En Bogotá nadie se salva de la delincuencia. A diario cientos de bandidos miserables nos quitan el sueño y la tranquilidad, pero pareciera que a las autoridades judiciales esto les diera igual. Recientemente, bandas delincuenciales autodenominadas como “El Tren de Aragua”, “Los Satanás”, entre otras organizaciones de origen venezolano, han sacado de nuevo sus garras amenazando vilmente a habitantes de zonas residenciales y comerciantes de la localidad de Kennedy.
Como concejal de Bogotá, son muchas las denuncias que me llegan a diario por parte de los habitantes de este sector. En los últimos días, recibí una estremecedora llamada de una comerciante que llamaremos Olga, para proteger su identidad, la cual en medio de llanto relataba como en los últimos 15 días no había podido salir de su casa, ni abrir su negocio y mucho menos salir con su esposo o hijos a la calle; es decir, vivir su vida con tranquilidad, dignamente, debido a que cada una de las cabezas de su familia ya tenía un precio para estos criminales.
Al comienzo, para evitar tantas intimidaciones, optaron por pagar una cuota, pero este fue aumentando progresivamente al punto de exigir un monto inalcanzable. Las amenazas se intensificaron hasta tener pleno control sobre ellos, sus llamadas, sus contactos, sus rutas y sus vidas, ya que, si no pagaban cifras entre 50 y 100 millones de pesos, simplemente los descuartizarían uno por uno.
Según Olga, cada amenaza resulta peor que la anterior. “El tono hostigante con acento venezolano es frío y cruel, te paraliza el cuerpo, Gloria. El hecho de pensar en que mañana voy a encontrar a mi hijo descuartizado y metido en una bolsa de basura a la vuelta de la esquina me deja estupefacta”, me contaba Olga con mucha angustia.
Con el paso de los días, la problemática se extendió a los comerciantes del sector de Patio Bonito, algunos decidieron hablar, otros optaron por esconderse y los demás han salido aterrorizados de la zona al no aguantar las extorsiones, amenazas que exigían cumplirse en menos de 48 horas. Al parecer ya nadie puede vivir tranquilo aquí, ni en ningún otro sector de la ciudad.
Y es que bandidos los hay en todo lado, en la calle, en los clubes más exclusivos, en los barrios más vulnerables, los de cuello blanco, el que sale a delinquir en TransMilenio, los hay incluso de distintas nacionalidades, pero... ¿qué está sucediendo con aquellos que son venezolanos y están por fuera de la ley? Son los que yo denomino como los famosos “inimputables”, aunque el término no sea del todo correcto, ya que esta figura jurídica es usada para referenciar a personas no procesadas judicialmente por problemas mentales que le impiden comprender sus actos, la realidad es que estos criminales se suman a este juego de impunidad, creando una especie de “inimputabilidad” no por razones psicológicas, sino por razones de nacionalidad, haciendo lo que se les venga en gana, ya que la ley no los puede alcanzar.
Según la información entregada por la Policía Metropolitana, en lo que va de este año se han registrado más de 100 casos de extorsión en la ciudad, enfatizando en que estamos frente a uno de los delitos con mayor criminalidad no registrada, es decir, una práctica delictiva que no se denuncia ante la utilización de violencia o amenazas que llevan a la víctima a tolerar contra su voluntad esta acción delictiva y callar, fenómeno que podría duplicar o triplicar exponencialmente esta cifra.
Ahora, esta situación está afectando de manera más drástica a las localidades de Kennedy, Bosa y Usme, y figuras como la del “Tren de Aragua”, “Los Satanás” y bandas residuales protagonizan en su mayoría estos hechos que infunden terror entre los ciudadanos de dichos sectores, especialmente los comerciantes, y ¿cómo no?, si esta banda narcocriminal venezolana se ha valido de prácticas aterradoras como el desmembramiento de cuerpos, sucesos ocurridos el año anterior con la aparición de más de 25 cadáveres en bolsas negras de basura.
Pese a que estoy en permanente comunicación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad, como es costumbre, las investigaciones avanzan a cuentagotas, ya sea por trabas institucionales o por presuntos casos de uniformados que resultan implicados en casos de corrupción por vínculos con diferentes bandas delincuenciales que operan en puntos estratégicos de la ciudad.
Esto sin contar que, en la mayoría de los casos, los capturados por estos delitos quedan en libertad, debido a la irregularidad de su permanencia en el país, sumado a que Migración Colombia no cuenta con la información suficiente sobre sus antecedentes penales, además de no existir denuncias efectivas por parte de sus víctimas por temor a represalias. Todos estos factores impiden la efectividad de las denuncias, al punto de registrarse cifras alarmantes como que, según la Secretaría de Seguridad, de cada diez venezolanos capturados en Bogotá nueve quedan libres.
Cabe mencionar que, según Migración Colombia, en los últimos meses, más de 5.000 ciudadanos venezolanos ha sido deportados, un gran porcentaje habrían cometido delitos, sin embargo, al llegar a Venezuela, quedan en libertad y la mayoría de ellos regresa a Colombia, antes por las trochas, debido a las nulas relaciones con Iván Duque, y ahora con el restablecimiento de relaciones entre Petro y Maduro, ingresan directamente por el puente Simón Bolívar.
Un serio cuestionamiento, ahora, tiene que ver con las fuertes medidas migratorias que el presidente Petro tiene que ejecutar frente a todas estas bandas que delinquen sin piedad en los dos países. Sin duda, tiene que existir una efectiva sanción, si no es en Colombia, en Venezuela. La cooperación a nivel judicial para este momento en el que hay tanta inclemencia y terror por parte de estos bandidos en Bogotá es crucial.
De igual forma, el llamado urgente a las autoridades es para que sea atendida esta situación de raíz, y estas bandas delincuenciales sean desarticuladas, y no permitan que el miedo siga apoderándose de los bogotanos.