Cartagena, una de las ciudades más bellas y turísticas del país, se nos convirtió en un nodo de delincuencia. La razón es simple, ausencia de políticas de prevención han permitido que grupos delincuenciales se instalen y, con ello, se haya iniciado una guerra mafiosa en la ciudad.

Para el ente acusador, la política criminal es fundamental para determinar su acción en términos de la ruptura de los corredores regionales de criminalidad a través de la itinerancia, articulación y concentración de actividades investigativas. Esa acción es vital y nos ha permitido resolver más casos y ser eficaces en la investigación criminal. Sin embargo, esa acción investigativa es insuficiente si las administraciones locales y departamentales no ponen en ejecución programas de seguridad, educación e inclusión.

Sabemos que con esos programas se extrae de ese circuito criminal a miles de jóvenes que se reciclan en actividades delincuenciales, como se observa en diversas ciudades y regiones del país como Buenaventura, Quibdó, Tumaco, el Cauca, Putumayo, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, entre otros. Esa es la lucha que se debe adelantar para lograr una paz integral que resuelva la cotidianidad violenta de la ciudadanía.

Para este año 2022, en el departamento de Bolívar, los homicidios aumentaron 43 por ciento y en la ciudad de Cartagena pasamos de 199 a 305 homicidios, lo que representa 53 por ciento respecto del año anterior. De esos 305 homicidios, el 63 por ciento corresponde a sicariatos, es decir, a acciones que responden a vendettas o incursiones delincuenciales de un grupo contra otro. Uno de los últimos hechos sicariales se dio cuando no solo asesinaron a la víctima, sino que les dispararon a sus hijas cuando las recogía en un colegio exclusivo de la ciudad, causando la muerte de una de las menores e hiriendo a las otras dos. La Fiscalía resolvió el caso en menos de una semana, encontrando que este era parte de una vendetta de criminales en Cartagena.

El aumento desenfrenado de los delitos se debe al enfrentamiento entre dos grupos pertenecientes al Clan del Golfo, uno de ellos denominado “Clan del Golfo criollo” y el otro “Clan del Golfo puro”, ambas estructuras pelean por economías criminales determinadas por el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el sicariato. Una auténtica bomba de tiempo en una ciudad que recibe miles de turistas al año.

Zonas como Barú, Tierra Bomba, Caño de Loro, Bocachica, Punta Arena, Isla Grande e Isla del Rosario, que muy esporádicamente habían sido afectadas por el sicariato, hoy son objeto de asedio criminal. El homicidio contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú abarcó dinámicas nunca vistas: una zona segura y contra un fiscal que luchaba contra el crimen organizado en su país. Nuestra entidad logró resolver el caso en 22 días. Una respuesta judicial sin precedentes construida con base en prueba técnica.

En otras zonas de la ciudad, como las localidades 1, 2 y 3, que abarcan la zona histórica y el del Caribe norte, de la Virgen y la zona turística y la parte industrial y de la bahía, la delincuencia ha empezado a acaparar segmentos sociales.

Es cierto que la Fiscalía General no puede prevenir el crimen, pero debe investigarlo con eficacia, logrando una cierta disuasión criminal. Por esa razón, hemos volcado el aparato investigativo para lograr avances de esclarecimiento significativos en el país, incluyendo Cartagena. También hemos puesto en marcha una ruta itinerante en rincones del territorio nacional antes no atendidos por la entidad en temas como mujer rural, género, violencia intrafamiliar, violencia contra niños, niñas, adolescentes, maltrato animal, entre otros.

Con esta estrategia y la focalización de microproyectos investigativos, este año el nivel de esclarecimiento de los homicidios en Cartagena llegó al 53,77 por ciento, cuando el año anterior se encontraba en 32,7 por ciento, teniendo en consideración que aumentaron los homicidios en el año 2022. Hoy tenemos pendientes 104 órdenes de captura que nuestros fiscales han obtenido de los jueces de control de garantías y que deben hacerse efectivas rápidamente.

En síntesis, Cartagena sufre fenómenos de multicriminalidad –narcotráfico, microtráfico, extorsiones, desplazamientos, homicidios, trata de personas, entre otros–, que no pueden ser enfrentados sino con el concurso de acciones preventivas, coordinación de las policías judiciales y la acción de fiscales y jueces, que hacen grandes esfuerzos para investigar y juzgar a los responsables de los crímenes. Un grupo de intervención interagencial debe ponerse de inmediato a recuperar esa ciudad para plantear una acción de prevención social y un proyecto investigativo con elementos de justicia restaurativa que solucionarían parte del problema. Actuar en contrario sería declinar la función estatal y dejar la ciudad en manos de delincuentes. La Fiscalía está lista.