Cabal la defensora de los “terceros de buena fe”

Al leer la investigación ‘Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada‘ del medio Cuestión Pública que revela el patrimonio e intereses privados de los congresistas en Colombia, llaman la atención varios casos que permiten entender sus actuaciones y, sobre todo, a quiénes protegen una vez llegan al Congreso. María Fernanda Cabal no solo es famosa por sus salidas en falso y poco sustentadas. También, se le conoce como una de las defensoras de los llamados “terceros de buena fe”, es decir, una serie de civiles, ya sean empresarios, políticos o particulares en general que se quedaron con la tierra despojada y abandonada por decenas de miles de familias que se vieron obligadas a desplazarse producto del conflicto armado. Lo que dicen es que ellos no sabían que la tierra estaba manchada de sangre y, por ende, son inocentes. Incluso, aunque el uribismo acusa a la JEP de traer impunidad, lo cierto es que el uribismo promovió, junto al partido Cambio Radical, la propuesta de que la JEP no pudiera juzgar estos terceros, pues en el fondo, saben que la JEP traerá mucha justicia, y estos terceros, literalmente, están muertos del pánico. A su vez, algunos de ellos fondean a políticos del Centro Democrático. La investigación de Cuestión Pública es reveladora. Hay, entre otras cosas, tres que valen la pena mencionar. Una es lo que la investigación denomina “Negocios De Familia” en Riopaila Castilla S.A, “donde han estado familiares de Cabal. [La empresa] ha estado inmersa en presuntos negocios irregulares con los baldíos de la nación en Vichada, donde adquirió y concentró más de 41.000 hectáreas de tierra. Este medio encontró evidencia de que las relaciones entre Riopaila Castilla SA y al menos dos (Agroforestal el Paraiso SAS y Agroforestal La Pradera SAS) de las 27 SAS constituidas por la empresa azucarera en 2010 bajo la asesoría del abogado Francisco Uribe Noguera de la firma Brigard & Urrutia y que luego estuvieron involucradas en la presunta acumulación de tierras en Vichada, continuó cuando la senadora Cabal ya era accionista de Inversiones González Cabal y CIA S. C. A.  El único socio de las 27 empresas era el abogado Francisco José Uribe Noguera, quien el 30 de diciembre de 2011 cedió las acciones de todas las SAS a cinco compañías españolas, cuyo único dueño es Asturias Holding S. A. R. L., ubicado en Luxemburgo, según un informe de la Contraloría en 2017, que era propiedad de Riopaila. Según registros de Riopaila Castilla SA, al 17 de octubre de 2018, la empresa Inversiones González Cabal y CIA S. C. A., aparecía dentro de los principales 20 accionistas. En 2017, según la Cámara de Comercio de Cali, Cabal tenía una acción en Inversiones González Cabal y CIA S. C. A. A fecha de esta publicación no reposaba en la Cámara de Comercio de Cali, registro de que haya cedido sus acciones.” El proyecto de ley que busca beneficiar a los “terceros de buena fe” que promueve Cabal, es un verdadero canto de impunidad, es grotesco y vulgar, pero, todo tendría una explicación, no solo su esposo, José Félix Lafaurie, fue el presidente de Fedegan y tuvo contratado, como asesor, al determinador del homicidio de Jaime Garzón, y quien también fue uno de los líderes ideológicos del paramilitarismo, el señor José Miguel Narváez. Según la investigación de Cuestión Pública, también, los financiadores de Cabal serían parte de la explicación. Entre otros, “Aportes San Isidro S.A. aportó 10 millones de pesos a la campaña de Cabal al Senado en 2018. Uno de sus mayores accionistas es José Ernesto Macías Medina, empresario vinculado al caso emblemático de la reclamación de tierras por campesinos de la finca Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar, caso documentado por Verdad Abierta el 12 de diciembre de 2018 y sobre el que hay dos procesos en curso: uno de extinción de dominio en el Consejo de Estado y una investigación en curso por el delito de desplazamiento forzado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena contra alias Rapidito, paramilitar que dio la orden a los campesinos de abandonar los predios de Las Pavas”. Además, “la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), fue aportante de campaña de Cabal en 2018. El 3 febrero de 2017, el portal Verdad Abierta publicó la lista de los presuntos financiadores señalados por el paramilitar Raúl Hasbún, recopilada por la Fiscalía General de la Nación. Entre los mencionados están Jaime Henríquez Gallo, Juan Esteban Álvarez Bermúdez, José Gentil Silva Holguín, Javier Restrepo Girona y Diego Luis Mejía Restrepo. Estas personas hicieron parte de la junta directiva de Augura en junio de 2019, según un acta de la asociación que reposa en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En 2017, a través de un comunicado, Augura señaló: “Bajo la presión social y la urgencia de acciones que permitieran salir de la crisis, los empresarios bananeros nos vimos prácticamente obligados a hacer aportes a las Convivir”. Igualmente, “Según Cuentas Claras, Nataly Delgado Pinzón aportó 1.950.000 pesos a la campaña de Cabal al Senado en 2018. Es directora ejecutiva de la Fundación Colombia Ganadera (Fundagan) desde 2008, que brinda asesoría gratuita a propietarios que han adquirido de buena fe sus predios y que hoy son objeto de reclamación en cumplimiento de la ley 1448, de acuerdo con su página web”. Pareciera que la senadora beneficia a estos terceros, quienes a su vez aportan a su campaña. Lo más complicado del tema es que, no solo disfraza su búsqueda de impunidad de discursos falsos para desprestigiar a la JEP, sino que, además, no informa a sus votantes y a los ciudadanos de este claro conflicto de intereses de legislar en causa propia. Por otro lado: les dejo un audio, de hace algunas semanas, de un debate en RCN radio, en el programa de Juan Carlos Iragorri, en el cual discutí con el esposo de Cabal, el señor Lafaurie.