Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, sirvió de ejemplo al premio nobel de economía 2024, James Robinson, cuando escribió sobre esos “colombianos (que) aplican una moralidad generalizada o limitada, dependiendo del contexto” (‘Colombia: ¿otros cien años de soledad?’, 2013).

Lo elogió como senador proponente de la Ley de Víctimas, “uno de los asuntos más relevantes”; sin embargo, cuestionó la alianza familiar para la alcaldía de Cúcuta que su hermano Andrés selló con Ramiro Suárez, el exalcalde condenado a 27 años por “el asesinato de un asesor” en las elecciones de 2011. Narra Robinson que, “cuando Cristo fue confrontado por un periodista”, dijo: “La política local opera con una lógica diferente” (Harvard University, 20/5/2013).

En el Proyecto de Acto Legislativo 018 (PAL 018), que eleva las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP) a municipios y departamentos al 39,5 por ciento de los ingresos corrientes de la nación (ICN) en el término de 10 años, ¿cuál de las “morales” del ministro se refleja?

Se oyen voces sensatas, incluso de algunas instituciones, que advierten los graves riesgos que conlleva la iniciativa. Tal vez no interesa, pues cuenta con el aliento no solo del presidente Petro, sino de 80 senadores, encabezados por el Pacto Histórico, que lo pasaron a la Cámara para último trámite. “Los mismos con las mismas”, el “país político” que eligió al consigliere legislativo Gregorio Eljach como procurador para “derrotar la corrupción”.

Algunos insisten en los efectos negativos que causaría a la hacienda nacional. Por ejemplo, que “un aumento del 65 % en las transferencias del SGP significaría $60 billones adicionales por año, un monto superior al presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones. Esto implica que, incluso eliminando por completo la inversión del Gobierno nacional, no sería posible financiar un aumento de esta magnitud…” (Fedesarrollo, 21/10/24).

Por su parte, el fallecido economista Jorge Espitia en 2015 desarrolló un modelo que mostró que los ICN dependen de otras variables, al contrario de las tesis peregrinas de Cristo y Petro, que dicen que, con un porcentaje mayor más la reasignación de competencias, se concreta la anhelada “autonomía”.

Espitia demostró que inciden las fluctuaciones de la tasa de cambio, del precio internacional del petróleo, del PIB por habitante, del grado de apertura de la economía y de la producción industrial. No se asegura un alza constante ni de los ICN en 10 años ni del SGP, tal como acotó Andrés Pardo: “Sin considerar los ciclos económicos” (X, 29/10/24) y a sabiendas de que los precios de salud y educación han sido superiores al IPC general. Engañosas, las cuentas de la vaca lechera de Cristo.

Hay otras aristas. El trabajo titulado País raquítico, país robusto (U. Externado, 2024), de Óscar Alfonso y otros, describe que 44 por ciento de los colombianos se aglomera en 74 municipios “metropolizados”; 24,9 vive en 302 de crecimiento intermedio; 12,3, en 479 que van en declive poblacional y 18,7, en 267 con riesgo de descenso. ¿Atiende el PAL 018 esa dinámica anormal?

Édgar Revéiz plantea –para la adecuada descentralización– una política nacional de ordenamiento territorial (PNOT). Más forzosa cuando, como dice, se superponen las distintas crisis y predominan las relaciones con el “Estado como mercado”, que produjo una triple sociedad: la cooptada, un tercio; la informal, que es casi la mitad, y la criminal, que se incrementa. ¿Encara, de manera responsable, el PAL 018 a las “fuerzas de ocupación de la democracia”? ¿A corruptos, narcos y violentos?

Las reformas a las transferencias de 2001 y 2007 restaron cerca de 400 billones de pesos (de 2024) a municipios y departamentos, y las secuelas son evidentes. En 2023, solo el 86,7 por ciento, entre infantes de 6 a 10 años, fue la matrícula neta en primaria (Sineb) y la cobertura de vacunación en eventos trazadores de apenas 84,5, menos que el 93 por ciento de 2010 (OBS, Uniandes, 2024). Penoso retroceso.

¿Cuál es la garantía de que las nuevas competencias, como la prevención de desastres, los planes de alimentación escolar, la salud preventiva integral, la construcción de vías terciarias u otras más asignadas, no tendrán igual suerte? Debe iniciarse por estimar sus costos reales para evitar el colapso.

La crítica política es la más contundente. Debilitar al Gobierno central, enclenque y endeudado, eliminará su concurso para el sistema educativo nacional o para la seguridad social, el saneamiento básico, la cultura, el deporte y la ciencia o la industria y el agro.

“Sálvese quien pueda” en la Colombia atomizada, más débil aún frente a los poderes extranjeros que la recolonizan (Soberanía, 12/11/24). ¿Está la recolonización en las lógicas de Cristo y Petro? Reforma de pancarta.