El inicio de las ciclorrutas en Bogotá se gestionó durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa de 1998, en que se construyeron más de 300 kilómetros. Los gobiernos que le sucedieron siguieron tímidamente con su expansión. Antanas Mockus construyó 55 km, Lucho Garzón 40 km y Samuel Moreno 26 km. Gustavo Petro construyó solo 5 km de ciclorrutas.

Recientemente, Claudia López afirmó en un foro en Lima que cada vez que se hace un andén o una ciclorruta, se está construyendo una ciudad más inclusiva y justa, con el fin de no obstruir el desarrollo y potencial de los bogotanos. En su cuatrienio la mandataria se comprometió a pasar de 500 km de ciclorrutas a 800 km, meta que ha abordado en gran parte, no con obras nuevas, sino con la adaptación de carriles para vehículos para ese uso. En 2019, Bogotá fue clasificada en el puesto 12 de las ciudades con mejores condiciones para el uso de la bicicleta, siendo la única ciudad no europea ubicada en el ranking hecho por Copenhagenize Index.

Las ciclorrutas nacieron con la visión de hacer amable la ciudad para quienes se desplazan en bicicleta, que la población hiciera ejercicio y que hubiera una ciudad menos contaminante y más verde. Desafortunadamente, ese enfoque, en esta alcaldía, a pesar de la expansión del sistema, se ha ido perdiendo para hacer de esta infraestructura un problema.

El primer inconveniente es el de la emergencia de bandas criminales, especialmente en los sectores de Usaquén, Suba, Kennedy, Tunjuelito y Ciudad Bolívar, donde más de 10.000 ciclistas denuncian el robo de sus bicicletas anualmente y una cifra adicional no despreciable y difícil de estimar no denuncia estos delitos. Estas cifras, a pesar de venir a la baja, son impresentables para una administración que se precia de fomentar el uso de este medio de transporte. Hay en Bogotá diez veces más robos de bicicleta que hurtos domiciliarios y en muchos casos estos delitos van acompañados de lesiones al dueño de la bicicleta.

El segundo problema es que se ha vuelto peligroso circular en las ciclorrutas por la emergencia de las bicicletas motorizadas (ciclomotores) que circulan a alta velocidad poniendo en riesgo a los ciclistas. Las ciclorrutas están llenas de este tipo de vehículos que circulan a velocidades superiores a 50 kilómetros por hora, sin ningún tipo de control e infringiendo constantemente normas de tráfico al aventurarse en los andenes peatonales.

Estos ciclomotores son en realidad motos hechizas que no cuentan con los sistemas de seguridad obligatorios, tales como luces, direccionales, sistema de escape, espejos y frenos adecuados, pero que además no cuentan con la obligación de estar asegurados por daños a terceros y no están inscritas en ningún registro oficial. No pagan impuesto alguno y, siendo vehículos con características similares a las motocicletas, solo deberían circular por las vías para vehículos automotores.

Los ciclomotores contaminan con sus emisiones de motores hechizos y su ruido. Como no son producidos por fábricas con respaldo patrimonial y técnico, no hay garantía de que cumplan con la regulación ambiental y de seguridad volviendo las ciclorrutas una pesadilla en la que difícilmente un padre deja circular a sus hijos por el riesgo que implica.

La responsabilidad de la falta de control a los ciclomotores podría estar en la falta de regulación o, alternativamente, la no aplicación de esta. En el caso de Bogotá pasa lo segundo. El Ministerio de Transporte, en su resolución 160 de 2017, exige que los ciclomotores sean registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), tengan placa de identificación y circulen en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad, incluyendo luces direccionales, espejos retrovisores y pito. Así mismo, los ciclomotores deben, de acuerdo con el decreto, transitar por el centro del carril vehicular y no en andenes, ciclo vías o ciclorrutas.

A pesar de que el concejal Diego Laserna ha insistido en que la Alcaldía y la Policía de Tránsito cumplan con la regulación a nivel nacional, parece que a la alcaldía del Partido Verde poco lo importa la ecología y no ha tomado las medidas para meter este fenómeno en cintura. Los beneficiados del desaire, menosprecio por las normas y el desdén de la Alcaldía son principalmente las compañías como Rappi, Uber Eats y Didi, que no ejercen ningún control sobre sus domiciliarios, principales usuarios de este tipo de medios de transporte.

No se trata aquí de limitar el derecho al trabajo de los domiciliarios, sino de que cumplan la ley como cualquier ciudadano. No aplicar la ley exigiendo que cumplan la regulación va a tener problemas mayores a futuro, en la medida que el fenómeno se volverá cada vez menos controlable y el costo de obligar a sus usuarios a cumplir con la ley va a ser cada vez más alto.

Es hora de que la Alcaldía se ponga a gobernar y exigir el cumplimiento de la ley. Un legado tan importante como las ciclorrutas no puede ser destruido porque los mandatarios de turno no tienen el coraje, la voluntad o la capacidad de operarlo bien, bajo el riesgo que otro gran avance para la ciudad, como lo fue TransMilenio, se deteriore por culpa de administraciones que mucho comunican pero poco hacen.