El sentimiento es encontrado, no sé si reírme o indignarme, tal vez los dos sentimientos no se contraponen ante una misma situación. Pero escuchar al uribismo convocar una manifestación contra la corrupción es realmente increíble. Durante las dos administraciones de Uribe los miembros de su círculo cercano y familiares estuvieron metidos en escándalos de narcotráfico y corrupción. Dos de sus edecanes, el general Santoyo y Buitrago, están presos por narcotráfico, de hecho, el más cercano, Mauricio Santoyo, fue extraditado a Estados Unidos por vínculos con carteles de la droga. Santoyo fue cercano a Uribe desde cuando este fue gobernador de Antioquia, en la década de los 90 del siglo pasado, fue su protegido. Todo tipo de desmanes se cometieron contra defensores de derechos humanos y población civil, esa era la época de la famosa neutralidad activa y las Convivir.Además, su cuñada Dolly Cifuentes Villa ya aceptó cargos por narcotráfico en Estados Unidos por relaciones con el cartel de Sinaloa. También, recibieron a Pedro López o alias Job, miembro de la Oficina de Envigado, en múltiples ocasiones por la puerta de atrás del palacio de Nariño. Miembros del gobierno Uribe y la Oficina de Envigado en representación de Job planearon y ejecutaron conspiraciones contra la Corte Suprema de Justicia.Pero tal vez el hecho que demostró la cercanía del gobierno Uribe con la mafia y el crimen colombiano se evidenció con el nombramiento de Jorge Noguera director del entonces DAS. Si se analiza la votación de Uribe para el año 2002 y las zonas que dominaba Jorge 40, jefe paramilitar del Bloque Norte, así como las votaciones a Congreso, queda claro que el paramilitarismo votó masivamente por Uribe. Todo parece indicar que a cambio del apoyo del Bloque Norte de las AUC, Uribe le habría nombrado a Jorge 40 una cuota en el gobierno nacional. Ni más ni menos que a Jorge Noguera, quien además había sido el jefe de campaña de la primera elección de Uribe en el departamento de Magdalena. Noguera fue condenado por el asesinato del profesor y académico Alfredo Correa de Andreis, quien junto a otras 2.500 personas fue asesinado durante el tiempo en que el gobierno de Uribe se reunía con los paramilitares en Ralito. Tiempo en el que, vale la pena recordar, regía un cese unilateral y lo que era casi un cese bilateral del fuego. Se masacraron 2.500 personas y Uribe nunca dijo nada, nunca convocó a marchar. No dijo nada cuando los paramilitares para las elecciones locales del 2003 y luego en el 2006 se aliaron con candidatos al Congreso, a alcaldías y gobernaciones. No hubo marchas, no hubo críticas. Nada de nada. La agenda de negociación con los paramilitares nunca fue pública, tampoco los acuerdos. No hubo ni el 5 % de la trasparencia que sí tuvieron las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano.Pero las administraciones de Uribe no sólo se aliaron con la mafia, sino que además utilizaron el Estado para todo tipo de corrupción institucional. Por ejemplo, hay investigaciones por más de 4.000 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Se habrían asesinado más 4.000 civiles para hacerlos pasar por guerrilleros y así inflar cifras de eficiencia militar y con ello mejorar la imagen del presidente. Esto fue una verdadera masacre. La reelección de Uribe fue comprada, es decir, fue ilegal. Las condenas a Yidis Medina y a los exministros Diego Palacios y Sabas Pretelt así lo demuestran. Agro Ingreso Seguro y el enriquecimiento de los hijos de Uribe son otros ejemplos.   Pero incluso en la actualidad, el partido de Uribe, el Centro Democrático, no ha hecho más que proteger bandidos y criminales. Por ejemplo, pelearon y se rasgaron las vestiduras para que de la JEP se excluyeran los financiadores de Grupos Armados Ilegales, todos esos empresarios rurales que despojaron tierra a campesinos y colonos. Además la senadora Nohora Tovar presentó un proyecto de ley para beneficiar a despojadores y criminales que se apoderaron de los siete millones de hectáreas arrebatadas a campesinos. El proyecto de ley 157 de 2016 en su artículo 2 decía:“Artículo 2: Los ocupantes, explotadores ancestrales, poseedores de buena fe de predios rurales, que los hayan poseído por un período de tiempo igual o mayor al de la prescripción extraordinaria, y los que derivan legítimamente sus derechos de los anteriores, tendrán derecho a obtener el reconocimiento de la propiedad sobre dichas tierras”.Y en el artículo 6 del mismo proyecto de ley se señala que se dejarían “sin efectos las resoluciones y/o actos administrativos emitidos por el Incoder denominados ‘recuperación de baldíos’ y restituye los derechos a los afectados”. Es decir, hasta los baldíos se los iban a entregar a los despojadores.En fin, corrupción, crimen, persecución a la oposición y sangre marcaron las dos administraciones de Uribe. Aun así se atreven a convocar una marcha contra la paz y la corrupción, cínicos y sinvergüenzas, deberían estar presos. Pero bueno, esto es Colombia.