Desafortunadamente, parece que nuestros congresistas están a punto de generar una verdadera hecatombe fiscal en nuestro país. La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) que se está tramitando en el Congreso, tal como está planteada, es un despropósito para la nación.

Un nutrido grupo de exministros de Hacienda ha lanzado una clara advertencia: esta reforma podría desencadenar una crisis fiscal de magnitudes nunca antes vistas. Fedesarrollo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), el actual ministro de Hacienda y hasta una subdirectora en Planeación Nacional también han sido claros al advertir al Congreso y a la opinión pública sobre lo inconveniente de esta propuesta.

El aumento del 65 % en las transferencias del SGP, que contempla el proyecto de ley, representaría $ 60 billones adicionales por año, lo que significaría un monto superior al presupuesto de inversión actual del gobierno. Esto haría que la deuda pública supere el límite del 71 % del PIB impuesto por la regla fiscal, desatando una crisis sin precedentes.

El proyecto de ley busca aumentar las transferencias a departamentos y municipios del 23,8 % actual al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación en un período de 10 años, algo no solamente inconveniente sino también inviable.

Lejos de fortalecer la autonomía y capacidades de los entes territoriales, este proyecto mal diseñado los convertiría en rehenes de un Estado central cada vez más endeudado y con menor margen de maniobra. Porque, ¿de qué les servirá a los alcaldes y gobernadores contar con más recursos si eso implica que el Gobierno nacional tenga que recortar drásticamente la inversión en sectores clave?

Pero la cosa no queda ahí. Fedesarrollo, en su más reciente informe sobre este asunto, señala que este aumento en las transferencias provocaría un deterioro progresivo del balance fiscal, haciendo que el déficit pase del 3,1 % del PIB actual al 6,4 % en 2036. Esto desencadenaría una crisis fiscal de dimensiones colosales, con la deuda pública superando el límite establecido por el CARF.

Y como si esto no fuera suficiente, las calificadoras de riesgo ya han enviado varias alertas sobre el lento ritmo de reducción del déficit fiscal y de la deuda pública en Colombia. En este contexto, agregar un problema de esta magnitud solo empeoraría la percepción de riesgo del país frente a las calificadoras y la banca internacional, lo que se traduciría en mayores tasas de interés y un menor acceso al crédito. Obviamente, también en una menor inversión.

Por como se observa el panorama, y de acuerdo a la información que me llega al momento de escribir esta columna, parecería que el proyecto de ley estaría muy cerca de aprobarse. Tendrían las mayorías. Algunos congresistas parecen haber olvidado que su responsabilidad no es solo la de satisfacer los intereses electorales de sus regiones, sino también la de velar por la estabilidad de toda la nación y de las finanzas públicas.

Estos congresistas, en lugar de jugar con fuego, deberían reconsiderar este proyecto de ley y trabajar en una reforma que realmente fortalezca la descentralización fiscal, sin poner en riesgo la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas.

Y no es que esté en contra de la descentralización. De hecho, admiro a todos aquellos que la han planteado desde hace décadas, como el exalcalde mayor de Bogotá y fundador del Centro de Pensamiento Mejor Así, Jaime Castro, más conocido como el padre de la descentralización.

Creo que es vital avanzar en el camino de la descentralización para acercar el Estado a la gente y responder mejor a sus necesidades. Pero eso debe hacerse de manera responsable, sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Necesitamos una reforma del SGP que vaya de la mano con una redistribución clara de competencias entre la Nación y las regiones, y que cuente con las fuentes de financiación sostenibles.

Esta es una conversación amplia, no hecha a las carreras, como parece están haciendo en este momento en el Congreso.

Desde ahora, los congresistas que avalen esta iniciativa, serán reconocidos por la opinión pública, muy especialmente por sus votantes, como responsables de la hecatombe de la economía nacional. Ojalá recapaciten a tiempo y antepongan el interés general al particular. Si creen que están haciendo algo positivo por las regiones, el efecto será completamente contrario.

Que luego no digan que no se les advirtió.