Dos testimonios de la generala Laura Richardson, comandante del Comando Sur, no muestran que no hay cambio alguno en Colombia. Hace diez meses opinó que “es el principal aliado de Estados Unidos de la región, en seguridad” y “espera que la cooperación entre las naciones siga fortaleciéndose”.

Después, en marzo de 2023, anunció: “Nuestra relación con Colombia es muy, muy fuerte y sigue siéndolo. No hemos cancelado nada. Continúa toda la cooperación y esa relación no puede ser más fuerte de lo que hoy es”, “está mejor que nunca” (Infobae, 24/3/23).

Esos fuertes lazos se confirman con la realización desde el 12 de julio de la Operación Unitas, con Colombia como anfitrión, bajo el mando de la armada norteamericana, con 20 países, 25 aeronaves de ala fija, 26 embarcaciones, tres submarinos y 7.000 marinos. “Mucho más que un ejercicio de dos semanas”, dijo Jim Aiken, comandante naval del Comando Sur. (Infodefensa.com 14/7/23).

La seguridad continental se liga a los intereses de la Superpotencia. La generala Richardson lo explicitó en el Atlantic Council, centro de pensamiento cercano a la Otan: “¿El denominador común del inventario? Los ricos recursos y elementos de tierras raras”, “60 por ciento del litio del mundo (que) se encuentra en ese triángulo”, “necesario hoy en día para la tecnología” (Bolivia, Argentina y Chile).

Continuó: “La concentración de las reservas de petróleo más grandes”, “crudo ligero y dulce descubierto frente a Guyana”, “los recursos de Venezuela también, con petróleo, cobre, oro” y con la mira puesta en el Amazonas como “pulmones del mundo” y “el 31 % del agua dulce”. Concluyó: falta “mucho por hacer” y “tenemos que empezar nuestro juego”. Es el negocio, socio.

El juego se inició en el Amazonas con la “donación” de 12 helicópteros Black Hawk, que estaban en Afganistán, a la Policía colombiana para “apoyar la protección de la Amazonia y los bosques”, justificada en “cooperación militar” para “la mitigación del cambio climático”, “objetivo que Petro y Biden comparten”. (Voz de América, 16/9/22).

Estados Unidos también interviene en el Pacífico. Sigue la construcción de la instalación de control militar de aguas marítimas y de pesca del Departamento de Estado en Gorgona. Organizaciones ciudadanas y ambientalistas denunciaron la complicidad de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y de la vicepresidenta, Francia Márquez, y presentaron una acción popular contra la licencia ambiental porque carece de estudios completos, falta participación ciudadana informada y desconoce el principio de precaución. En vano, sigue firme. A la vez que Petro coadyuva al Tío Sam en la cruzada geopolítica de contención a China en el “patio trasero”, compromete la política económica, igual a los gobiernos de hace 50 o más años, con los preceptos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El principal fue la reforma tributaria, una propuesta del Fondo en 2022. De 80 billones que recaudará hasta 2026, 20 vendrán de impuestos al consumo a decenas de productos de la canasta familiar y de tributos indirectos, como al plástico, al carbono y a la energía. Esquilma a Ecopetrol y es dura con las pymes y las clases medias, pero blanda con transnacionales y supersuperricos. De la misma impronta son: la elevación del precio de los combustibles que costará a los consumidores 70 billones de pesos más, acordada por el FMI con el Gobierno Duque (julio 2019); el apoyo de los ministros Bonilla y Ocampo a la ortodoxia monetaria en la junta del Banco de la República para alzar hasta 13,25 por ciento la tasa de interés y contener la inflación asfixiando la producción y la política cambiaria flexible, con una volatilidad tal que en pocos meses brinca de devaluación a revaluación y viceversa.

En la última supervisión del FMI, la economía de Petro fue aplaudida: “Los directores acogieron con beneplácito el fuerte ajuste fiscal en 2022 y el planificado en 2023, que van más allá de la consolidación exigida por la regla fiscal” (FMI, marzo 2023). Alumno aventajado, pagador fiable de 95 billones de servicio de deuda para 2024, que, al final, es el objeto de la regresiva política fiscal.

Mientras, en las calles, los “nadies” ven la peor cara del cambio: de julio de 2022 a julio de 2023, se subió de 9,8 millones de personas con insuficiencia alimentaria a 16,3 y sin que aparezca la publicitada “justicia tarifaria” en la energía (Banco de Alimentos).

No hay cambio sustancial. El sometimiento de Petro a la línea estratégica de Estados Unidos y el de su política económica en estos 365 días al neoliberalismo del FMI, no obstante, su verbo engañoso, lo equipara a sus antecesores. Acepta con abyección el papel asignado a Colombia, en palabras de Biden, de ser “la piedra angular del hemisferio”.