En las cuentas de la crisis carcelaria ya se suman 21 muertos a bala, otros cinco fallecidos por coronavirus, un número indeterminado de contagiados y al menos tres cárceles donde la pandemia se está expandiendo por entre las celdas y los pasillos, todo esto en solo 18 días. Los sinsentidos del Gobierno, su insensatez y sobre todo su indolencia frente al futuro de los 123.000 seres humanos que están detenidos, amenazan con escalar aún más la peor crisis carcelaria de nuestra historia. ¿Qué sentido tenía trasladar detenidos de una cárcel a otra en plena expansión de la pandemia? Durante la primera semana de abril, cuando todo el país llevaba dos semanas de confinamiento y no había un solo colombiano que no supiera de los riesgos de los desplazamientos y las aglomeraciones para la propagación de la covid, en el Gobierno les pareció prudente estar llevando detenidos de un lado para otro, de la cárcel de Villavicencio trastearon el virus a La Picota (la cárcel más poblada de Colombia) y en Caquetá que solo tenía un caso confirmado en todo el departamento, el Inpec les acaba de trasladar otros tantos contagiados que llegaron a Las Heliconias.   ¿Qué sentido tiene en medio de la pandemia y de la profunda crisis carcelaria, presentar un proyecto de ley de cadena perpetua? Parece un chiste pero no lo es, con semejante bomba de tiempo en las cárceles, con condiciones de hacinamiento y salubridad que están causando muertos cada semana, la prioridad del Gobierno con el Congreso fue la de impulsar una reforma legal para profundizar el problema. El viernes pasado en el Palacio de Nariño le sacaron tiempo y energía para revivir el populismo punitivo y en contra de los conceptos de los principales penalistas y criminólogos del país, radicaron el proyecto de ley para resucitar la (medieval) cadena perpetua. ¿Qué sentido tiene haber declarado el estado de emergencia carcelaria, anunciar medidas inmediatas para la excarcelación, demorarse tres semanas y al final salir con un remedo de decreto que no permite excarcelar a casi nadie? El fiscal lo llamó una excarcelación minimalista y en eso es torpe pero honesto, al final en el Gobierno dio una vuelta larga de consultas y comentarios, y en cada revisada del decreto este terminaba más y más aguado, al final las “soluciones” de emergencia solo lograran reducir entre un 2 y un 3 por ciento el hacinamiento. ¿Qué sentido tiene que el presidente nos encomendara al Sagrado Corazón de Jesus y tres días antes pidiera protección a la Virgen de Chiquinquirá para hacerle frente a la pandemia, si hasta ahora no demuestra su bondad cristiana frente a los presos? Recuerda bien a su Dios a la hora de pedir, pero se olvida que Jesucristo también fue un preso y que dejó un mandato “Acordaos de los presos, como si estuvierais preso con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo” (Hebreos 13:3). El presidente Ivan Duque tiene que afrontar muchas de las aristas que genera la pandemia, en varios sentidos ha acertado, en otros no, este será el legado y el juicio a su gestión. En materia carcelaria tiene las facultades para hacer mucho más de lo que hasta ahora ha hecho para garantizar la salud, la dignidad y la vida de miles de detenidos. Todavía está a tiempo y puede revisar el sentido de sus decisiones y ojalá ponderar mejor los costos humanos que implican mantenerse fiel a su dogma punitivo.        *** A la fecha y hora de cierre de esta columna (lunes 20 de abril, 7:00 p.m.) los guardianes del Inpec en Villavicencio no habían sido relevados ni confinados, continúan trabajando bajo condiciones de extremo riesgo para ellos, sus familias, sus vecinos y los detenidos. En el principal foco de contagio de Villavicencio, aún no cuentan con equipos de protección adecuados (los tapabocas hechizos no cuentan), ni con pruebas masivas de detección del virus, son 1780 detenidos respaldados por una enfermera jefe y una auxiliar. En los videos que han enviado los detenidos del pabellón Santander (publicados por Semana) algunos de ellos ya no piden garantías de salud, sino misericordia y el derecho a una muerte digna.