La confirmación la hizo el mismo presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa: Colombia comprará gas a Venezuela en el corto plazo para suplir el déficit de reservas que afrontará el país en la próxima década. Y habrá déficit de gas por la decisión del Gobierno Petro de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación en materia de hidrocarburos.
Traer el gas de Venezuela, como lo quiere ahora Ecopetrol, no es tarea sencilla, empezando por las millonarias inversiones que tendrán que hacerse para habilitar el gasoducto Antonio Ricaurte. Este gasoducto fue construido en 2007 con el objetivo de cubrir el déficit de gas que enfrentaba entonces Venezuela por el retraso en sus inversiones. Se supone que Colombia debía enviar gas hasta 2010 y luego Venezuela debería devolverlo de forma recíproca. Pero Colombia siguió exportando gas hasta 2015, cuando se dio por terminado el acuerdo. Venezuela dijo que el suministro de Colombia era insuficiente y por eso terminaba el acuerdo, pero la realidad es que las sanciones de Estados Unidos y el rompimiento de las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Nicolás Maduro lo hicieron insostenible. Hasta hoy, Venezuela nunca pagó el gas que le envió Colombia.
Con las relaciones rotas y el gas sin pagar, el gasoducto quedó en el abandono y hoy ponerlo a funcionar vale miles de millones de pesos. Pero el Gobierno Petro tiene claro que lo hará a como dé lugar.
En abril de este año, de forma sorpresiva, la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) logró un acuerdo de reorganización empresarial con PDVSA Gas S. A. sucursal Colombia para que siguiera operando. Esta empresa se encontraba bajo control de la Supersociedades desde 2019 ante el incumplimiento en el pago de acreencias por cerca de 30.000 millones de pesos. En noviembre de 2022, ya con Petro y Maduro estrechándose las manos, la sucursal Colombia de PDVSA Gas acordó pagar este pasivo, y la Supersociedades le dio el visto bueno para que siguiera adelante.
Según el acuerdo, la deuda la asumirá el Gobierno de Maduro. Así quedó consignado en una carta enviada por el gerente de Finanzas de PDVSA, José Abad Millán, a la Supersociedades: “La Gerencia de Finanzas de PDVSA Gas S. A. certifica la disponibilidad y provisión de recursos a PDVSA Gas S. A. sucursal Colombia bajo la figura de Inversión Suplementaria al Capital Asignado (Isca) para el cumplimiento del acuerdo de reorganización empresarial (…) ante la Superintendencia de Sociedades y los acreedores, así como los recursos necesarios para garantizar su continuidad administrativa y operación en la República de Colombia”.
Pero hay más: la reorganización implica que PDVSA “realizará las inversiones necesarias para la rehabilitación y operatividad del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte tramo colombiano, las tres (3) estaciones de seccionamiento y una (1) tipo terminal, en un plazo menor a un año contados a partir de la confirmación del acuerdo de reorganización; adicionalmente, le permitirá realizar las inversiones necesarias para el restablecimiento de la operación y cumplimiento de los acuerdos binacionales en materia de hidrocarburos gaseosos”.
¿Sí pagará Venezuela la reparación del tubo del lado colombiano?
Una vez reparado el gasoducto, el próximo obstáculo que tendrá que superar Ricardo Roa es lograr la autorización de Estados Unidos para que Colombia pueda comercializar el gas con Venezuela. Hoy la petrolera venezolana está en la llamada Lista Clinton, lo que significa que nadie puede suscribir acuerdos comerciales con ella o será también sancionado.
Nadie entiende cómo logrará Colombia este permiso de Washington, más cuando el levantamiento de las sanciones a Venezuela estaba condicionado a que Nicolás Maduro garantizara elecciones libres en su país. Pero Maduro no le permitió a María Corina Machado ser candidata presidencial, tampoco a su sucesora, Corina Yoris, y ha desplegado una brutal persecución a sus opositores.
Petro ha decidido hacer de cuenta que nada pasa en Venezuela y creer que allá la democracia aflora. Por eso ha seguido adelante en su intención de que Estados Unidos le permita comprarle el gas a Venezuela, aunque allá no existan elecciones libres.
Lo que los expertos siguen sin entender es por qué Ecopetrol prefirió escoger este camino de obstáculos de importar gas de Venezuela antes que desarrollar los proyectos de gas nacional. Los estudios muestran que Colombia podría multiplicar las reservas del país con los hallazgos de yacimientos que se han hecho en el Caribe. ¿Por qué preferir importar gas antes que promover proyectos nacionales, que, además, pagan impuestos, generan empleo y producen regalías?
Muchas preguntas surgen con esta insistencia del Gobierno. ¿Está el gas venezolano en condiciones óptimas para su uso en Colombia? ¿Este gas se considerará el pago de lo que Venezuela le debe a nuestro país? ¿Qué personas o empresas resultarán beneficiadas económicamente con estos negocios?
Colombia tendrá déficit de gas muy pronto, consecuencia de las propias decisiones del Gobierno. ¿Será que el presidente Petro sí está pensando en el bienestar del país o más bien solo en darle la mano a su vecino para fortalecer su proyecto político?
Lo sabremos cuando veamos en unos años quiénes se beneficiarán (y enriquecerán) con estas nuevas apuestas del Gobierno.