Los terroristas que masacraron, secuestraron, torturaron y traficaron drogas son los dueños de la verdad y la moral hoy en día. Posan de intelectuales y desde sus curules regaladas en el acuerdo de paz de Santos señalan, estigmatizan y se burlan de la sociedad colombiana. Sí, no pagaron ni un solo día de cárcel por sus atroces crímenes, el perdón a sus víctimas ha sido escueto, la reparación, nula y la entrega de las rutas del narcotráfico nunca sucedió.
Las ex-Farc, hoy Comunes, se amparan en un halo de superioridad que creen tener porque en algún momento fueron unos supuestos “rebeldes” del Estado y lucharon por lograr una sociedad más justa a punta de plomo.
¿Qué autoridad moral tiene la senadora de la paz, como se hace llamar, Sandra Ramírez? ¿Qué lecciones de virtuosidad puede dar Rodrigo Londoño o Carlos Lozada, el otrora alias Tornillo por cuenta de las atrocidades en contra de los niños y niñas que eran forzosamente reclutados por ese grupo narcoguerrillero?
Esta semana se llevó a cabo el acto de perdón del Estado colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por las víctimas de los falsos positivos. Nunca puede volver a repetirse en la historia del país la atrocidad de que el ejército, con tal de mostrar resultados, asesine cruelmente a sus ciudadanos. Esa parte horrible de la historia nacional nos debe llevar a profundas reflexiones y, por eso, el perdón es una forma de sanar el dolor en el alma de los miles de madres y padres que por años reclamaron justicia.
¿Pero las atrocidades de la guerra fueron cometidas solo por algunos miembros del Ejército Nacional en ese periodo tan difícil de la historia del país? No.
Durante el acto de perdón, muchas personas consideraron significativo y simbólico el hecho de que fuera un exguerrillero y actual mandatario de la nación quien a nombre de todos los colombianos pidiera perdón por esos crímenes de estado. Pero, al mismo tiempo, a muchos les costaba trabajo entender por qué no, con la fuerza del propio ejemplo, el presidente refrendara una vez más el perdón por los crímenes que cometió el M-19, que parece perdido en la historia.
En el año 1995, al conmemorarse el décimo aniversario de la toma del Palacio de Justicia, Otty Patiño y Navarro Wolf, exguerrilleros del M-19, decidieron pedir perdón por el holocausto que causó ese grupo guerrillero y admitieron que aunque habían obtenido un perdón judicial reconocían que no habían logrado el perdón de una parte de la población y que ese acto lo hacían por una cuestión, sobre todo, de ética.
Es verdad, las heridas quedan y la sociedad colombiana tiene tantas cicatrices sin cerrar. Por eso, hubiera sido valioso que Petro en su discurso de esta semana hubiera ratificado una vez más que el holocausto del Palacio de Justicia fue un error gravísimo y que el secuestro, tortura y asesinato que ese grupo guerrillero cometió en contra de miles de colombianos jamás se debe volver a repetir. El presidente perdió una oportunidad valiosa.
Pero lo que está pasando en el desarrollo de este gobierno y de la reescritura de la historia es que hay una apología y defensa de que hay violencias que sí se permiten y que hay crímenes que no son señalados. Por eso, los ejemplos de los congresistas como Sandra Ramírez y Carlos Lozada son relevantes para entender cómo están cambiando la realidad de lo que pasó. De hecho, al país no se le olvida que la propia Ramírez, antes conocida con el alias de Griselda Lobo, expareja sentimental de Tirofijo, tuvo la desfachatez de afirmar que los secuestrados por ese grupo terrorista dormían en “cambuches, camitas y tenían comodidades” durante su cautiverio.
Los crímenes atroces cometidos por el ejército jamás se deben repetir. Pero tampoco los que cometieron el M-19, ni los paramilitares ni las Farc. Sin embargo, la cadena de odio no se ha roto. Hoy el Gobierno negocia con el ELN, el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc mientras siguen traficando con drogas y cometiendo crímenes en contra de los policías y civiles.
El país no ha aprendido de sus tragedias y hoy en día tenemos un presidente que perdió la oportunidad de reconciliar al país porque su política de “paz total” no tiene nada que ver con la reconciliación y la seguridad, sino que está dirigida a favorecer a los delincuentes a través de subsidios para que no cometan más crímenes y a sacar de las cárceles a terroristas y narcotraficantes, como alias Gafas, el carcelero de los secuestrados como Ingrid Betancourt, a quien, según la senadora Sandra Ramírez, la tenían amarrada del cuello con una cadena a un árbol, pero, eso sí, con una camita cómoda en un cambuche.
La paz y la reconciliación no son posibles si no hay verdad, reparación y un profundo arrepentimiento del crimen cometido, además de un respeto por los valores éticos y morales que permita ordenar y separar lo que está bien de lo que está mal.
Y como va Colombia es claro que los criminales que hayan atentado en contra de la Constitución y la ley son sujetos de privilegios y de un lugar “honroso” en la nueva historia que la delincuencia está escribiendo.
Por el contrario, el que haya defendido la dignidad de las personas honradas y del pueblo trabajador, la seguridad de los ciudadanos y de las empresas bajo el amparo de la ley hoy es perseguido y llevado a juicio para cobrar venganza, como sucede con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.