El Congreso, por iniciativa de 35 congresistas de todas la bancadas políticas, viene adelantando una reforma constitucional que le permitiría manejar el 20% del presupuesto de inversión de la Nación. No solo se trataría de una decisión para fortalecer al Legislativo con obvias repercusiones en sus relaciones con el Gobierno, sino que se estaría inmiscuyendo indebidamente en asuntos propios de la Administración, en una clara violación a la separación de poderes. El proyecto prevé traslados entre partidas, aumento o disminución de las mismas, creación de otras y hasta eliminación de gastos, mediante proposiciones que presenten los congresistas, quienes tendrían que hacer públicas sus gestiones, sujetas a los principios de eficiencia, transparencia, participación y equidad territorial, con lo cual no solo relativizan la planeación nacional y la unidad presupuestal, sino también la prohibición constitucional de gestionar asuntos ante las entidades públicas. El presupuesto de 2019 asciende a $259 billones, de los cuales $46,8 billones son gastos de inversión, por lo tanto, $9,3 billones serían manejados por 279 congresistas lo que equivaldría a $33,5 mil millones por cada uno. El Congreso debe fijar los gastos de la administración, así como establecer las contribuciones fiscales y parafiscales, pero cosa distinta es que ejecute los gastos en cada caso particular, para lo cual no tiene ni debe tener los conocimientos y procedimientos propios del Ejecutivo. Así las cosas, se trata de una intromisión indebida en la Administración. La gobernabilidad, esto es, las relaciones entre el Congreso y el Gobierno están determinadas por las mayorías del primero en relación con el segundo, teóricamente definidas por identidades ideológicas y programáticas. Ahora bien, en la práctica, estas relaciones se establecen por una sana representación política en el gabinete, por la participación burocrática en cargos de libre nombramiento o por una impropia incidencia en el manejo presupuestal, lo que en la opinión pública se conoce con el nombre de “mermelada”. En este caso, el Congreso estaría intentando obtener directamente una enorme porción de “mermelada” procedente del rubro mas sensible del desarrollo, la inversión. Es cierto, que nuestro régimen presidencialista por distintas razones suprimió la iniciativa de gasto del Congreso, en su momento se crearon los auxilios parlamentarios como una forma de participación en el presupuesto que degeneró en usos personales y políticos, que se podría repetir en este caso, con nefastas repercusiones para la legitimidad de las instituciones. La Constitución ha sido reformada más de 45 veces en sus 28 años de vigencia. Se ha modificado y adicionado para toda suerte de coyunturas, de manera que queda cada vez menos de su finalidad original. Con esta propuesta, el Congreso no hace nada distinto de revivir los auxilios parlamentarios de ingrata recordación que contribuyeron a la expedición de una Constitución. Por lo anterior, se debe archivar la propuesta, en su lugar conviene que Gobierno y Congreso construyan unas relaciones a partir de identidades partidistas, afinidades ideológicas, participación política en el gabinete y en la burocracia, de forma que los gastos e inversiones correspondan a políticas coordinadas, respaldadas con amplia legitimidad democrática.