Triste realidad la colombiana. En los últimos veinte años, a pesar del incremento desbordado del gasto de los gobiernos desde la constitución del 91, que ha subido del 10 % al 25 % del PIB, no se ve en qué se han invertido los recursos. Además, el PIB colombiano, en dólares, se ha multiplicado por 8 en el mismo período.

La infraestructura vial claramente no da abasto. Las vías de Colombia están compuestas por 206.708 kilómetros, de los cuales 142.284 kilómetros están en la red terciaria. La cuarta parte de todas las vías terciarias está en tierra, de las cuales el 45,4 % está en mal estado y el 36,1 %, en estado regular. La inversión, en general, asciende a $ 261.000 millones, lo que equivale a solo 0,03 % del PIB, cuando el Banco Mundial recomienda no asignar menos de 0,4 % del PIB cada año en este rubro.

En cuanto a las vías principales, a pesar del salto cuántico ocurrido con las concesiones 4G, muchas de ellas se encuentran en pésimo estado como la Ruta del Sol, un verdadero paisaje lunar lleno de cráteres.

Las entradas y salidas de las ciudades son un desastre. Por ejemplo en Bogotá tanto las salidas a occidente por la calle 80 y la calle 13, como la autopista sur y la autopista al norte son verdaderos parqueaderos. ¿Cómo será que hasta pico y placa tuvo que decretar la alcaldía de Bogotá los puentes festivos porque la infraestructura no da abasto?

Ya adentrándonos en las ciudades, el pico y placa se ha vuelto una realidad creciente. De unas horas, un día a la semana, ya vamos en un pico y placa de 15 horas, 2.5 días a la semana, lo cual genera que los carros no puedan circular la mitad de los días hábiles.

Sin embargo, a pesar de estas restricciones, el parque automotor, de motos y carros, sigue creciendo debido a que no hay soluciones alternativas en transporte público. Las soluciones de transporte tipo TransMilenio no están a la altura de gran parte de la población, por su subdimensionamiento, porque, como para los demás vehículos, no se han construido puentes o deprimidos en los cruces principales para agilizar su tránsito o por la falta de seguridad del sistema, donde ocurren robos por manoseo y hasta atracos.

El problema, tanto de los sistemas de transporte público como el de las vías locales en las ciudades y el de las vías principales y terciarias, es la falta de inversión. Dejemos claro que no es que los gobiernos locales y nacionales no haya tenido plata, hoy reciben 2.5 veces más como porcentaje del PIB, que a su vez se ha multiplicado por ocho en dólares. Se trata de que, por tener otras prioridades, muchas de ellas non sanctas, los gobiernos les han negado a los ciudadanos la posibilidad de un transporte digno.

Hagamos ciertas comparaciones: el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz vale lo mismo que el mantenimiento de las vías terciarias del país; el funcionamiento del ministerio de la Igualdad, con clara subjetividad en el bienestar que le brinda al país, vale el doble de este. ¿Dónde están las prioridades de los gobiernos en el despliegue de infraestructura?

La última noticia, proveniente del ministerio de Transporte, tiene que ver con una propuesta para impedir que los automóviles particulares circulen en hora pico todos los días hábiles de la semana. Esta propuesta refleja el actuar de los gobiernos de las últimas décadas: para solventar su incapacidad de invertir en las redes viales, restringen el beneficio que los automóviles les brindan a sus ciudadanos. Se estima que alrededor de cuatro millones de automóviles están sometidos a pico y placa en Colombia, lo cual, a un precio de 50 millones por automóvil promedio, implica tener parados más de 200 billones de pesos durante las restricciones vehiculares, una enorme falla del sistema implementado por nuestros gobernantes.

La solución al problema es que la clase política no solo diga que gobierna para la gente, sino que lo haga. En vez de continuar a recaudar cada vez más impuestos e imponer cada vez más restricciones a los ciudadanos de a pie (y de a carro), el deber ser es que permitan su emancipación y sean eficientes en el uso del dinero que administran, pero no les pertenece. Es increíble el esperpento de sistema que han montado y siguen montando contra los usuarios de vehículos particulares, solo por su incapacidad de construir infraestructura y su falta de disposición a la autocrítica.