Cosas raras con semillas de café, con la vacuna antiaftosa y arbitrariedades múltiples, conforman un escenario con mal olor.

Duberney Galvis, dirigente de la Unión de Cafeteros, profesor universitario y columnista, presentó un derecho de petición a la Dian en mayo de 2023 para que le precisara información sobre la totalidad y los orígenes de las importaciones de café durante 2022 y lo corrido de ese año.

En la respuesta llamó la atención que la subpartida 091111000, de “café sin tostar, sin descafeinar, para la siembra”, sumaba 52.800 kilos por valor CIF de 172.179 dólares. Es decir, que entraron 52,8 toneladas de semillas de café, lo que corresponde a más de un contenedor.

Esa semilla era de café robusta y venía de Brasil. Al entender que ese tipo de ingreso requiere control fitosanitario, Galvis ofició al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en julio de 2024 para indagar si, con base en sus funciones, hizo la inspección documental correspondiente.

Wilkien Ramírez, subgerente de protección fronteriza, contestó que, a pesar de que en ese lapso consolidó diez lotes de café sin tostar importado de Brasil, Vietnam, Perú, Honduras y otros orígenes, de la variedad robusta, no tenía registros estadísticos de ingreso con destino a la siembra.

¿La Dian admite la importación de semillas de café que no tuvieron vigilancia fitosanitaria del ICA? ¿Qué rumbo cogieron? ¿Se favoreció a alguien?

Hay más casos irregulares en el ICA. Dos declaraciones de gremios ganaderos, Fedegán y Demogán, ponen en conocimiento lo que sucede con la vacuna contra la fiebre aftosa. La primera, en una carta del 2 de septiembre dirigida a la ministra Carvajalino por su presidente, José Félix Lafaurie, plantea la “situación de vulnerabilidad y riesgo” para adelantar a futuro la campaña de vacunación a fin de mantener el estatus de país libre de esa enfermedad, tanto por sanidad interna como por las exigencias de los mercados externos.

¿Cuál es el motivo de esa preocupación? Los gremios se han apoyado en dos proveedores de la vacuna: una empresa mixta, Vecol, de propiedad mayoritaria del Ministerio de Agricultura, con el 70 por ciento del mercado, y otra, privada, Limor, que abastece el 30 por ciento, que desde 1998 ha elaborado 400 millones de dosis y exportado 140 a Suramérica desde 1999.

Con esa dupla se conquistó el estatus, perdido luego entre 2016 y 2019 por algunos brotes cuando el hato ganadero creció de 23 a 29 millones de cabezas por el contrabando desde Venezuela, y recuperado con base en los biológicos suministrados por Vecol y por Limor.

Desde agosto de 2023, el ICA ha expedido reportes con resultados no satisfactorios en la prueba de potencia, que es la capacidad de generar anticuerpos, de nueve lotes de la vacuna Aftolimor, aunque se han validado los demás cuatro parámetros obligatorios. Equivalen a 22,5 millones de dosis, lo que sería el 35 por ciento de las necesarias para la campaña del año 2025 y a un costo de 30.000 millones de pesos. Esto sin contar el valor que el país deja de percibir, al bloquearse también eventuales exportaciones.

No obstante, el ICA, de forma ilegal, ha omitido los protocolos que priman en estos casos. Lo anterior implica acompañamiento de los productores en las pruebas de repetición para verificar, que deben hacerse 70 días después, aunque el ICA ya se toma el doble del tiempo, y con un “tercero validador”. Ese derecho se ha negado a Limor pese a sus reiteradas solicitudes.

¿Qué consecuencias tiene la parálisis ocasionada? A que Vecol, hoy con gerente en encargo, sobre la marcha y sin condiciones factibles a corto plazo, tenga que producir el 99 por ciento o a que se tenga que importar, con mayor probabilidad de Argentina, el segmento del que se priva a Limor, a tres veces el precio de la vacuna nacional y con una erogación de decenas de millones de dólares.

Hay antecedentes de importaciones en 2003, 2006 y 2015, cuando se presentaron falencias en Vecol que al final se pararon por el aporte extra de Limor. Coincide, por decir lo menos, que las áreas del ICA que hoy impelen a tales compras externas sean las mismas que otrora también las promovieron, sin predecir que se trata de “cepas de campo” diferentes a las que se manipulan en Colombia, lo que adiciona un factor de incertidumbre.

El arbitrario proceder del ICA, cuya directora actual también está en encargo, es tal que en un blog de Demogan, orientado por Roberto Ramírez Ocampo, se lo califica de “Industricidio”. Es una catástrofe propiciada de una rama de la manufactura química. ¿Se sumará a otras tantas destrucciones de bastiones nacionales por parte del Gobierno Petro?