Nuestro gobierno ve el mundo bajo el prisma de su extremismo ideológico, lo cual explica que haya roto relaciones diplomáticas con Israel. Solo nos acompañan en esa radical postura Venezuela y Bolivia, que tal vez no sean los mejores socios posibles en esta región. No le importó que los movimientos chiitas, a los que se enfrenta Israel, hayan definido que su razón de ser es aniquilarlo; que el origen de la confrontación actual, cuyos antecedentes son antiguos y de singular complejidad, haya sido un fatídico ataque a poblaciones civiles inermes en territorio israelí; y que buena parte de los países árabes rechazan ese objetivo, tanto como los medios terroristas empleados. Egipto, Arabia Saudita, Indonesia y Turquía, entre otros, no están alineados en este doloroso conflicto. Petro —es claro— llora por un solo ojo.

Mejor habría sido unirnos a la mayoría de los integrantes de la comunidad internacional que tratan de mediar para procurar una tregua, propiciar una difícil paz negociada, y repudiar los crímenes de guerra cometidos por todas las partes.

Es importante añadir que, además, Colombia prohibió exportar carbón a Israel, una medida sumamente extraña: cuando los países quieren causar daño a un país adversario, restringen sus exportaciones, no las propias. Sin embargo, se ha optado por un absurdo juego a tres bandas: golpear a los nuestros para que, de rebote, el golpe repercuta en los otros, una innovación de talla mundial. Esta determinación nos movió a Lorena Garnica de la Espriella, una notable abogada que conozco desde su época estudiantil, y a mí, a escribir un estudio del Decreto 1047/24, que ya ha sido publicado en Ámbito Jurídico. Aquí lo resumo.

Cuando las entidades administrativas adoptan decisiones que penetran en la esfera jurídica de los particulares, están obligadas a exponer las razones de hecho y de derecho que les dan soporte. Ese es el propósito de los ‘considerandos’ que los decretos suelen contener. Cuando esos motivos son irrelevantes, o no corresponden a la verdad o la legalidad, pueden ser declarados nulos. Esa causal de invalidez se denomina ‘falsa motivación’.

Desde este ángulo surgen varias objeciones graves. Se nos dice que, según la Constitución, tenemos los colombianos obligaciones que derivan de esa condición, y que el bien común tiene precedencia sobre los derechos individuales. Sin embargo, no se presenta raciocinio alguno para demostrar que de tales premisas se puede deducir la prohibición que el decreto consagra. Luego se cita un tratado multilateral en el que se estipula que los estados pueden adoptar medidas para “proteger la moral pública”. Esa sería la premisa que permitiría afirmar que exportar carbón a Israel es contrario a ese valor fundante de la convivencia. Los culpables de esa grave falla moral serían unos empresarios que durante décadas vienen actuando dentro de la ley, una afirmación carente de sindéresis.

Asombra que se diga que el conflicto armado en el Oriente Medio “configura una amenaza contra la seguridad nacional de Colombia”. Ningún argumento se aporta para llegar a esa conclusión. Esa guerra sucede lejos de nuestro continente, quienes en ella contienden, no amenazan a nuestro país, que no está desplegando acciones militares preventivas. El Gobierno, el Congreso y la opinión pública no perciben peligros para nuestra Nación.

Por las anteriores razones, el decreto tendría que declararse nulo. Los motivos que invoca para su expedición son falsos.

Hay más, sin embargo. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados dispone que “la ruptura de relaciones diplomáticas… entre partes de un tratado… No afectará las relaciones jurídicas establecidas entre ellas”. Por este motivo, el tratado bilateral vigente desde 2020 entre Colombia e Israel se encuentra en vigor. Como el gobierno sabe que actúa por fuera de sus disposiciones, simplemente lo ignora.

Sea cual fuere la posición que se tenga sobre la prohibición de exportar carbón a Israel, es innegable que se trata de una política pública que entre todos debemos sufragar. Al transferir ese costo a unos pocos agentes económicos se viola un principio fundamental: la repartición equitativa de las cargas públicas.

La Constitución también dispone que el Estado puede intervenir en la economía, previa autorización legal. Esta es la garantía básica que requiere la actividad empresarial. Es evidente que la prohibición de vender, dentro o fuera del país, cualquier tipo de bienes cuyo comercio es legal comporta una intervención del Estado en la actividad económica. El decreto tendría que haber invocado la ley que justifica su actuación. No lo hizo porque no existe.

Ahora vayamos al autogol. El gobierno de Israel, que es un importante proveedor de equipos, repuestos y servicios de mantenimiento para nuestras fuerzas militares y policiales, podría tomar represalias, si es que no lo ha hecho ya. Quizás la elevada accidentalidad de los helicópteros de la Fuerza Aérea se explica por esa posible medida compensatoria. No es este un asunto trivial. En lo corrido del año llevamos cuatro accidentes y veinte militares muertos.

Como tampoco es insignificante la importancia del precedente. Si el gobierno goza de facultades suficientes para castigar a unos cuantos empresarios inocentes, sus trabajadores y las entidades públicas que dejan de percibir impuestos y regalías, puede hacer lo que le venga en gana: suspender, en todo o en parte, otros tratados internacionales, regular los precios de bienes de primera necesidad, establecer descuentos obligatorios en favor de ciertos tipos de consumidores, monopolizar la venta de insumos, estatizar el sistema eléctrico. Todo sin autorización del Congreso.

Este episodio de ilegalidad flagrante no es excepcional. Es claro que Petro, leal a su condición revolucionaria, quisiera alterar profundamente las instituciones y el sistema jurídico. Por eso sus decretos y resoluciones son audaces. Si pasan las instancias de validación normativa, estupendo. Si se caen, como suele suceder, se procederá a reiterar el mensaje de que las oligarquías, con la complicidad del sistema judicial, no le dejan gobernar, ¡a él que fue ungido con plenos poderes por el pueblo soberano!

Briznas poéticas. En el siglo V. escribe Boecio: “Crees que tu suerte ha cambiado, ¡pero te equivocas! Así de cambiante es la suerte, y ésa es su naturaleza. También contigo se ha a mantenido fiel a lo que hace siempre: mudar”