La situación en el país está profundamente dividida. Por un lado, se encuentran los aliados del actual presidente, que según las encuestas más recientes representan como máximo al 30 % de los colombianos, quienes están firmemente unidos en la defensa de un tipo de gobierno que recurre tanto a acciones legales como a otras no tan legítimas para mantener su poder a cualquier costo, siguiendo los ejemplos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde estas estrategias han permitido la permanencia de gobiernos no precisamente democráticos.
En mi columna de la semana pasada, mencioné que se busca a toda costa llegar a un supuesto acuerdo nacional que permitiría la convocatoria de una constituyente (de corte petrista). Para alcanzar este objetivo, el gobierno ha nombrado al hábil y estratégico ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien, aprovechando que la Registraduría Nacional avaló la creación del comité ‘Por las regiones, firme’ mediante la Resolución 6343 del 27 de junio de 2024, está promoviendo un referendo para consultar a los ciudadanos sobre la posibilidad de aumentar la autonomía fiscal de las regiones.
El ministro Cristo, utilizando su conocida habilidad, intenta incluir esta iniciativa en el mencionado acuerdo nacional (petrista) y ha expresado su apoyo a todos los gobernadores durante una reunión con la Federación Nacional de Departamentos (FND), quienes avalan el referendo. Asimismo, no descarta la posibilidad de establecer una asamblea nacional constituyente como parte de esta estrategia.
Sin embargo, el presidente Petro, al ser cuestionado sobre el referendo, expresó una opinión contraria a la de su ministro y a los deseos de muchos gobernadores: “Este referendo propuesto solo generaría más pobreza en la mayoría de los departamentos de Colombia. Concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede cometer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría”.
El presidente Petro es consciente de que, en octubre, tanto el líder del referendo, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón, como muchos otros profesionales de la oposición, que desde las elecciones de octubre representan la mayoría de los colombianos, están abiertamente en contra de su gobierno. Por esta razón, el ministro Cristo apoya el referendo, esperando que la oposición recoja las firmas necesarias para su realización. No obstante, es evidente que la oposición ya no tiene la capacidad de conseguir esas firmas, dado que el 70 % de los colombianos se opone al gobierno y es improbable que logren avanzar con su proceso constituyente.
Estoy convencido de que todo esto es una estrategia del gobierno para, a través del referendo liderado por la oposición, incluir indirectamente sus propuestas en el acuerdo nacional (petrista), tal como lo mencionó el mismo ministro del Interior ante los gobernadores. De esta manera, el referendo se convertiría en el camino hacia la tan mencionada asamblea constituyente (petrista).
Es crucial entender que el referendo aprobado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, presentado por el gobernador de Antioquia y otros líderes bajo el nombre “Por las regiones firmes”, busca otorgar autonomía fiscal a los departamentos. Esta es la razón por la cual se recogerán firmas y, una vez validadas, se llevará la iniciativa al Congreso. Sin embargo, es importante recordar que, de acuerdo al artículo 378 de la Constitución Nacional, el texto original del referendo puede ser modificado durante el trámite legislativo en el Congreso, permitiendo a los parlamentarios hacer ajustes antes de su aprobación final.
Es en este punto donde el gobierno, utilizando sus ya conocidas estrategias, intentará modificar el texto del referendo con el apoyo de sus bancadas en el Congreso. Así, podrán adaptar el contenido del referendo a los temas que el presidente Petro y su ministro Cristo consideran prioritarios, utilizando sus aliados en el Congreso para lograrlo.
Argumentarán que el Congreso representa a todos los colombianos y que el nuevo texto es el resultado de un gran acuerdo nacional (petrista). Además, según el principio de unidad de materia, los cambios o ajustes deben estar directamente relacionados y ser coherentes con el tema original del referendo. Aplicando este principio, es probable que incluyan tres temas que el presidente ya ha señalado como prioridades en su cuenta de X, los cuales coinciden claramente con la autonomía regional y fiscal.
Nuevo ordenamiento territorial: La introducción de un nuevo ordenamiento territorial en Colombia puede tener efectos significativos sobre la autonomía fiscal. La redistribución de recursos, como consecuencia del cambio en la estructura territorial, implica ajustes en la distribución de recursos fiscales. Esto es precisamente lo que busca el referendo, proponiendo un nuevo esquema de autonomía fiscal mediante transferencias fiscales y distribución de ingresos. Además, se debe incluir la capacidad de recaudar nuevos impuestos para garantizar la verdadera autonomía de las regiones.
Desarrollo económico y social de los territorios excluidos: Este punto también se enmarca en la unidad de materia del referendo y seguramente será incluido por los aliados del gobierno en el Congreso, ya que es un tema prioritario dentro del acuerdo de paz total. La autonomía fiscal para territorios excluidos y con bajos ingresos económicos es esencial. Para promoverla, es fundamental fortalecer sus capacidades de gestión y recaudo, así como asegurar un sistema de transferencias equilibrado y justo. Esto implica la reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema General de Regalías (SGR) para garantizar una distribución equitativa y eficiente, lo cual sería un triunfo político en las áreas donde el gobierno tiene mayor influencia.
Reforma agraria: La implementación de una reforma agraria está estrechamente ligada a la autonomía fiscal de las regiones. Esto requiere una identificación y redistribución adecuada de tierras, posible solo con un banco de tierras que mantenga un inventario actualizado. Además, es crucial la formalización de la propiedad y la implementación del catastro multipropósito en todos los territorios, asegurando que las tierras tengan títulos de propiedad claros y legales. Esto reducirá la informalidad y proporcionará seguridad jurídica, asegurando ingresos y productividad para sostener una autonomía fiscal efectiva.
La labor del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y los gestores del referendo “Por las regiones, firme” es loable. Sin embargo, deberán esperar a que termine este gobierno, ya que actualmente no tienen la fuerza para un acuerdo nacional ni para una constituyente eminentemente petrista. Es probable que el gobierno intente aprovecharse del liderazgo de estos líderes regionales para utilizar el referendo y lograr objetivos que los colombianos no apoyarían.