Las marchas promovidas por el Gobierno en apoyo de sus nefastas reformas, caracterizadas por la escasa asistencia voluntaria, confirman una vez más que estamos navegando en medio de una grave crisis institucional, consecuencia de la guerra ideológica fomentada por una desprestigiada y desacreditada izquierda, la cual, utilizando todos los medios de lucha, trata de implantar su funesto pensamiento. De la misma forma y haciendo referencia a los últimos acontecimientos que giran en torno al desgobierno, también sale a relucir la basura de una política en plena descomposición, la cual requiere verdaderos cuidados intensivos.
Dejar de trabajar o de estudiar en instituciones públicas por unirse a las marchas en apoyo del Gobierno es parte de la decadencia que se ha incrustado en la sociedad. El vincular a los niños en estas marchas de carácter político, instrumentalizándolos y tratando de producir en ellos un trasbordo ideológico inadvertido, es tan aberrante como lo que representa el reclutamiento forzoso de la niñez por parte de los grupos narcoterroristas donde los convierten en carne de cañón, los entrenan para asesinar y cometer actos terroristas o los convierten en carne humana para que satisfagan las aberraciones de ciertos cabecillas.
Los niños tienen derecho a vivir, disfrutar su niñez y ser objeto de protección por parte del estado que debe promover su desarrollo; no puede haber ninguna injerencia indebida en su vida, no son objeto de trueque ni trofeo político. No pueden sacarlos del aula interrumpiendo su aprendizaje, para que hagan bulto en las marchas del socialismo del siglo XXI, tendencia ideológica que los obnubilará e impedirá su progreso y prosperidad. Ellos son el futuro del país y es un crimen de lesa humanidad tratar de ideologizarlos como germen de las futuras primeras líneas.
Hay denuncias sobre presiones de grupos delincuenciales obligando a varias comunidades a manifestarse en apoyo de las reformas propuestas por el Gobierno, lo cual es una clara indicación de que estas van por el mal camino y que las quieren aprobar a la fuerza, bajo la amenaza del empleo de la violencia, cuando se ha advertido a los cuatro vientos que estas serán perjudiciales para la población en general. Las reformas solo buscan generar pobreza para dominar al país por el hambre e instaurar de lleno un régimen comunista que gobernará por varias décadas.
Con las asombrosas revelaciones hechas por el principal escudero del Gobierno se puede afirmar que efectivamente este es ilegítimo. La gestión de los diez meses en el poder y los planteamientos del discurso del jefe de Gobierno al término de la reciente marcha se pueden resumir en que sigue teniendo una posición incendiaria, que con su ideología siembra odio para recoger tempestades, siembra resentimientos para producir un estallido social, siembra racismo para producir rencor, siembra censura tratando de maniatar a los medios, siembra desprecio y promueve la insurrección buscando la famosa revolución del proletariado. Si el país llega a arder es por la irresponsabilidad del jefe de Gobierno que promueve las movilizaciones amedrentadoras.
Las famélicas marchas mostraron que ya no le comen cuento al jefe de Gobierno como ocurría en el pasado, pero igualmente muestra con claridad la debilidad y la sumisión ideológica de algunos sindicatos que se dejaron utilizar y cuyos miembros tuvieron que asistir, posiblemente en contra de su voluntad, porque en caso contrario peligraba su empleo. Esto es, la izquierda esclaviza y marcha sobre el estómago de los trabajadores a los cuales paradójicamente se ha comprometido defender. Los siguen engañando.
Es muy grave lo que está sucediendo en el país con las drogas ilegales. Unas cuantas ‘perlas’ muestran la amenaza del tema: una congresista se declara consumidora diaria de marihuana, un proyecto de ley está a punto de ser aprobado para regularizar la marihuana de uso adulto, el embajador en México afirma ser consumidor habitual de marihuana, el embajador en Nicaragua tiene proceso por presunto tráfico de drogas, el exembajador en Venezuela reconoce ser consumidor de cocaína, un proyecto del Gobierno planea que se legalicen cultivos de coca hasta de 10 hectáreas.
Vale la pena preguntar qué ha pasado con la Cancillería, pues parece que hubiera perdido su norte y el ministro no se siente afectado. Por simple dignidad debería renunciar, porque quien sabe que más está sucediendo a sus espaldas, pues es la reputación de los colombianos y el buen nombre y la imagen de Colombia lo que está en juego.
Definitivamente, el país nunca había estado inmerso en una crisis de gobernabilidad como la que enfrentamos hoy. Estamos hastiados del sofisma de victimización que esgrimen a diario representantes del gobierno y saturados del discurso tipo agitador profesional del jefe de Gobierno que parece no querer la paz sino lo que busca es una revolución para reinar; es inaudito que pretenda dividir a los colombianos con la falacia del racismo, cuando este no ha existido en Colombia, así como no es lógico que su fórmula vicepresidencial utilice los helicópteros del estado como taxi y no haya una acción directa del gobierno para impedirlo. ¿De malas?
No podemos permitir que se atropelle a la democracia y las urnas tienen que producir el cambio. Tenemos el compromiso de votar masivamente en las elecciones de octubre, si queremos recuperar nuestra nación.