Todo está dicho en la página web de ProColombia. La entidad estatal que, en teoría y rápidamente, debe reemplazar los 32.044 millones de dólares generados por la minería y el petróleo en 2022, el 61,4 % de las exportaciones.

En la bella página vemos a un gringo o nórdico con barba pelirroja con sus pequeños, y a su esposa pelirroja en una hamaca gigante reposando al atardecer con un bosque de fondo en alguna cordillera: puede ser Salento, el macizo central o un rincón de Cundinamarca.

Abajito vemos un fresco aguacate Haas abierto al lado de dos viñetas que destacan nuestra excelencia exportadora en ropa blindada junto con el Chocorramo, que conquista Europa mientras se vuelve paria en su tierra.

Cierra la página una nota invitando a operadores turísticos a participar en ferias y misiones turísticas, con el fondo de la piedra de Guatapé, en la cual, en una solitaria montaña sobre la represa, una solitaria gringa o nórdica contempla maravillada el amanecer.

En la no tan bucólica realidad colombiana, respecto del barbudo o la caminante solitaria de toda soledad, toca empezar a considerar el cambio del ya famoso eslogan de ProColombia de “el riesgo es que te quieras quedar” por el de “el riesgo es que no te puedas largar” o este otro de “disfruta de tu propio cerco humanitario”.

Y claro que uno de los obstáculos principales a la exportación de aguacate o banano, flores, maderas, ganado o Chocorramo es que salen rellenos de coca.

Obvio que un país que es líder exportador en ropa blindada, lo es después de cientos de miles de asesinatos sicariales impunes.

Cada país tiene sus propias problemáticas de criminalidad y su propia historia judicial y carcelaria. La nuestra muestra una completa inconsistencia y falta de continuidad en la aplicación de políticas criminales en las últimas tres décadas.

Cuando medio funcionaba la fuerza pública, con el apoyo de los gringos, retomamos el control parcial del territorio y aumentamos nuestra población carcelaria hasta 232 presos por 100.000 habitantes, previa, claro está, la declaratoria de estado inconstitucional de cosas en el sector carcelario de ¡1998!, no la de ahora, con la cual a patadas constitucionales aumentamos entre 2000 y 2011 cerca de 26.000 nuevos cupos carcelarios del orden nacional. Pero los jueces nos fallaron y, en medio de garantismos y dilaciones, no lograron altas tasas de condenas y los imputados salieron a rodos indignando a la población. Hoy bajamos a cerca de 192 intramurales por 100.000 habitantes.

Entonces, en vez de invertir en jueces, fiscales e investigadores de carrera (recordemos que la provisionalidad que define la carrera judicial), aumentamos las penas para que los pocos que finalmente condenaban quedaran más tiempo detenidos.

Las constantes en todos estos erráticos años: a pesar de ser uno de los países más peligrosos, con más crimen organizado, más inseguridad ciudadana, más depredación ambiental y campeones mundiales de la coca y la marihuana, seguimos gastando sólo 1,2 % del PIB en nuestro sistema de justicia, con menos del 10 % de esa cifra en inversión.

El presupuesto se nos va en un funcionamiento que no genera condenas en lo penal ni fallos rápidos en las demás especialidades y alimenta mal a los presos.

La más perniciosa constante es que menos del 15 % de los capturados, mayoritariamente en flagrancia, llega a ser condenado. Es la absoluta garantía de impunidad. Solo el 20 % de los homicidios se investiga y se logra condena en el 3 % de los casos.

Claro que es deseable diversificar la oferta exportadora y es por eso que hay que seguir a Bukele: ¡porque invierte en justicia y seguridad!

Llevamos décadas con 11,6 jueces por cien mil habitantes, pero el sistema colapsa en el número de entradas, prioriza la desbordada tutela, lo que a su vez genera más entradas y vive en congestión. Con la congestión e impunidad debemos doblar el indicador de jueces por habitante con énfasis en lo penal. Decidir rápido las imputaciones y reducir la sobrepoblación carcelaria que, dicho sea de paso, es un problema menor: tenemos una de las menores sobrepoblaciones del hemisferio.

Aumentar la vigilancia policial en un tercio pasando de 222 policías a 300 por 100.000 habitantes, un reto mayúsculo en la triste actualidad de maltrato, desprotección y abuso contra nuestra fuerza policial.

Pasar de 170 cupos carcelarios a 250 por 100.000 habitantes y reformar 35.000 cupos de cárceles vetustas en operación desde antes de 1998. Con ello, ni nos acercamos a los estándares de Brasil, Salvador o Estados Unidos, pero podemos combinar inversiones.

Indispensable duplicar nuestros técnicos judiciales, prioritariamente en vida, para investigar al menos la mitad de los 35 homicidios diarios promedio dentro de las 48 horas de ocurrencia, sobre todo en las zonas de mayor incidencia: El Catatumbo, el Bajo Cauca Antioqueño, Arauca, Putumayo, el Andén del Pacífico desde Nariño hasta el Chocó, la Costa y la Amazonía: ¡donde más votaron a Petro!

Petro lo que debe hacer urgente es seguir a Bukele.