La corrupción es una actividad que rompe, de manera deliberada, el orden del sistema del Estado y copta nuestras instituciones para beneficiarse de los presupuestos públicos. En nuestro país este delito está ligado estrechamente a otros como el narcotráfico y la minería ilegal.
Durante mucho tiempo se ha enfocado el ejercicio de la lucha contra la corrupción a aspectos públicos que se derivan de la aplicación de las normas de contratación pública e incluso, cada cierto tiempo, se producen debates estériles en el Congreso sobre la modificación de normas jurídicas para lograr transparencia. Puro fetichismo normativo. La verdad es que la persecución contra la corrupción requiere comprensión de los fenómenos criminales, de su dinámica regional, de ética pública, determinación y rapidez en las decisiones judiciales. Desde la Fiscalía General de la Nación hemos emprendido una gran lucha contra este delito; por ejemplo, en 2020, obtuvimos 46 sentencias en materia de delitos de corrupción, 43 de las cuales fueron condenatorias, lo que representa una efectividad de 94 por ciento.
Después de un año en el ejercicio del cargo de fiscal general y del trabajo continuo en los territorios, reafirmamos nuestro convencimiento sobre la necesidad de una presencia integral del Estado para que tengamos justicia. Lugares como Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca, Bajo Cauca, Chocó, sur de Córdoba o el Catatumbo, en Norte de Santander, se han construido, en buena medida, a partir de las economías criminales. Esto ha producido la configuración de ciertas organizaciones estatales locales que giran en torno a la delincuencia, lo que condujo a la apropiación de competencias estatales duras como la seguridad y la justicia por parte de grupos armados, pero que exigen del Estado central la satisfacción plena de las competencias blandas como educación, salud e infraestructura. Para dimensionar las cifras descabelladas del narcotráfico puede indicarse que una tonelada de cocaína, puesta en el puerto de Turbo o Buenaventura, según información de las distintas operaciones realizadas por la Dirección Nacional de Narcotráfico, llega a costar 5 millones de dólares. Esa misma droga arriba a cualquier puerto de Europa en 50 millones de dólares. Según la misma fuente, Colombia puede alcanzar una producción cercana a 1.300 toneladas de cocaína en un año. Tomando en consideración ese precio, la sumatoria de esas toneladas para el negocio de la cocaína correspondería, aproximadamente, a 231 billones a la fecha, es decir, cerca de 74 por ciento del Presupuesto General de la Nación para este año. Este resultado sin incluir la marihuana, la minería ilegal y otras actividades ilegales.
Nuestra tasa de incautación anual es de 149 toneladas de cocaína, sin incluir la interdicción marítima. Esta acción del Estado es importante, pero hay un amplio camino por recorrer y el país requiere mayores esfuerzos de todos los sectores para frenar la avalancha de recursos ilegales. Estos dineros son los que pulverizan familias, fortalecen grupos armados como el Clan del Golfo, Caparros, Pelusos, ELN y las disidencias de las Farc como la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos, la Oliver Sinisterra, los Contadores, la Carolina Ramírez, entre otros. Del mismo modo, inyectan parte de esos recursos en administraciones municipales, departamentales y nacionales y se permiten corromper funcionarios de todo nivel para capturar el Estado.
Por lo pronto, el país verá resultados penales y de extinción de dominio no solo, como lo advertí, ante la Corte Suprema de Justicia frente a los megaescándalos de corrupción, sino que continuaremos con nuestras acciones contra gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos y particulares cuando actúen de manera corrupta. Lo novedoso del trabajo que adelantamos es que este año ahondaremos en el desmantelamiento de ese lazo comunicante entre corrupción y narcotráfico. El país merece una justicia rápida, itinerante y con concentración investigativa. La Fiscalía General de la Nación es la puerta de entrada a esa justicia.