El caso de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) ha sido un tema recurrente en la política colombiana en los últimos tiempos, especialmente debido a las acusaciones de corrupción que lo rodean. Recientemente, la exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, María Benavides, volvió a prender el ventilador sobre el escándalo, afirmando que el ministro Bonilla sí sabia de todo lo que se estaba haciendo y fue quien presuntamente ordenó la compra de votos de congresistas a través de la ejecución de tres contratos por más de $92.000 millones de pesos en Córdoba, Arauca y Bolívar. Este caso sigue engavetado en la Fiscalía, lo que ha generado críticas sobre la falta de acción en una de las investigaciones de corrupción más grandes de la historia del país. Este le quitó el trono al escándalo del proceso 8,000 de Ernesto Samper, quien llegó a la Presidencia, elegido por el narcotráfico (Cartel de Cali).
La gravedad de las acusaciones no solo recae en el hecho de que se haya desviado dinero público, sino en la consecuencia inmediata que esto tiene sobre la vida de los colombianos. La UNGRD tiene una misión fundamental: garantizar que los recursos para la atención de emergencias se destinen adecuadamente, de manera eficiente y transparente. Pero lo que se denuncia en este caso es una cadena de desvíos y favoritismos que afectan a las poblaciones más vulnerables en momentos de crisis.
En su denuncia, Benavides muestra cómo los recursos se canalizaron a través de contratos oscuros con empresas cercanas a funcionarios del gobierno, y cómo Bonilla, en su rol de alto funcionario, habría sido cómplice al no dar respuesta a las alertas sobre estos procesos corruptos. Si se confirma esta información, el daño no solo es financiero, sino que afecta directamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad en situaciones de emergencia.
La denuncia de Benavides destapó un esquema de desvío de recursos públicos, destinado a favorecer a contratistas vinculados a funcionarios de la UNGRD y, de manera directa, al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien, en ese entonces, tenía una influencia considerable dentro de la institución. Según la versión de Benavides, los recursos que deberían haberse destinado a la atención de emergencias y la prevención de desastres fueron desviados mediante contratos opacos a empresas cercanas a altos funcionarios, comprometiendo así la eficacia de la respuesta institucional ante emergencias y, lo más grave, la vida y el bienestar de las personas más necesitadas.
Este escándalo es alarmante no solo por la magnitud del desvío de fondos, sino porque demuestra lo que muchos sospechaban: la corrupción desbordada en este gobierno, que sigue siendo un obstáculo insuperable en el camino hacia una administración pública eficiente y transparente. En un contexto donde el Estado colombiano se enfrenta a la responsabilidad de proteger a una población vulnerable y a menudo olvidada, ¿cómo es posible que recursos destinados a salvar vidas sean usados para beneficiar los intereses de unos cuantos políticos que pretenden aprobar a pupitrazo limpio las nefastas reformas de este gobierno? ¿Está Petro detrás? ¿Petro dio la orden a Bonilla y a los otros miembros del famoso cónclave denunciado por Olmedo López? Con esas acciones se cae el discurso de la izquierda, quienes se hacen pasar por los grandes defensores de los más vulnerables del país, mientras los engañan malversando los recursos.
El papel de Ricardo Bonilla en este caso es particularmente grave. Como ministro de Hacienda, su responsabilidad no solo es gestionar las finanzas del Estado, sino también asegurar que los recursos públicos se manejen con transparencia y de acuerdo con la ley. La denuncia de Benavides sugiere que Bonilla, en su rol de alto funcionario, no solo fue consciente de las irregularidades, sino que además no actuó para detenerlas. A pesar de las alertas sobre el mal manejo de los fondos, Bonilla optó por el silencio y la inacción, lo que refleja una grave falta de liderazgo y un desprecio por la rendición de cuentas.
La actitud de Bonilla ante las acusaciones no ha sido la más apropiada. En lugar de responder con claridad y apertura a las denuncias, ha preferido mantener una postura defensiva, negando las acusaciones sin brindar detalles que ayuden a esclarecer la verdad. Este comportamiento no solo es dañino para su imagen personal, sino también para la credibilidad de las instituciones. Lo más preocupante es que el presidente de la República salga a defenderlo con vehemencia al decir que le tendieron una trampa, como quien dice: fue a mis espaldas. Mientras, los audios entregados por Benavides y las denuncias de Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido tan contundentes que dejan muy mal parado a un ministro que es insostenible en su cargo. Petro, para tratar de salvar a su ministro, no lo retira del cargo, sino que lo premia nombrando a una ministra ad hoc mientras este resuelve su lío con la justicia y así no pierde la inmunidad. ¿Tanto sabe Bonilla que Petro lo protege? Entre Bonilla y Benedetti no se hace un caldo.
Además de Bonilla, varios funcionarios dentro de la UNGRD están involucrados en el escándalo. Según las acusaciones de Benavides, estos funcionarios habrían autorizado y supervisado contratos irregulares que beneficiaron a empresas cercanas a ellos. En algunos casos, las empresas que recibieron los contratos no cumplían con los requisitos para llevar a cabo las obras o las intervenciones necesarias, pero aun así se les adjudicaron millonarios contratos, lo que generó un perjuicio directo al erario y a la atención de las comunidades afectadas por desastres naturales.
Olmedo López también ha señalado directamente al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, como parte del esquema de corrupción en la entidad. Según López, Velasco estuvo involucrado en la estrategia de usar los recursos de la UNGRD para obtener apoyos políticos en el Congreso, a cambio de adjudicaciones de contratos a legisladores que respaldaran los proyectos del gobierno.
Un testimonio específico indica que presuntamente Velasco dio instrucciones para excluir a ciertos congresistas de ayudas oficiales si no apoyaban las iniciativas del gobierno. López incluso mencionó que Velasco prefería negociar votos con contratos en lugar de cargos públicos, a pesar de que había opciones disponibles para hacerlo mediante nombramientos en instituciones regionales.
Además, pruebas como chats y comunicaciones aportadas a la Fiscalía respaldan estas acusaciones, mostrando que Velasco tenía una relación fluida con López y daba órdenes directas para manejar recursos de manera estratégica en favor del gobierno y de aliados políticos.
Otra figura clave en este contexto es la fiscal de bolsillo de Petro, Luz Adriana Camargo, quien ha sido acusada por algunos sectores de no actuar con la suficiente diligencia, lo que lleva a que el proceso avance de manera muy lenta o incluso se estanque. En un país donde la lucha contra la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos, este tipo de casos alimenta la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de garantizar justicia. Ojalá la fiscal muestre que está desmarcada del gobierno que la ternó, que es completamente imparcial y que confirme a los colombianos su transparencia en el proceso.
Al ministro Bonilla le digo que está en su derecho de defenderse de todo lo que le acusan, como cualquier colombiano, pero fuera del cargo. Sin estar en el poder. Usted tiene mucho que explicarle al país.