Gustavo Petro es el primer presidente de Colombia electo producto de la distorsión de las redes sociales. Es, por la manera en que obtuvo su victoria, el Trump colombiano. Me explico.

El muy citado libro Manufacturing Consent, de Noam Chomsky, escrito en los ochenta, argumenta que los medios de comunicación de Estados Unidos son una institución efectiva y poderosa que adelantalas funciones de propaganda a través de las fuerzas de mercado, supuestos internalizados y censura. En otras palabras, que por medio de una serie de métodos, la prensa busca imponer maneras de pensar, actuar y, eventualmente, elegir. 

La evidencia reciente nos lleva a entender que una versión moderna y más perversa de lo que expone Chomsky ocurre en Colombia y se manifestó de una manera contundente durante la campaña que desembocó en la elección de Gustavo Petro como presidente. Separar su llegada al poder de un trabajo de influencia constante de un segmento de los medios en su favor es un grave error.

Pero el mecanismo de influencia colombiano tiene un desarrollo más parecido al que impera en Estados Unidos que al que analizaba Chomsky. La gran diferencia radica en el mecanismo de presión que generan las redes sociales en los medios de comunicación y, por ende, en la opinión pública, en la que nada está al albedrío y todo es una dinámica calculada.

Todo empieza a través de una denuncia que emana de la declaración de un político interesado, un personaje reconocido, como un abogado penalista o una organización sin ánimo de lucro. También puede ser una mal llamada “investigación periodística”. Luego, esa denuncia, muchas veces infundada, con componentes reales, pero conclusiones manipuladas, es amplificada en redes sociales y vuelta tendencia. Posteriormente, esa indignación se vuelve viral en las redes y luego es nuevamente recogida por medios tradicionales que se suman a la hoguera pública, multiplicándola con reacciones, opiniones y más “investigaciones”.

El instante de la inclusión de estas denuncias parcializadas en los medios merece una observación adicional. Denuncias como las de Mark Taibi, el periodista que está revelando los archivos secretos de Twitter, muestran cómo los rusos fueron esenciales en la divulgación de narrativas para favorecer políticos. En sus cables desclasificados hablan de cómo esto funcionó en Estados Unidos para favorecer a Trump y en Colombia para beneficiar al ahora presidente Petro.

En las redacciones de hoy, desafortunadamente, pesa más el clic que el juicio editorial. Los equipos digitales están constantemente monitoreando “tendencias” para crear contenidos y constantemente los están alimentando y exprimiendo para crear notas o links. Es por eso que, una vez un tema se empieza a perfilar en las redes, dejando un rastro de potencial viralidad, es fácil ver cómo rápidamente las más importantes publicaciones del país hacen una nota y la ponen de primero en su portal.

En la campaña presidencial de Petro, las dinámicas de contaminación editorial fueron tan repetidas como sistemáticas. 

El trabajo de destrucción de los potenciales enemigos políticos del actual mandatario empezó mucho antes de la campaña formal y se materializó en una manguala de denuncias de senadores de la oposición, mociones de censura, notas de opinión en revistas, declaraciones de ONG, caricaturas de humoristas indignados y tendencias de comunicadores de opiniones contundentes, pero análisis superficiales. Todo, adornado con “investigaciones exclusivas” que más fueron exposición de una sola parte de la verdad y nunca un trabajo concluyente del hecho en cuestión. Dejo de lado la vergonzosa entrega de premios de periodismo que terminaron validando mandados y dogmas de quienes querían destruir todo lo que no fuera progresismo o se negara a elegir a Petro. Las cosas como son. 

En la estrategia, que algunos llamarían guanumenista, cayeron, entre otros, Fico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Sergio Fajardo, Álvaro Uribe, Iván Duque y Karen Abudinen. A todos les adjudicaron delitos o escándalos que, por ahora, la justicia nunca pudo terminar de comprobar. 

Sobre el tema, la semana pasada el fiscal general de la nación, en entrevista con La FM, hizo una seria advertencia. Francisco Barbosa cuestionó la aparición de múltiples denuncias hechas por ahora funcionarios, antes activistas de oposición, sin pruebas o fundamentos. Y tiene razón. ¿Dónde están las pruebas de una violación realizada por un militar estadounidense, de la cadena de explotación sexual en el Congreso y de los escándalos de la UNP y la SAE?

Es muy importante lo que afirma el fiscal general. Las denuncias deben ser responsables y contener tiempo, modo y lugar. 

Este Gobierno llegó montado en un concierto para elegir del cual es cómplice un importante segmento de la prensa. ¿Cómo se sentirán los editores, comunicadores, redactores e incluso trinadores profesionales ahora que se dan cuenta de que este Gobierno hace las mismas cosas que los anteriores? ¿Qué pensarán ahora que es evidente que el cambio no era uno de actitud, sino de actores? 

La gente merece un periodismo que no forme parte de ese evidente concierto para elegir.