“El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable”. Art. 366, Constitución Política de Colombia.

Catorce artículos de nuestra Constitución Política hacen mención al derecho fundamental a la salud, la prestación del servicio de salud, la atención de la salud y el rol de las instituciones del Estado y el gasto público para garantizar este derecho. Paradójicamente, en la ecuación de la salud, hoy en Colombia los que menos importan son el paciente y la garantía del derecho.

Una de las evidencias más dicientes de la realidad del nuestro sistema de salud y del enrarecimiento del ejercicio médico, es que quien está resolviendo los asuntos médicos son los jueces: al día se interponen más de 250 tutelas para proteger el derecho a la salud y el acceso a atención y a medicamentos. Tiene que decirnos algo del problema que enfrentamos que hayamos tenido años de más de 200.000 tutelas de personas con graves afectaciones a su calidad de vida, por ejemplo, con riesgo de perder un órgano o incluso la vida.

El uso de la tutela como mecanismo preferente y sumario para la protección de los derechos fundamentales, para lograr, por ejemplo, una autorización de prestación de un servicio o la programación de una intervención, va en contravía de la lógica del ejercicio y la autonomía médica, al regirse por un intermediario administrativo, que toma decisiones sobre la salud de las personas, que deberían concernir exclusivamente al médico tratante.

Esta realidad es una de las tantas que son indicadores de la inminente necesidad de cambio del régimen de salud y nos lleva, además, a una premisa mínima en un Estado social de derecho: en Colombia, nunca más, por razones financieras, se debe vulnerar el derecho a la salud de las personas.

Esto conlleva importantes retos, uno de ellos, y tal vez el más desafiante, es construir la transición del modelo que lleva 30 años al nuevo. Nuestro compromiso es que vamos a cambiar administrando la transición de forma seria y tranquila, donde no se van a perder los derechos adquiridos por los pacientes, y, por el contrario, se avanzará en la garantía del derecho a la salud. En términos concretos, la transición implica:

– Recuperar la atención primaria en salud, que fue paulatinamente desmontada con el sistema actual, y trascender la visión centrada en la enfermedad.

Para esto, se realizará la implementación del modelo preventivo y predictivo de atención primaria en salud con equipos médicos interdisciplinarios que lleguen a todo el territorio nacional y a la Colombia profunda.

Así como la constitución de redes integrales e integradas de servicios de salud, RISS, que, entre otros asuntos, incluye contribuir a la recuperación financiera de hospitales y clínicas.

Con esto, se busca transformar determinantes de salud, disponer oferta universal de servicios promocionales, preventivos y predictivos, y activar la participación popular desde la vereda y el barrio en torno a la salud.

Con este modelo también rescataremos zonas sanas, experiencias territoriales existentes que han resistido al sistema, con modelos que están dispersos para volverlo sistémico.

– Creación del Sistema de Información Integrado, que incluye interoperabilidad de historia clínica. Esta es una gran deuda del sistema actual, pues no contamos con información real, actualizada y unificada sobre la situación de salud de las personas, ni sobre las transacciones que se realizan para la atención en salud.

– Laboralización de las personas trabajadoras del sector, algunas acciones serán la contratación directa de trabajadores de la salud y el apoyo a la creación de plantas de cargos permanentes y temporales en la red pública, garantizando su financiación.

Esto, además de aportar a mejorar la calidad de la prestación del servicio de salud, está orientado al trabajo digno del personal de la salud, como una aspiración moral mínima.Naturalmente, debe ser un proceso progresivo, y la pregunta a la que responde es por qué el sector dedicado a la garantía del derecho a la vida, un derecho fundamental, no tiene empleo formal.

– Política de regulación de precios de medicamentos, para combatir la especulación.

– Y, por último, la instalación de la agenda por la reforma al sistema de salud. Esto implica todo un proceso pedagógico, haremos una labor intensiva para entender como sociedad por qué fracasó el sistema y por qué es impajaritable el cambio.

Una reforma no es solo un cambio en la ley, también requerimos transformaciones en la cultura y, lógicamente, en las instituciones.

Así, hacer efectivo el diálogo nacional, escuchar y trabajar con todos los actores, respetando el programa de gobierno y con las propuestas por las que el pueblo colombiano votó.