“Perder es ganar un poco”, la célebre frase de Francisco Maturana, se ajusta al resultado de la consulta anticorrupción del pasado domingo. 11,6 millones es una votación muy alta, no cabe duda, pero no alcanza para camuflar que vivimos, a todas luces, una gran oportunidad perdida. Si las siete preguntas hubieran estado enfocadas a los intereses nacionales y no a la retaliación de sus autoras contra el Congreso, el triunfo habría sido arrollador.Políticamente el resultado de la consulta es coherente con los de las últimas cuatro elecciones. Indica también que las mayorías repudiaron el altísimo costo del proceso -350.000 millones de pesos- y la nulidad de las propuestas para combatir la corrupción.Pero no es hora de llorar sobre la leche derramada. Tienen que primar los intereses generales sobre los particulares. Improductivo e inútil lapidar a las promotoras en las redes sociales o abundar en críticas y reparos a sus siete preguntas. Es más sensato y provechoso sumarse al proyecto de hacer de la experiencia del domingo un referente importante para aglutinar voluntades y combatir la corrupción en serio, con mayor compromiso y voluntad que nunca.Ese es el camino que escogió el presidente Iván Duque, quien pasó por alto las impurezas y fisuras de la consulta y entendió que su proyecto de convocar un acuerdo nacional para resolver los problemas más graves y urgentes del país, le exigía respaldar sin timidez el proceso. Ser el garante de lo colectivo, como corresponde a su cargo y dignidad. Ideal complemento para sellar el logro, que haya convocado a todos los partidos y ramas del poder público, ONG, academia, a un gran proceso de diálogo y concertación sobre la corrupción.El éxito o fracaso de ese nuevo proceso depende de muchos factores. Para comenzar, que los convocados pongan de lado egos, ambiciones de poder, proyectos políticos e intereses particulares. También de la profundidad y alcance de los temas. La concertación debería partir por enmendar la plana y enfocarse en acciones de fondo, ambiciosas e inteligentes, que representen un verdadero salto adelante en la lucha contra la corrupción.Hay muchas que vienen recomendando los expertos desde hace décadas. Por ejemplo, los constantes escándalos por malos manejos en la Policía y en las FF.MM exigen crear nuevos mecanismos para garantizar transparencia en sus compras y licitaciones y crear tribunales de cuentas para los gastos reservados, un universo sin dios ni ley por en el cual se pierden o dilapidan enormes presupuestos. Hace pocos días el saliente contralor Edgardo Maya y el procurador Fernando Carrillo retomaron la idea de eliminar las contralorías regionales, cooptadas por los políticos y una de las mayores expresiones del esquema centralista clientelista que esparce la corrupción en el país. Y ni hablar de los cupos indicativos, motor de las relaciones espurias entre gobierno y Congreso. Más importante que bajarles el sueldo a los congresistas sería poner fin a los “computadores de palacio”, la “mermelada” fuente de un saqueo descarado, oneroso y constante de recursos públicos. También a la discrecionalidad de los presidentes para entregar como botín las entidades públicas a caciques políticos: Sena, ICBF, Corporaciones Autónomas Regionales, etc, etc.La falta de un documento de identidad confiable y seguro sigue siendo herramienta y ayuda fundamental para los corruptos en Colombia. El país ancló la suerte de ese vital instrumento, a un oscuro contrato suscrito por la administración de Ernesto Samper con la firma francesa Sagem. Tener un sistema confiable de identificación, con tecnología biométrica, erradicaría viejos focos de corrupción en temas vitales como el sistema de pensiones, el sisben y otros subsidios. Depuraría el sistema electoral -hay políticos que tienen colecciones de cédulas para las elecciones- y pondría fin a la compra y venta de cédulas con cualquier nombre y con cualquier foto, que facilita tanto las actividades del hampa, de las mafias y de grupos armados ilegales.Pliegos tipo y audiencias públicas tienen un efecto mínimo para depurar la contratación pública frente al impacto de la tecnología que es la mejor respuesta para resolver estructuralmente la corrupción en licitaciones y compras del Estado. Habría que consolidar avances de “Colombia compra eficiente”, para que esos procesos se realicen en línea, con fijación de precios en tiempo real, a la vista de todos y sin intermediarios.La lucha contra la corrupción exige rediseñar el sistema de salud para ponerlo a salvo de la voracidad de EPS, IPS y laboratorios farmacéuticos, tapar las venas rotas en el sistema educativo, pero sobre todo, reformar y moralizar la justicia. No se avanzará si no hay un aparato judicial eficiente, respetable, que cumpla su misión libre de intereses y de presiones. Sin cartel de la toga, ni venta de fallos, laudos y decisiones.Hizo muy bien Iván Duque en presentar un paquete de proyectos anticorrupción al Congreso, el primer día de su gestión, un mensaje nítido acerca de su compromiso con el tema. También en asumir y liderar la lucha contra la corrupción, hoy por hoy el único tema de la agenda común, capaz de unir a los colombianos. Todos los demás -la paz, la economía, la justicia, la política- polarizan y dividen.Y tuvieron suerte Claudia López y Angélica Lozano con que la consulta hubiera tenido tan alta votación, sin que ninguna pregunta hubiera superado el umbral, lo cual las libera del compromiso de defender el impacto y utilidad de sus iniciativas, que muy seguramente, bajo el peso de sus imperfecciones, no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra.