Entraron pisando fuerte. No es pura coincidencia que llamaran a juicio a Álvaro Uribe preciso el Día de las Víctimas –un guiño al petrismo–, y cuando presentaban la funesta ley de perdón a los delincuentes de todo pelambre, que impulsa el presidente.

Pero la grosera politización de la Fiscalía General no se puede achacar en exclusiva a Luz Adriana Camargo, que apenas arranca. Más responsabilidad les cabe a tres de sus antecesores, EduardoMontealegre, Jorge Perdomo y Francisco Barbosa. Sin dejar de lado el descaro de Juan Manuel Santos al escoger a su ministro, Néstor Humberto Martínez, para el cargo. En la gestión del poderoso abogado, sin embargo, pesaron más los intereses de antiguos clientes que las presiones políticas.

Montealegre, brillante jurista, malgastó su gestión al vivir carcomido por sus odios de vieja data y su obsesiva y enfermiza aversión hacia Uribe. Persona de fuertes convicciones de extrema izquierda, dogmático y activista, impregnó la Fiscalía de sus sesgos y rabias.

Escogió de segundo a su amigo del alma para que siguiera idéntico derrotero, así no compartiera sus ideas radicales. Perdomo ejerció de fiel escudero, no sé si por razones personales, por decisión propia o porque Montealegre le debe conocer secretos de su paso por la Fiscalía, como aquel extraño y nunca aclarado episodio del computador robado en su apartamento.

Ambos dejaron una Fiscalía escorada a un lado del espectro social y político, y pavimentaron el camino para que les sucediera un jurista de la orilla contraria.

Barbosa comenzó de manera discreta, hablando maravillas de Montealegre. Con el paso de los años olvidó el equilibrio y la moderación, y prodigó declaraciones públicas con un lenguaje propio de un líder de la oposición y no de un fiscal general. Su actitud parcializada, unida a la presidencia de Petro, abrió la senda para que, una vez más, aterrizara en el búnker una figura del bando izquierdista y de la secta antiuribista a la que pertenece el ministro de Defensa, mentor de Camargo.

Y en esas estamos.

Llevo tiempo augurando que Álvaro Uribe ya está condenado, que nada detendrá al petrismo hasta verlo preso. Tarea para la que cuenta con solapado apoyo del santismo.

Por eso, mientras aguardan a que Mancuso, siguiendo el libreto, lo declare miembro activo de las AUC, cerebro de los falsos positivos y asesino de campesinos, ponen el foco en el proceso Uribe vs. Cepeda, que tiene tanto de turbio como de circo.

El solo hecho de que Monsalve sea el testigo estrella del senador socialista, pese a tratarse de un despiadado delincuente común disfrazado de AUC y haya recibido prebendas por sus testimonios, da idea de lo pervertido del caso.

Al culebrón del presidiario VIP de La Picota habría que sumarle el sainete de declarar víctima a una temida guerrillera. Deyanira Gómez, natural de Quipile, que fue, cuentan en su pueblo, novia de un comandante de las Farc e hija de un colaborador de dicha banda, es una enigmática ficha en todo el oscuro entramado. Para evitar que se tenga acceso a la exesposa de Monsalve y se descubra el verdadero papel que desempeña, la mandaron a un exilio dorado con la indefectible excusa de que van a matarla.

Tampoco tiene lógica que la justicia siga creyendo que el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, ONG vinculada al senador Cepeda, entregó dinero a la familia Monsalve porque eran pobres. SEMANA descubrió que el papá del secuestrador estaba vendiendo una finca cafetera en Risaralda por 500 millones. Aparte de que, según habitantes de Providencia, vereda de San José del Nus, donde vivieron los Monsalve, el confeso criminal posee una participación en una mina de oro.

No es la única paradoja. Al revelar SEMANA todo el expediente, quedó al descubierto la camaradería entre la Corte Suprema y Monsalve. Un alto tribunal serio habría tomado medidas contra la protagonista de un grotesco “interrogatorio”. Tampoco es aceptable chuzar al expresidente durante un mes y justificarlo con el embuste de que lo hicieron por error. Y encima no encontraron nada que lo incriminara.

Más repudiable aún fue la artimaña que tejió Cepeda para acusar a Álvaro Hernán Prada de una ristra de falsedades, solo para apuntalar el supuesto soborno a Monsalve.

Quedó claro, en suma, de que estamos ante un proceso irregular, político, revanchista, en el que no gana nadie, solo pierde el país.

¿Por qué el fiscal Villarreal no tomó la misma decisión cuando estaba Barbosa o Mancera? ¿Temía perder el puesto? La respuesta es obvia: si bien en el 90 por ciento de los casos los fiscales actúan con independencia, cuando están ante un imputado mediático suelen optar por dirigir sus pasos según sople el viento. Y se arrogan el derecho a desechar la ley y el debido proceso.

Por eso, si a Barbosa no le creía la mitad del país, a Camargo la mira con recelo o con abierta incredulidad la otra mitad.