Pocas personas han hecho desarrollos de las normas de la Constitución de 1991 como Carlos Gaviria Díaz. Sus ponencias en fallos de la Corte se consideraron “herejías constitucionales” y de ahí la biografía que escribió Ana Cristina Restrepo titulada El hereje: Carlos Gaviria.
Cubren la autonomía personal, en el consumo de drogas y la eutanasia; las libertades de opinión e información para el ejercicio del periodismo; el principio de igualdad, que cobijó a la mujer, la pensión de vejez y la ley de cuotas; la familia, sobre asuntos espinosos como el sexo y la violencia en televisión, el incesto y el castigo a los niños.
Abordan la inviolabilidad parlamentaria, el delito político, la cobardía y el honor militar, la autonomía jurisdiccional en comunidades indígenas, incluyendo pluriculturalismo y derechos humanos, y el debido proceso para estos casos, para la extradición y para la extinción de dominio (FCE-2002).
No obstante, Gaviria decía que “de nada sirve el enriquecimiento del catálogo de derechos y libertades sin un mecanismo que permita hacerlos efectivos”. En consecuencia, siendo candidato presidencial en 2006, divulgó un lema todavía vigente: “Construyamos democracia, no más desigualdad”, para lo cual apelaba a poner al Gobierno, como cabeza del Estado, al frente de la orientación de la economía.
Ese postulado contraría los artículos de la Constitución de 1991 que prescriben la política económica: el 371 y el 373, al depositar de manera autónoma la política monetaria y cambiaria en el Banco de la República, y el 334, que fija la conducta fiscal para las ramas del poder público.
Condensan el dogma neoliberal en tanto restringen la intervención de los gobiernos en instrumentos a los que podría acudir en busca de estabilidad macroeconómica frente a volatilidades y choques externos o a dinamizar el gasto público proactivo hacia la producción y el empleo, con mayor premura en tiempos críticos como el actual.
El control de la inflación se fijó al inicio por una cantidad de dinero de “equilibrio” en la economía y luego, por orden del FMI, por un rango meta (Junguito, 2005). Aunque el principio rector es “el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, luego de 30 años una tercera parte de los hogares solo accede a dos o menos comidas diarias; escasamente un 5 por ciento puede ahorrar y, al 85 por ciento, sus ingresos no les alcanzan o apenas suplen sus necesidades. Los presupuestos familiares se han debilitado asimismo por el ánimo de lucro –permitido en la Constitución– a particulares en áreas de bienestar, como la salud, y por las cargas de 18 reformas tributarias.
En contraste, como prueba de que dichas normas constitucionales no son neutras, pero sí afines al Consenso de Washington, el sector financiero creció al 7 por ciento entre 2006 y 2019, mientras la economía lo hizo al 4. Sus tasas reales de interés son de las más altas y los márgenes de intermediación, prohibitivos. Asimismo, garantiza a las inversiones extranjeras, que a diciembre de 2020 valían 380.000 millones de dólares (Banrep), la valorización en pesos constantes. Escasos ganadores y muchos perdedores.
El 334 dejó expedito el camino a la ortodoxia fiscal para promover reformas, fundadas en el hiperpresidencialismo manifiesto en los artículos 154 y 189, que acinturaron más el gasto público. Un ejemplo fue el Acto Legislativo 01 de 2001, que cambió el régimen de transferencias para educación, salud y saneamiento básico a municipios y departamentos, ligado a los ingresos corrientes de la nación, por el Sistema General de Participaciones, por el que durante 18 años, en pesos constantes de 2019, han dejado de recibir 318 billones de pesos (Espitia, 2020). Por la puerta entreabierta se colaron en 2011 la regla y el incidente fiscal, si las sentencias judiciales se salen de molde, y en conjunto con el 373, forman un marco contractivo, como ahora, cuando se descartó la emisión monetaria. Los superpoderes presidenciales otorgados marginan al Congreso y se ejercen a sus anchas en campos como la deuda pública o el comercio exterior.
¿Cuál es el balance? Que en tres decenios Colombia es tanto o más desigual. En 1990 el coeficiente de Gini, que mide la distribución del ingreso, era de 0,546 y en 2020 fue de 0,544 (Dane). No le faltaba razón a Carlos Gaviria en su pregón: la política económica enunciada en 1991 no respondió a la igualdad proclamada doctrinariamente.
Urge cambiar el 373 y, sin quitar independencia técnica al Banco, regular la tasa máxima de interés remuneratorio con el propósito de promover la inversión, la competitividad y el empleo y con tales fines adaptar los requisitos, si es el caso, para emitir dinero, aplicado en forma certera en procura de enrutar a Colombia hacia la equidad y el progreso, asignatura básica de cualquier Carta.