Como consecuencia de la más reciente emergencia ambiental, la Administración Distrital de Bogotá decretó medidas de contingencia que incluyen, mientras dure dicha emergencia, la extensión horaria del pico y placa para carros y motos, así como su aplicación durante los fines de semana. Según la Alcaldía esto se fundamenta en que todos debemos ser parte de la solución y que en el futuro cercano hay que abandonar por completo el uso del vehículo privado. Se equivocan. Más allá del discurso grandilocuente, es necesario aclarar que no es cierto que la mejor manera de enfrentar la actual crisis sea mediante un llamado genérico a que todos colaboremos. El problema que enfrentamos requiere aproximaciones más sofisticadas. El correcto diseño de la política pública ambiental, de forma similar a otros sectores, inicia con un diagnóstico de causas con el fin de identificar las mejores soluciones. Rara vez el resultado es que todos los involucrados aportan por igual. ¿Qué tal aplicar esa simpleza a las políticas tributarias o pensionales? Por el contrario, para el caso en cuestión, lo que debemos hacer es determinar quiénes son los principales agentes de la contaminación y actuar en consecuencia. Ese diagnóstico ya existe: el material particulado que contamina nuestro aire proviene principalmente de las industrias y de los vehículos pesados que utilizan diésel como combustible.

Esto significa que la aproximación generalista de la Administración trae consigo una negación a la ciencia disponible y al conocimiento que sus mismos técnicos tienen sobre este tema. Los vehículos de gasolina no son aportantes significativos al problema de fondo ni a las contingencias que hemos enfrentado en días recientes. La Alcaldía opta también por ignorar la valoración de costo-beneficio que debe ser parte de toda discusión de esta naturaleza. Para el caso en estudio, se generan costos enormes en la economía y competitividad de la ciudad (que no se han molestado en cuantificar) mientras que no se produce ningún beneficio sensible como resultado de la medida. Este solo resultado debería ser suficiente para descartar el pico y placa extendido para vehículos particulares como medida de contingencia para la emergencia: no sirve de nada y sí nos cuesta mucho. Finalmente, declarar la guerra al carro privado no es una actitud valerosa ni protectora del medio ambiente por parte de la Administración. Es simplemente una equivocación sin antecedentes. En ninguna ciudad importante de ningún país desarrollado existen actualmente restricciones generales al movimiento de vehículos privados. En ese sentido nos debería llamar la atención que Colombia es quizás el único país del mundo en la que esta es una práctica generalizada en sus centros urbanos. El vehículo particular ciertamente genera sus propias externalidades (incluyendo congestión, siniestralidad vial y efectos ambientales diferentes al material particulado) que debemos enfrentar. Ojalá nuestros gobernantes reten su intelecto y capacidad de ejecución para que las estrategias a implementar no se limiten a costosas prohibiciones que resuelven los síntomas, pero nunca la enfermedad. Corolario: Como parte de la discusión sobre la expansión de las restricciones en la ciudad, han empezado a circular cifras hasta ahora desconocidas (y significativamente distintas a las que veníamos utilizando quienes trabajamos en estos temas) en relación con el aporte de los vehículos privados al problema de contaminación. Según las nuevas cifras oficiales, los camperos y camionetas, sumados a los coches de pasajeros, contribuyen en más de un 20% a las emisiones de material particulado. Según el plan decenal de calidad del aire, la contribución total de estas categorías es inferior al 5%. Según varias revisiones y análisis adelantados en años posteriores a dicho plan, el valor no supera el 10%.