El pasado 31 de diciembre se conoció el informe del secretario general de las Naciones Unidad al Consejo de Seguridad, el objetivo era hacer un balance de la Misión de Verificación en Colombia y obviamente entrega de información interesante sobre la evolución del posconflicto en Colombia. Hay datos positivos y datos muy complicados. En lo positivo se destaca que el cese al fuego y la dejación de armas fueron, en términos de política, increíbles, no hay punto de comparación de otro proceso de paz con esos resultados. Un arma por combatiente, el promedio más alto a nivel mundial. En cuanto a la era Duque, se manifiesta la intensión del presidente de cumplir lo pactado y de acelerar algunos procesos que estuvieron estancados por varios meses. Por ejemplo, en el tema de reincorporación, el cual era un desastre, se ha comenzado a desentrabar la situación. Se reestableció el CNR, también en varios departamentos se han establecido las mesas departamentales de reincorporación, donde participan las gobernaciones. Igualmente se ha avanzado en la aprobación de los proyectos productivos, aunque estén pendientes varios desembolsos y la infraestructura también muestra algunas mejoras. También el gobierno aprobó mediante decreto la provisión de alimentos para los ETCR hasta el mes de agosto de 2019. En todo caso, falta aún mucho en esta materia, la provisión de tierras es el gran dolor de cabeza para los proyectos productivos. Sin embargo, el informe deja ver tres grandes problemas que se deben resolver de forma inmediata. Por un lado, la victimización y asesinato de líderes sociales, en las últimas horas fue muerto Gilberto Valencia, el primer líder social asesinado del 2019. En total, desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, se contabilizan 222 asesinatos, uno cada cuatro días. A pesar de diferentes planes, la masacre no ha parado. Por otro lado, hay una preocupación general por el posible aumento de esta victimización a medida que se acerquen las elecciones locales. Igualmente, en el informe se deja ver la preocupación por el asesinato de exguerrilleros, que se ha incrementado en los últimos meses. En segundo lugar, las Naciones Unidas hacen un llamado al gobierno nacional para proteger y ayudar a la JEP o Jurisdicción Especial para la Paz. Este es uno de los mensajes más importantes del informe, pues hace un llamado a respetar la autonomía de la justicia transicional. No hacerlo, podría significar que la CPI o Corte Penal Internacional podría intervenir en Colombia. Los ataques del cuestionado fiscal general, Néstor Humberto Martínez, así como la intención del partido de gobierno, el Centro Democrático, de modificar y entorpecer la JEP hacen mucho daño al gobierno nacional, al proceso de paz y a la imagen del país a nivel internacional. Por último, el informe llama la atención sobre el nefasto papel del Estado colombiano en el copamiento del Estado del territorio donde antes estaban las Farc. Prácticamente no hay plan para ocupar estos territorios. En lo único que se ha avanzado es en planes parciales de despliegue de tropa de las Fuerzas Militares, pero eso no es un plan serio para construir Estado. Se sabe que este proceso es de años o décadas, pero al menos se pide un plan coherente, viable y sobre todo sostenible en el tiempo, que vaya más allá del mero despliegue militar. También, en este punto se debe mencionar el proceso de restitución de tierras. Algo que el gobierno debe implementar y garantizar su desarrollo. El gobierno de Iván Duque ha comenzado a entender que debe administrar la paz y no destruirla, lamentablemente los sectores más radicales de su partido y sus bases, aún piensan que están en la oposición y no en el gobierno. Una mención especial merece Jean Arnoult, quien termina su misión en Colombia y durante dos años encabezó la Misión de Verificación. Sus aportes, experiencias en otros procesos de paz y su capacidad de mediación ayudaron mucho a la consolidación de la paz en Colombia.