Ya pasada la mitad de la legislatura del presidente Petro es necesario, por un lado, hacer balance de su presidencia hasta el momento actual. Tiempo en que —como a cualquier presidente de la República— se han de valorar sus aciertos y errores, sus luces y sombras, y todas aquellas iniciativas que en los dos próximos años puede tomar por el bien de Colombia y de sus compatriotas.
Por otro lado, es normal que comiencen a aparecer algunos nombres que, con mayor o menor credibilidad y fortaleza, tienen en sus mentes la intención de presentarse como posibles candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República para el cada vez más cercano mayo de 2026. De igual modo, es entendible que muchos conciudadanos estén pensando su postulación como integrantes del Congreso de la República para las elecciones de marzo de ese mismo año.
En ese tránsito que hemos de recorrer todos juntos, quisiera hacer un llamado al gobierno para que se atempere frente a las absurdas y antidemocráticas ideas de un golpe de Estado y de las extemporáneas, graves y burdas amenazas contra la integridad de nuestro presidente, a quien le aconsejo diálogo y sosiego. También le deseo fortaleza y visión clara y objetiva, para tranquilidad del país y sus instituciones, y como mejor antídoto ante quienes —desde los mensajes del odio y la confrontación— pretenden tensionarlo y dividirlo.
Pero ese atemperamiento debe ser igualmente exigible a todos los candidatos y candidatas a esos cargos de elección popular, lo mismo que algunos medios de comunicación y personas que por sus responsabilidades públicas tienen el deber ético de contribuir a un clima político en favor del desarme de la palabra.
En ese orden de ideas y de responsabilidades compartidas, considero que un deber democrático tanto del presidente Petro como de todos los integrantes de su equipo de gobierno es rendir cuentas públicas sobre los principales logros obtenidos en sus 25 meses de gestión de gobierno. Incluyendo todo lo relacionado con la administración de los bienes públicos del Estado, los cuales son sagrados.
Pero también, es deber democrático de todos los candidatos y candidatas, tanto al Congreso como a la Presidencia de la República, informar públicamente cómo van a financiar sus campañas electorales y cuáles son sus compromisos éticos a fin de que las mismas tengan topes públicos moderados que no sobrepasen la suma de los cinco mil millones de pesos. Costos que equivalen —aproximadamente— a un millón doscientos mil dólares, y —ante todo— para que informen públicamente qué idea tienen de país y que programa real están dispuestos a cumplir, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República. Todo esto en caso de ser elegidos popularmente por la población.
Pienso que Colombia no puede seguir prisionera del remolino de los que están a favor como de los que están en contra del presidente Petro. Ambos comportamientos tienden a provocar una polarización inconveniente para la ciudadanía, la cual se siente rehén entre lo blanco y lo negro, y se ve impedida de una necesaria reflexión que le permita ejercer con la madurez que posee, pero se le hurta inmerecidamente y le impide valorar lo positivo que se viene haciendo en el Gobierno nacional. Así como la crítica sosegada ante los posibles errores que se pudieran o puedan cometer. La madurez política y la ética de gobernar pasa porque los candidatos y candidatas fomenten, precisamente, principios y valores de respeto a la ciudadanía, quien ha depositado su confianza en ellos y ellas.
Por ejemplo, un buen tema a tratar en los momentos actuales sería cómo le exigimos tanto a los gobernantes como a los candidatos —ya sean de derecha, centro o de izquierda— que nos indiquen cómo pretenden contrarrestar la corrupción, el despilfarro, la violencia, las desigualdades sociales, la contaminación ambiental; o cómo van a fomentar la educación como prioridad, la investigación, la cultura, el deporte, la salud preventiva, el agua potable, la cobertura pensional y una política pública en favor de un país de regiones. En definitiva, esos son —en mi opinión— los mínimos nortes éticos que deberían acompañar cualquier gestión de gobierno o candidaturas tanto a la Presidencia, Vicepresidencia y Congreso de la República.