Todo tiene un límite, pero en Colombia los límites son como las normas: se crean para quebrantarlas. Una justicia justa, como lo expresó Rosa Parks, tiene como propósito cobijar a todos los ciudadanos sin importar si son ricos o pobres, políticos poderosos o mendigos, vendedores ambulantes o gobernadores. Si la justicia fuera justa, un señor como Alejandro Char debería estar inhabilitado para ejercer cargos públicos por cargar sobre sus hombros más de 80 investigaciones entre disciplinarias y judiciales, las cuales reposan como un monumento al olvido y la desidia en las oficinas de la Fiscalía de la República y los entes de control. Asimismo, un fiscal tan cuestionado como Néstor Humberto Martínez Neira habría tenido que renunciar y ser sometido a una investigación que pudiera aclarar, o desestimar, su culpabilidad en el espinoso caso de los sobornos de la internacional constructora Odebrecht. Buscar la excelencia en medio de la porquería es como intentar encontrar una aguja en una montaña de paja, y en Colombia hablar paja no es un arte, pero sí una costumbre legitimada desde el corazón mismo del quehacer político. El asunto real no es, pues, que unos señores con poder mientan en defensa de sus intereses, sino que haya ciudadanos que les crean y, peor, los defienda. Mentir y repetir la mentira mil veces porque de eso algo queda es una antigua estrategia que no se la inventó Hitler ni su ministro de propaganda, Paul Joseph Goebbels, pero a la que resarcieron al consignarla en 11 postulados macabros que luego pusieron en práctica. La política no es mala en sí misma. Es, por el contrario, la máxima manifestación de altruismo de un ser humano para con otro, pero la degradación y ruindad que hoy la acompañan es el resultado del manoseo, las malas interpretaciones y, por supuesto, la identificación cultural de algunos grupos sociales con el todo se vale: se vale hacer tramoya, joder al marica, saltarse la fila, aliarse con el Diablo, robarse lo que se pueda mientras se ostenta el poder y hacer hasta lo indebido para alcanzar las metas. Si la justicia colombiana fuera justa, un político como Álvaro Uribe (con casi 400 investigaciones en su contra, tanto penales como disciplinarias) debería estar preso como lo está hoy la mayoría de sus exfuncionarios. Y la señora María Fernanda Cabal, a quien unos amigos “altruistas” le compraron unos votos y se los metieron en la mochila para que se alzara con una curul en el Senado, debería ser investigada por fraude electoral. Pero estamos en Colombia, donde la justicia tiene de todo menos de justa, y no es justa porque está concebida no en el sentido del estadio universal y la balanza que la representa, sino como un mecanismo de poder. De ahí la popular expresión “la ley es para los de ruana”. Si la justicia, encargada de aplicar las normas y mantener aceitado el sistema legal sobre el que se fundamenta la libertad, falla, no hay duda de que todo lo que gira a su alrededor cojea: los DD.HH., la libertad de movilidad y expresión, la inversión social, la salud y la educación, entre otros. Cuando la justicia falla, el resto del sistema que mantiene en pie la estructura del Estado colapsa. La democracia deja de ser democrática porque lo verdaderamente importante no es elegir y ser elegido en una contienda electoral sino el dinero que se tenga para comprar la elección. La verdad no importa porque los intereses políticos y económicos están por encima del sistema judicial y se hace más importante tener en el poder a un fiscal de bolsillo (que defienda como gato bocarriba los dividendos del grupo) que a un funcionario que imparta justicia sin mirar el color político ni las abultadas cuentas bancarias. Si la justicia fuera justa, la democracia en Colombia no estaría tan torcida y los medios de comunicación cumplirían con su labor social, que está más allá de informar sobre unos hechos, pues la prensa tiene la obligación de exigirle respeto y cumplimiento a los mandatarios por las promesas hechas en campaña o pedir claridad y celeridad de la justicia ante un acontecimiento tan reprochable como el que involucra al fiscal general de la Nación. Si la prensa cumpliera con su deber, un funcionario como Martínez Neira hubiera tenido que presentar su renuncia desde el mismo momento en que empezaron los cuestionamientos y el presidente de la república estaría obligado a no subir los impuestos y buscar financiación por otro lado. Pero, claro, a veces se me olvida que estamos en Colombia. En Twitter: @joaquinroblesza Email: robleszabala@gmail.com