En estos días desaparecieron cien pistolas de los depósitos de la Policía. Son cien Sig Sauer nueve milímetros nuevecitas. El Fondo Rotatorio de la Policía descubrió el robo de casualidad, cuando llevaba varias armas a registrar en la DIAN. Los custodios de ellas no tienen ni idea desde cuando se perdieron, ni donde fueron a parar. Cada una de esas pistolas se vende en la calle en diez millones de pesos. Así que quienes las sustrajeron tienen en sus manos mil millones, y se deben estar muriendo de la risa con los veinte que la Policía ofrece como recompensa a quien delate al ladrón. Peor todavía parece ser lo que está ocurriendo en la Tercera Brigada del Ejército en Cali. En agosto una mujer fue detenida cuando salía de esa guarnición con varias armas cortas pegadas a su cuerpo. Armas que hacen parte de los arsenales incautados y que están bajo custodia de los militares. A eso se sumó que el CTI de la Fiscalía hizo una inspección al azar de 170 de estas armas incautadas y encontró que la mitad de ellas no aparecen. La gravedad del asunto es que se están cometiendo crímenes con revólveres y pistolas que deberían estar en esta Brigada, bajo buen recaudo. Pero la historia es todavía más escabrosa. Monseñor Darío Monsalve, arzobispo de Cali, ha denunciado el tráfico y la reventa de armas incautadas que luego de ser usadas son devueltas a los depósitos oficiales a través de falsos positivos. Quienes están sobre el tema del incremento de los homicidios en esa ciudad hablan de un macabro alquiler de armas cortas que se tasan a cien o doscientos mil pesos el día. Hasta ahora los militares no han podido explicar cómo es que las armas que están bajo su custodia, salen a cometer crímenes, y luego vuelven a su lugar, como si tuvieran piernas. Estos hechos, al parecer aislados, desafortunados y anecdóticos, se cruzan con otro dato de la realidad: el sicariato está creciendo como espuma. En solo una semana fueron abaleados en el Valle, donde casualmente las pistolas caminan solas, el secretario jurídico de la alcaldía de Jamundí, y Diego Gómez, director del canal de TV de Univalle. También en Cali se cometió una masacre de nueve personas con una de esas pistolas caminantes. Por no hablar del desangre perpetuo de Buenaventura donde este año se han cometido 145 homicidios. Cali está intentando hacer un plan de desarme pero los militares que comandan esa región tienen la cachaza de oponerse a él con el peregrino argumento de que las armas son un factor de seguridad para los ciudadanos de bien. Ignoran, sin ningún recato, el oscuro negocio que hay tras ellas. Las muertes que están causando y los riesgos que estas significan en el futuro inmediato. En los países donde ha habido procesos de paz, mientras se negociaba el armisticio, se expandía el mercado negro de armas. Sus clientes: exguerrilleros y exsoldados que terminaron robusteciendo el crimen organizado. Ahí están las maras de América Central, o las mafias emergentes de Sudáfrica e Irlanda. En todos esos países los traficantes de la violencia pusieron a circular miles de armas antes de que la comunidad internacional pusiera sus ojos en ellas.¿Está ocurriendo lo mismo en Colombia? Al parecer ni la Policía ni el Ejército tienen un control adecuado sobre las armas. Y esa es la cuota inicial para tener un posconflicto mucho más violento de lo previsto.