias, colombianos que le aportan a la transformación de los territorios.

Hagamos de este 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una oportunidad para decirle al país que cada hectárea devuelta a sus legítimos dueños, con los recursos suficientes para poner a producir de nuevo la tierra, es la garantía de una paz fértil y duradera.

Sea esta la oportunidad para comprometer a futuras administraciones a construir sobre lo ya construido. Por las víctimas. El legado del Gobierno actual es la organizada y sistemática implementación de estrategias de articulación Nación-Territorio a través de la política de Paz con Legalidad. El éxito del proceso de restitución se mantendrá en la medida en que el Estado mantenga sinergias a través de sus instituciones, encaminadas a que el desarrollo rural sea una realidad como ocurre hoy con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.

Ese seguirá siendo uno de los mayores retos de esta política, que hace parte del proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz, un componente esencial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Restan 4 meses de esta esta administración y hasta el último día trabajaremos por los campesinos despojados de Colombia. No importa el tamaño de la tarea, cada día más compleja. Seguiremos actuando con decisión para seguir llevando la mejor noticia a una familia beneficiaria de restitución: ¡un juez falló a su favor, podrá regresar a su tierra! ¡Ya nadie la sacará de ella!