El 2013 será recordado como el año en el que las instituciones se salieron de madre y sacaron al país de quicio. Tuvimos un procurador que no solo se dedicó a perseguir a los funcionarios que estuvieran cumpliendo el fallo de la Corte Constitucional que permitió el aborto en tres casos específicos, sino que le usurpó las facultades al presidente de representar al país en el exterior. Se fue a la CPI dizque en representación de las víctimas y de la sociedad a oponerse al proceso de paz. Hasta un estudiante de Derecho de primer semestre sabe que la Procuraduría no tiene esa función y que lo que está haciendo el procurador es por lo menos un exabrupto. Pero si la Procuraduría insiste en manejar las relaciones internacionales del país, la contralora quiere usurpar las facultades de la Fiscalía. La doctora Morelli decidió que la Contraloría podía ir más allá de lo que le imponía la Constitución y determinó que su institución de control tenía el poder de investigar a los magistrados de las altas cortes y a cualquier ciudadano que tuviera un contrato con el Estado.Es más, ella piensa que sus facultades le permiten investigar hasta a los periodistas que han cuestionado duramente su gestión. Su arrogancia no se queda ahí: a quien ose investigarla lo recusa. Pero si el procurador usurpa las facultades presidenciales y la contralora las del fiscal, este último no se queda atrás: cuando el fiscal Montealegre habla, usurpa las funciones del ministro de Justicia.Prácticamente se ha convertido en el dueño del tema de la Justicia transicional y viene especulando sobre sus alcances como si fuera el oráculo de Delfos; polemiza con el procurador, quien desde luego está en la orilla contraria como opositor al proceso de paz. En realidad ni a uno ni a otro le competen esas decisiones, que son solo del resorte del Ministerio de Justicia que es el encargado de la elaboración de las políticas de justicia y de la política criminal. Y en lugar de gastar tiempo en estos shows mediáticos, el fiscal Montealegre debería agilizar las investigaciones que se le están embolatando –como la del escándalo del carrusel de la contratación o la de descalabro de Saludcoop– sobre la cual hay velados señalamientos de favorecimiento por su vínculo anterior como abogado. Lo mismo deberían hacer el procurador Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli. Dedicarse a cumplir la Constitución en lugar de ver cómo la interpretan para acrecentar su poder y convertir las instituciones que dirigen en un instrumento de sus creencias, de sus caprichos, de sus venganzas o de sus intereses. Cada loro en su estaca. Si esa premisa tan sencilla se cumpliera, este país tendría unas instituciones más serias y más democráticas. Así, como vamos, los organismos de control se están convirtiendo en algo para lo que nunca fueron creados: en instrumentos que desafían el orden institucional. Por ese camino van hacia la ilegitimidad, así el poder que les da la arbitrariedad con que se comportan les impida ver su deterioro. Como propósito para 2014, los jefes de los organismos de control deberían empezar el año por lo menos con estas dos premisas en mente: menos presencia mediática y más eficacia en las investigaciones. Los organismos de control y de Justicia que están dedicados a la francachela, a la repartición de puestos y al cruce de favores burocráticos entre las altas cortes, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso deberían hacer lo mismo. Puede que ninguno de esos poderes lo alcance a percibir, pero afuera de sus salas de privilegio hay un país cada vez más indignado con sus actuaciones; que no cree merecerse una Corte Suprema de Justicia que está en la frontera del cohecho, porque postuló a Alejandro Ordoñez para su reelección como procurador a cambio de que este les nombrara a sus familiares en la Procuraduría. Para no hablar de un Consejo de Estado que también hizo lo mismo, del Consejo Superior de la Judicatura, manejado por una camarilla que solo está interesada en sus intereses personales que agranden sus bolsillos, como lo demostró el exmagistrado Villarraga, ni de un Congreso que es el aliado de todos ellos, de las altas cortes, del procurador, de la contralora por el cordón umbilical de los puestos. Los órganos de control no pueden ser instrumentos de venganzas personales ni escalones políticos. Y si no se escucha este clamor, si estas voces de indignación no les hacen cambiar o reflexionar, el camino hacia una constituyente será inevitable. Personalmente pienso que hacia allá nos dirigimos y que la necesidad de volver a barajar este país se está imponiendo por la fuerza de los hechos.