La administración Petro es tan caótica y el país pasa por un momento de tal crispación que seguirle el paso a cada declaración, escándalo de corrupción, nombramiento y desmadre es prácticamente imposible. Sin embargo, hoy aparece un nuevo episodio en esta novela sobre el cual vale la pena destacar. Me explico.

La semana pasada, la procuradora Margarita Cabello anunció la apertura de una investigación contra varios exdirectivos del Invías por el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Se trata de una iniciativa que buscaba realizar actividades de mantenimiento, mejoramiento y construcción de estructuras viales y caminos ancestrales en la red vial terciaria del país. Interesante.

Aunque en el papel suena como una gran idea que sean las propias comunidades las que se encarguen de la mejora de sus vías de acceso, teniendo en cuenta su conocimiento de la zona, relación local y la búsqueda de eficiencias en el gasto, y al mismo tiempo la potencial generación de empleo local, la verdad es que, a la luz de las primeras hipótesis, esa supuesta democratización de recursos habría terminado en desvíos, contratos extraños y, lo más posible, una repartición de dineros para movimientos políticos afines al Gobierno a nivel local. No es amor al chancho, sino a los chicharrones.

De acuerdo con la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, liderada por Marcio Melgosa, durante la vigencia 2023 se evidenciaron incumplimientos a principios de publicidad, transparencia y planeación en el manejo del programa.

Según nos contó la propia procuradora, en nuestro programa digital matutino #VelezPorLaMañana, se encontraron importantes irregularidades en más de 1.030 contratos, sí, leyó bien, 1.030 contratos que suman 233.000 millones de pesos. Pero nadie dijo nada. En los medios, la noticia pasó desapercibida.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran desembolsos de recursos sin los soportes requeridos, prórrogas injustificadas y la ausencia de estudios técnicos, financieros y contables adecuados. ¿A quién y cómo se dieron los contratos? Blanco es, gallina lo pone, frito se come.

Pero eso no es todo, los primeros análisis de la Procuraduría revelan fallas en la ejecución física de las obras. Luego de revisar 121 contratos, se encontró un nivel de cumplimiento inferior al 85 por ciento. Como quien dice, se repartió la plata como en fiesta y de los resultados, poco o nada.

Para nadie es un secreto que las zonas rurales significaron para el presidente un bastión político fundamental para su elección. Es por eso que no es difícil imaginarse que ahora, con la billetera del Estado, el jefe de Estado estuviera pagando por adelantado un respaldo político inquebrantable a nombre propio o de su testaferro de poder en el futuro. La investigación de la Procuraduría nos daría una respuesta contundente al tema.

El problema es que Margarita Cabello está de salida y su reemplazo será el exsecretario general del Senado Gregorio Eljach, quien fue nominado por el propio presidente Petro. ¿Tendrá el muy popular funcionario los incentivos para actuar en contra de quien lo llevó a uno de los entes de control más poderosos del país, que tiene entre sus funciones investigar, sancionar, intervenir y prevenir irregularidades cometidas por funcionarios públicos? ¿Realmente puede actuar un procurador que formó gran parte de su vida política haciendo precisamente favores a los políticos? Permítanme no hacerme muchas ilusiones.