La semana pasada, los colombianos nos sorprendimos al conocer las cifras del aumento en las áreas cultivadas con coca en Colombia, que crecieron un 10 % en 2023, alcanzando un total de 253,000 hectáreas, es decir, 23,000 más que en 2022. Además, la producción de cocaína incrementó un 53 %, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Estos datos son alarmantes y generan una gran preocupación, especialmente porque el incremento de este cultivo se ha registrado en regiones que el gobierno ha entregado a organizaciones criminales como parte de los preacuerdos de paz total. Se destacó que 16 de los 19 departamentos donde se cultiva coca mostraron una tendencia al alza, siendo Cauca y Nariño las áreas más afectadas. En México, la situación es igualmente grave, ya que el negocio de distribución de cocaína por parte de los carteles ha crecido debido al considerable aumento en la producción en nuestro país.
Es evidente que lo que une a mexicanos y colombianos es, lamentablemente, el flagelo que pone en jaque no solo nuestras instituciones y democracias, sino que proviene de un único enemigo: el narcotráfico. En Colombia, este fenómeno es dominado en gran medida por organizaciones guerrilleras con un fuerte componente político, mientras que, en México, por el contrario, se manifiesta a través de los cárteles del crimen organizado.
En este contexto, es esencial que México y Colombia se unan para proteger no solo a sus naciones, sino también a sus economías, que dependen, en gran medida, de las organizaciones y el negocio del narcotráfico, el cual sigue en crecimiento. Es prioritario que ambos países enfoquen sus relaciones en la lucha contra este enemigo común: el narcotráfico, y la violencia que emana de las organizaciones criminales.
Aprovechando el momento político favorable, cimentado en la relación entre el presidente de Colombia y la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien fue nombrada “camarada” por Petro, y que además es la segunda presidenta proveniente del M-19, una conexión que nunca fue desmentida por la presidenta mexicana.
Ambos países hemos padecido las consecuencias del narcotráfico, que ha provocado un aumento de la violencia, la corrupción y la inseguridad. Los carteles y los grupos guerrilleros han tenido un impacto devastador en la sociedad y la política, convirtiéndonos en “aliados” involuntarios en la lucha contra el problema del narcotráfico, que ha resultado en un grave conflicto armado en Colombia y un alarmante aumento de la violencia en México.
La incapacidad de las autoridades para actuar, exacerbada por la corrupción, ha permitido el crecimiento y la impunidad de las organizaciones criminales, haciendo que el narcotráfico se convierta en una opción atractiva para muchos.
Aunque la dependencia de la cooperación de Estados Unidos parece positiva, los resultados han sido insatisfactorios. La falta de éxito en este enfoque puede transformarse en una oportunidad para establecer una gran alianza entre México y Colombia. Esta nueva dinámica debe ser aprovechada por la fluida relación entre los actuales presidentes, permitiendo buscar formas efectivas de luchar juntos contra estas organizaciones, independientemente de la cooperación del gobierno estadounidense. El intercambio de estrategias será fundamental para abordar esta problemática común de manera eficaz.
Las nuevas medidas y estrategias que deben implementar los países para romper la relación entre la producción y la distribución del narcotráfico, cuyos únicos beneficiarios son las organizaciones criminales, deben incluir tanto enfoques tradicionales como soluciones creativas que logren resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada.
Este proceso debe comenzar con la creación e implementación conjunta de programas de desarrollo socioeconómico en comunidades vulnerables. Fomentar la generación de empleo y oportunidades educativas puede disminuir la atracción hacia el narcotráfico. Esto implica también la promoción de alternativas agrícolas sostenibles en las regiones productoras de coca y amapola.
Además, es fundamental establecer un acuerdo bilateral que involucre a las tres ramas del poder, con el objetivo de fortalecer las instituciones de justicia, la policía y el gobierno en ambos países. Este acuerdo debería incluir una legislación conjunta contra la producción y distribución liderada por las organizaciones narcotraficantes. También podría contemplar la creación de un grupo policial binacional con capacidades de investigación y tácticas efectivas para combatir el crimen, así como el fortalecimiento de los sistemas judiciales para garantizar que los delitos relacionados con las drogas se procesen de manera unificada y eficiente.
En los últimos años, se ha observado un notable incremento en las inversiones de colombianos en México y de mexicanos en Colombia, utilizando dinero proveniente del narcotráfico. Esta situación ha permitido a estas organizaciones criminales proteger sus capitales ilegales. Por ello, es crucial establecer unidades conjuntas de inteligencia financiera y llevar a cabo operaciones colaborativas para desarticular los cárteles de drogas y sus redes de apoyo financiero. Esto facilitará el seguimiento, rastreo y confiscación de activos vinculados a las actividades de producción de las guerrillas colombianas y de los cárteles mexicanos aliados en el narcotráfico.
Propuestas tan controversiales como la anunciada por el presidente Petro sobre la compra de hojas de coca por parte del gobierno representan una oportunidad. Esto podría liberar una parte significativa de los fondos actualmente destinados por la policía nacional a programas de erradicación, que han mostrado resultados limitados frente a las grandes inversiones.
Esta alternativa podría ser viable si se utiliza para la producción de abonos y fertilizantes, tal como ya se está implementando en la comunidad Masa en el departamento del Huila. De este modo, los productos resultantes de la transformación de la hoja de coca podrían servir como materia prima para fertilizantes en nuevos cultivos, como el café y el cacao, en el marco de las políticas de sustitución de cultivos. Además, estos productos agrícolas sustitutos de la coca podrían convertirse en productos de exportación hacia México y otros países, impulsados por empresas de propiedad de comunidades indígenas y campesinas que anteriormente dependían del negocio del narcotráfico.
Al establecer esta alianza contra un enemigo común y priorizar esfuerzos y recursos, se puede crear una respuesta más robusta que permita implementar una solución coordinada para abordar las complejidades del narcotráfico, beneficiando a ambos países con resultados contundentes.