Una solución neoliberal a la crisis climática es pagar por contaminar. Así funciona el mercado de carbono, por el que iniciativas de mitigación que generen reducción de emisiones y remoción de gases de efecto invernadero expiden certificados, en toneladas equivalentes de dióxido de carbono, que venden a terceros contaminadores como compensación. ¡Sí!, pagan por contaminar.

Dos hechos recientes lo impulsaron en el mundo y en Colombia. El Acuerdo de París (2015) que validó “el comercio de créditos de reducción… y la participación de países, empresas y particulares”, proyectado a 343.600 millones de dólares en 2032 (https://www.gminsights.com/), y aquí la Dian, que desde 2017 acepta el pago del impuesto al carbono mediante la compra de dichos certificados. A septiembre de 2023, eran 38 por ciento del recaudo anual (Asocarbono).

Ese auge se ha acompañado de falta de transparencia y eficiencia. Así lo revelaron investigaciones de la alianza periodística de The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial, en compensaciones compradas por empresas como Disney, Salesforce, BHP, Shell, EasyJet o Gucci, muchas certificadas por la firma norteamericana Verra.

The Guardian y Corporate Accountability analizaron los 50 principales proyectos que vendieron más compensaciones de carbono en el mundo. Encontraron que 39 eran “probablemente basura” (junk, en inglés) o “sin valor, debido a una o más fallas fundamentales, que socavan los recortes de emisiones prometidos”. Otros ocho “parecen problemáticos” y tres carecen de suficiente información. El valor de los 39, 4 de los cuales están en Colombia es de 1.160 millones de dólares y 400 los “potencialmente basura”. En la COP28 se instó a corregir las anomalías, este “lavado verde”, para recuperar la confianza en el mercado de carbono.

En Colombia, el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas (Clip), Mongabay y La Silla Vacía también pusieron el dedo en la llaga. Más de una decena de artículos de Andrés Bermúdez Liévano muestran que no operan las salvaguardas sociales y ambientales, que reducen riesgos posibles y potencian beneficios, ni 33 recomendaciones de una comisión de expertos.

Varias de las fallas reveladas son: trato injusto a las comunidades por la empresa desarrolladora (Nukak, Guaviare); cálculos inflados hasta por cinco veces de posible deforestación evitada (Matavén, Vichada); pactos con un líder a espaldas de su comunidad (Cumbal, Nariño); etnias excluidas por la empresa promotora en acuerdos con otras del mismo territorio (Monochoa, Caquetá); proyectos traslapados, que vendieron dos veces lo mismo, donde compraron Delta Airlines, Petrobras y Biomax (Redd+, Dabucury y Joku Bocuro Apuro); iniciativas de un político sancionado por detrimento patrimonial (Oxigreen, Amazonas) y casos en los que promotores se funden con auditores en empresas comunes.

Tales abusos no los vieron las firmas certificadoras, un oligopolio de BioCarbon Registry CDM, Cercarbono, ColCX y Verra (CVS), con más del 85 por ciento de las validaciones. La falta de información oficial también es común para los 212 proyectos de este mercado voluntario, más de la mitad del tipo Redd+ que paga por reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) por deforestación o degradación ambiental. De un total de 98,8 millones certificados emitidos, por toda clase de iniciativas, están vendidos 56,35 millones y hay sobreoferta disponible de 42,4 (Asocarbono).

No hay claridad en lo que reciben las comunidades o los gestores de la acción climática frente al valor final de la transacción, ya que en paralelo hay un mercado de intermediarios. ¿Cómo conocerlo, por ejemplo, en los más de dos millones de compensaciones compradas por Chevron a El Quimbo e HidroSogamoso?

Es contradictorio tanto disparate en el Gobierno Petro, declarado “vanguardia” del ambientalismo, y cuando la resolución 1447 de 2018 otorga competencias al MinAmbiente para regular y supervisar este mercado; la ley de Acción Climática (2021) le dio más dientes y el Plan Nacional de Desarrollo (art. 230) le prescribe reglamentar “el sistema de contabilidad de reducción de las emisiones y remoción de GEI… fortalecer la integralidad y confiabilidad de los resultados”.

Hay más. A partir de agosto de 2022 no funciona el Registro Nacional de Reducción de Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (Renare), creado en 2015, en el que debe estar “toda persona, natural o jurídica, pública, privada o mixta que pretenda optar a pagos por resultados, o compensaciones…”. Nada de nada.

Ante ese “dejar hacer y dejar pasar”, ante tanta “manga por hombro” o “mano invisible del mercado”, vale preguntar a la ministra Muhamad, ¿actúa como Milei? ¿Es desdén por ese mercado? ¿Es desidia pura, como con los Panamericanos de Barranquilla? La oímos.