Ya son muchas las columnas que he escrito sobre las estrategias del gobierno del cambio para lograr “expropiar” a los colombianos de sus tierras. Se ha recurrido a todo tipo, unas de iniciativa del gobierno y otras de comunidades queriendo aprovechar los mensajes equivocados del mismo, indicando que a todos los campesinos se les va a dar tierra, etc.

Incluso se dieron actuaciones lideradas desde la Agencia Nacional de Tierras para buscar, con argumentos jurídicos bastante cuestionados, quitarles tierras a los legítimos propietarios y poseedores, que logramos demostrar que estaban fuera de su competencia. Además, con la llamada expropiación exprés, como lo trataron de hacer en el Plan Nacional de Desarrollo, con los cuestionados artículos y los proyectos de resoluciones que reglamentaban esta figura.

Como lo he repetido en mis escritos y disertaciones en temas relacionados con la garantía de la propiedad, “sólo hay democracia, cuando hay garantía de la propiedad privada”.

Lo que nunca pensé, ni me imaginé que pudiera pasar, fue que por ciertas casualidades que vienen ocurriendo, fundamentalmente en el Magdalena Medio y claramente en los municipios pertenecientes a los departamentos de Santander y Antioquia, se venga estableciendo una estrategia de despojo de tierras. Ello, con la gravedad de posteriormente ser compradas a las víctimas de despojo o desplazamiento con dineros de todos los colombianos.

Déjenme expongo las hipótesis que con expertos en seguridad y otras disciplinas hemos venido detectando:

Retomando que, de las muchas políticas que ha iniciado el Gobierno para tener el inventario de tierras para entrega a campesinos, la que pensamos que sería la más eficaz sería la de compra directa de tierras a valor comercial (hay que reconocer que así lo están haciendo), son muchos los propietarios que ante la inseguridad y desconfianza de la falta de garantías que están generando las políticas del Gobierno, piensan que no queda otra alternativa que venderle las tierras.

Pero esto ha resultado en un total fracaso por la incompetencia de los funcionarios encargados del tema, lo que desencadenó que el mismo presidente Petro procediera a pedir la renuncia del cuestionado director de la Agencia Nacional de Tierras Gerardo Vega Medina, como lo explicó este medio en la edición de esta semana:

“Petro, visiblemente salido de tono, reclamó a sus ministros por los pobres resultados y la baja ejecución presupuestal; prácticamente todos resultaron rajados. Hasta este viernes, Jorge Iván González, director de Planeación, era el sacrificado que había trascendido. Sin embargo, también están el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, y la directora del Invías, Mercedes Gómez”.

Ahora sí, centrémonos en la hipótesis de la compra de tierras vía amenazas de despojo. Es bueno recordar un hecho público que ocurrió la última semana por unas declaraciones de las disidencias de las Farc, que tendrían implicaciones para los municipios que hacen parte de los departamentos de Santander y Antioquia, en la zona de la Magdalena Medio.

En las declaraciones aparecen siete hombres con uniformes de las Farc, armados, y su “líder” lee un comunicado: “Estamos determinados a sanear el departamento Santander y donde estén estos delincuentes que gozan de impunidad”. Establecen que su estratega será tomarse más de treinta municipios. Así lo manifestó el líder de la organización guerrillera (que hace parte de los acuerdos de la paz total) en el departamento de Santander, también en el departamento de Antioquia, y a renglón seguido se leen los municipios y regiones donde van a intervenir los delincuentes.

Las acciones las adelantarían en municipios de Santander como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Puerto Parra y Puerto Araujo en Santander, y en otras poblaciones de Antioquia: Yondó, Puerto Nare, Puerto Berrío y Puerto Triunfo.

Con estas acciones delictivas, van a buscar y, seguramente, lograr que los propietarios de las tierras las abandonen y después de que esto ocurra serán invadidas y despojadas por aliados de estas organizaciones o campesinos que serán obligados a ello.

Es bueno recordar qué es un despojo de tierras para poder entender hacia dónde va encaminada la nueva estrategia para expropiar las tierras en Colombia.

¿Qué es el despojo? Es una acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra, aprovechando el contexto y vulnerabilidad de las víctimas.

Ahora voy a explicar el porqué del titular de esta columna. Cuando uno mira los documentos oficiales del gobierno del cambio y, fundamentalmente, de la Agencia Nacional de Tierras, se establece que dentro de los departamentos y zonas donde se debe priorizar la compra de tierras están: en el departamento de Santander, Barrancabermeja, Betulia, El Carmen de Chucurí, Puerto Wilches, Bajo Río Negro, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Bajo Simacota, Puerto Parra, Cimitarra, Landázuri, El Peñón, Santa Helena del Opón y Bolívar; en el departamento de Antioquia: Yondó, Puerto Nare, Puerto Berrío y Puerto Triunfo.

Si analizan, coinciden en más del 80 % los municipios que son prioridad de intervenir por parte de las disidencias de las Farc y las prioridades del Gobierno para compra de tierras.

Ya esta historia la vivió Colombia, cuando los paramilitares y la guerrilla obligaban a los propietarios de las tierras a abandonarlas y a venderles a ellos con la famosa frase “o nos venden o les compramos a las viudas”. Lo grave es que todo apunta a que, hipotéticamente, va a ocurrir lo mismo y vamos a repetir la historia, pero ya no con dineros de la delincuencia y de los narcotraficantes, sino con los dineros de los impuestos de todos los colombianos.

Para prevenir lo anterior y evitar que esta situación se dé, se debería suspender inmediatamente la compra de tierras en esas zonas. También, exigir que las ventas se puedan realizar con previo concepto de los comités departamentales para la atención a la población desplazada —estos se deben activar en esas zonas— y de la Procuraduría General de la Nación, además de avalúos comerciales del Igac en los que se haga un histórico del comportamiento comercial de la tierra de los últimos tres años y el porqué de sus variaciones o no.

La señora ministra de Agricultura manifestó en la prensa de este fin de semana que no acepta las invasiones de tierras; tampoco debería aceptar que en zonas que se encuentran amenazadas por la guerrilla, por los paramilitares o por ambos, se lleve a cabo la compra directa de tierras.

Seguramente, la motivación de las personas podría estar viciada por las circunstancias de orden púbico de la zona, tal cual lo hemos explicado; por ello, se deben llevar a cabo todas las medidas cautelares que correspondan para la protección de la tierra y, además, los mecanismos acá indicados en caso de una venta al Gobierno o a cualquier persona natural o jurídica.

Este asunto debe ser una prioridad para la ministra y debe ser tratado con los gobernadores, alcaldes, Fuerzas Militares, Policía y jurídicamente apoyado por la Superintendencia de Notariado y Registro, el Igac y la Unidad de Restitución (en lo concerniente al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta)); de lo contario, vendrá una nueva era de despojos y desplazamientos, acompañada por la viabilidad que a ellos les dé el Estado a través de la compra directa de tierras. Es bastante preocupante.