Un buen día Alberto Morales recibió una terrible sorpresa. Le notificaron que iba a ser reportado a las centrales de crédito y además lo iban a embargar judicialmente. De acuerdo con la comunicación, su terrible calvario estaba empezando porque era codeudor de un taxista de Medellín que no había cumplido los pagos de un préstamo para la conversión de su vehículo a gas. Más desconcertante resultaba que el señor Morales no había servido como codeudor de nadie y no conocía siquiera al conductor incumplido.En el documento que servía como base para el reclamo de los acreedores figuraban su nombre y su cédula, pero la firma no era la suya. Saltaba a la vista que no se parecía ni lejanamente a su letra. En medio de la angustiosa circunstancia –de la que diariamente muchos colombianos son víctimas–, él estaba esperanzado en un elemento que podía probar su inocencia: al lado de la firma falsificada había una huella dactilar. Si hacían un examen, sería claro que no se trataba de la suya.La Justicia en su lenta marcha finalmente ordenó, un buen tiempo después, que un dactiloscopista cotejara la huella del señor Morales con la que aparecía en el papel. La sentencia judicial establece: “Se hizo igualmente análisis de una huella que aparece al lado del deudor en esa misma financiación determinándose que pertenece al señor Luis Emilio Arboleda Arenas”.

El señor Luis Emilio Arboleda Arenas resultó ser el vendedor del sistema de gas. Solo después de haber sido descubierto reconoció plenamente el delito de falsificación y se allanó a cargos.

La pesadilla para la víctima duró cinco años. El delincuente Luis Emilio Arboleda fue condenado en julio de este año por el ilícito, pero la Justicia le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena a cambio de 24 meses en periodo de prueba, durante el cual debe observar una conducta ejemplar.La manera como ha interpretado “conducta ejemplar” ha sido la de convertirse en agresor callejero profesional. Luis Emilio Arboleda fue el mismo sujeto que insultó a Germán Vargas Lleras en la calle Junín de Medellín reprochándole que no se hubiera levantado de la mesa de negociación con las Farc donde nunca estuvo, mientras usaba palabras de grueso calibre y amenazas de ataque físico contra quienes le pidieron que moderara sus gritos. No es la primera vez que Arboleda agrede e injuria a quienes contradicen su credo político. Sus actos de patanería deliberados son grabados, los videos multiplicados por bots en las redes sociales y el agresor termina presentado como un héroe al lado de sus inspiradores ideológicos.

Mientras esto sucedía en Medellín, otra conducta de premeditada agresión tenía lugar muy lejos de ahí.La exministra Gina Parody y su compañera, la también exministra Cecilia Álvarez-Correa, están viviendo en Nueva York. Ellas han pedido que su versión dentro del proceso judicial al cual han sido vinculadas pueda entregarse en Estados Unidos presencialmente o por medios electrónicos. Un derecho que han usado entre otros David Zuluaga, que además llegó acompañado por una numerosa barra.

Y también Ernesto Yamhure quien acudió por Skype a responder una querella interpuesta por la periodista Cecilia Orozco. Lo que para estos caballeros resulta normal y aceptable, se convierte para sus copartidarios en abominable privilegio si quienes lo piden no son de su grupo político.Esta vez el encargado del escándalo callejero fue un hombre llamado Luis Felipe Puerto Tobón, estudiante de la Universidad de Columbia como Parody.Aquí tampoco hubo “heroísmo ciudadano”, sino desquite personal.Luis Felipe Puerto fue sancionado por la Superintendencia de Industria y Comercio por su probada participación en el llamado cartel de los pañales, un acuerdo entre productores para limitar la competencia, manipular precios y golpear a los consumidores.

En diciembre del año pasado la Superindustria, a cuyo comité asesor de competencia pertenecía en ese momento Cecilia Álvarez-Correa, ratificó la sanción de poco menos de 40 millones a Luis Felipe Puerto, y otra a su jefe, el presidente de Tecnoquímicas, Francisco Barberi, por 375 millones.

El proceso no solamente demostró la conducta anticompetitiva de estas y otras personas y empresas, sino que además puso en evidencia las maniobras de los señores Puerto y Barberi para tratar de ocultar su participación en estos hechos.