El próximo 1° de Octubre, la Corte Internacional de Justicia proferirá su fallo sobre una demanda instaurada por Bolivia contra Chile sobre la obligación chilena de negociar sobre el acceso boliviano al Océano Pacífico. El fallo podría llegar a ser determinante en el futuro político de Evo Morales que contra viento y marea pretende continuar en el poder. El conflicto se remonta a la “Guerra del Pacífico” en 1879. Aunque cada uno tiene su propia versión sobre el origen de los hechos, lo cierto es que Bolivia tenía acceso al mar por su provincia de Antofagasta y que las diferencias sobre el cobro de unos aranceles, dieron lugar a una confrontación armada, que también arrastró al Perú.   Bolivia perdió su provincia de Antofagasta y Perú la de Tarapacá. Chile concertó con Bolivia un tratado en 1904, en el que se formalizó la pérdida del territorio boliviano y firmó otros dos con el Perú en 1883 y en 1929, que sellaron la ocupación chilena del sur del Perú.    Sabiendo Bolivia, después de la fallida pretensión de Nicaragua de la nulidad del tratado de 1928 con Colombia, que la Corte no declararía la nulidad del tratado de 1904 como ha pretendido, se limitó a solicitar al tribunal que dispusiera que Chile tiene la obligación negociar sobre la salida al mar.     Existe jurisprudencia en el sentido de que declaraciones oficiales sobre asuntos internacionales, formuladas por dignatarios de un país en ejercicio de sus funciones, comprometen al estado. No obstante, la Corte no podrá echar por la borda el tratado de 1904: sería entronizar “la ley de la selva” en el derecho internacional.    Durante siglo y medio Bolivia y Perú han lamentado amargamente la pérdida de sus territorios. La guerra fue producto de las coyunturas políticas del momento acompañadas de las voces que con “la bandera nacional empuñada”, llamaron a la intervención armada para resolver el conflicto. Sólo cuando los desoladores efectos del conflicto se empezaron a sentir, se evidenció la magnitud del desastre. Los Estados Unidos bautizaron su intervención en Panamá en 1989 con el nombre de “Causa Justa”. Noriega era el sátrapa que, envalentonado por los gritos de sus abyectos seguidores y olvidando que tenía doce poderosas bases militares norteamericanas incrustadas a pocos metros de su cuartel general, desafiaba a los Estados Unidos. Cerca 3000 panameños murieron y Noriega, cobardemente se entregó y encadenado como un reo fue trasladado a una prisión en los Estados Unidos. El sátrapa de turno ahora es Nicolás Maduro que prosigue con sus bufonadas amenazantes. Como no faltan voces que sugieren la intervención armada colectiva “humanitaria” en Venezuela, acertadamente el presidente Duque y su canciller ha dicho que nuestro país no es belicista. El dislate de una intervención, llevaría no solo al fortalecimiento de Maduro, sino a un perenne desastre para Venezuela…pero también para Colombia. Con la diferencia que nosotros no somos “ricachones”.   Bolivia y Chile después de ciento cuarenta años no han podido restañar las heridas de la guerra. Luego del fallo del 1° de Octubre posiblemente tampoco lo van a lograr. (*) Profesor de la facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.