La decisión del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de cerrar los pasos fronterizos en la zona del Darién, debería despertar varias alarmas en Colombia. Una situación inédita, en tanto que no es fácil cerrar una selva, como si se tratase de una frontera terrestre común. Experiencias similares indican que no es viable. Probablemente, se termine en una situación inestable, producto de una fallida política disuasoria y simbólica, inflexible frente a promesas de campaña.

No es un tema menor y Colombia debe tomar atenta nota. La temprana implementación –con un presidente recién instalado– indica que puede y va a ser un tema relevante en la política exterior del vecino país. El cambio de una política de cooperación en el manejo de migrantes –a una política defensiva– debe despertar un plan de acción nuestro, más allá de las conversaciones y acuerdos que se adelanten desde la Cancillería.

Estamos abocados a un inminente riesgo de crisis humanitaria. La estimación de migrantes para 2023 sobrepasó cualquier registro anterior. Más de 350 mil personas atravesaron el tapón del Darién en su ruta hacia los Estados Unidos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha denunciado reiteradamente la limitada atención humanitaria que Panamá y Costa Rica brinda a los migrantes.

La política de “agilizar el paso” y desembarazarse de un problema creciente, parece que está condenada al fracaso. Claramente, esta situación no se solucionará con un acuerdo de repatriación de migrantes desde Panamá, con un aporte de unos pocos millones de dólares por parte de los Estados Unidos. Efectos disuasivos de interponer barreras parecen poco efectivos.

Es muy factible que tengamos un efecto de represamiento en el lado colombiano, con incremento de las violaciones de los derechos humanos sobre quienes atraviesan la frontera. Más del 50 % de quienes migran son venezolanos. El Gobierno de Colombia tiene que ejercer una política migratoria frente a Venezuela, que incluya el problema migratorio, además de los problemas electorales y de acuerdos de paz.

Pero también se deben desplegar acciones contundentes, desde el Gobierno de Colombia, para proveer la ayuda humanitaria necesaria para evitar las afectaciones de las personas desde el lado colombiano. Actualmente, esas acciones son absolutamente tibias y reflejan el absurdo de un país muy vocal frente a las crisis humanitarias en otros continentes, pero que olímpicamente pareciese estar ignorando la severa crisis que mantiene en su propio territorio.

Salidas como aislarse de los países de Centroamérica, especialmente con Panamá y Costa Rica, no son opciones. Es evidente que el volumen de personas que atraviesan dichos países sobrepasa las capacidades de sus servicios sociales y de salud que cubren poblaciones relativamente pequeñas.

Por tal razón, es hora de que Colombia asuma un liderazgo regional efectivo frente a la crisis migratoria del Darién. Esta podría ser la oportunidad, frente a los muy discretos resultados que el Gobierno ha obtenido, cuando pretendió establecer un empoderamiento frente a problemas ocurridos a miles de kilómetros, donde nuestra voz ha sonado muy bizarra, por decir lo menos.