“…Y traque, Mandrake”

El gobierno de Álvaro Uribe no solamente le ofreció a ‘Pablo Catatumbo’ una zona desmilitarizada y la posibilidad de discutir la extradición de miembros de las FARC si aceptaban un proceso de paz, sino que además direccionó recursos públicos para congraciarse con esa guerrilla. Las pruebas están en varios contratos y sobre todo en una llamada interceptada entre el entonces alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, y el enlace de Uribe con ‘Catatumbo’, el economista Henry Acosta Patiño. La grabación fue efectuada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), por orden de la fiscal Margoth Castellanos, que indagaba la existencia de una supuesta red de apoyo a las FARC. Dentro del mismo expediente hay cerca de 3 mil comunicaciones interceptadas. La llamada de la que hablaremos hoy ocurrió el lunes 25 de septiembre de 2006. Luis Carlos Restrepo llama a Henry Acosta Patiño y le habla de unos proyectos de inversión que había puesto a su consideración y cuya financiación dependía inicialmente de una donación del gobierno de Holanda. Casi siempre el proponente particular trata de convencer al funcionario contratante de la bondad de su oferta, pero esta vez se cambiaron los papeles. La conversación muestra a un Restrepo ávido por iniciar el contrato con el facilitador de los acercamientos con las FARC “por allá por donde se ha hablado, ¿sí?” e insiste en que “tendría la posibilidad de conseguirme yo, de pronto, unos 1.000 millones ”. Acosta, mucho más prudente, habla de una propuesta más pequeña pero Restrepo insiste: “Eso de pronto nos podría servir hartísimo”, “Para no solamente meternos en el chiquito que dijiste…sino en un paquete grande pa meterlo ya”, “Lo importante es que nos sirva para el propósito que queremos”. Ese propósito parecen quedar claro en otro aparte de la conversación. Luis Carlos Restrepo dice “Bueno, yo lo que quiero es ganarme el crédito. Que se sepa, mire que hay tanta voluntad de este lado, que de una vez el Comisionado en persona se puso al frente…y de una vez, traque, Mandrake”. Restrepo asegura además que “aquí necesitamos una medida rápida de generación de confianza” .Y le pide al mediador con las FARC “que usted la próxima vez que vaya llegue con eso… y eso ya nos pone en otro plano”. Ustedes pueden oír la conversación completa:

Apenas diez días hábiles después de la conversación, el 10 de octubre de 2006, se concretaron las palabras del comisionado. El Departamento Administrativo de la Presidencia, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz, y usando el Convenio Andrés Bello –tan útil para evitar controles- firmó dos contratos, que suman 478 millones de pesos, con un mismo proveedor llamado Consultorías Sociales y Económicas Consoeco. (Ver dos contratos) La empresa, de acuerdo con el registro mercantil, pertenece al mediador con las FARC, Henry Acosta Patiño, y a su esposa Julieta López Valencia. (Ver socios Consoeco) Unos meses después, y siempre usando el cómodo Convenio Andrés Bello, la Presidencia le concedió, en un solo día, diez contratos –o uno partido en diez, como se quiera ver- a la empresa del doctor Acosta. El 14 de junio de 2007, se firmaron esos diez contratos que  suman 1.172 millones de pesos y cuyo objeto es “Prestar sus servicios para lograr el aumento de la producción agropecuaria y facilitar condiciones para alcanzar la paz social” en cada uno de ellos cambia el municipio o corregimiento pero todos están en la zona de influencia de las FARC en la cordillera central. (Ver diez contratos) Dos días después de la firma de esos contratos, el mediador Henry Acosta Patiño se reunió con el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en una habitación reservada en el Hotel Intercontinental de Cali. También estuvieron en la reunión la socia y esposa del mediador y contratista, Julieta López Valencia, y el alto comisionado de paz Luis Carlos Restrepo. El encuentro duró 90 minutos. Unas semanas después, Henry Acosta Patiño le llevó a ‘Pablo Catatumbo’ la “carta borrador” del gobierno en la que le ofrecían al jefe guerrillero una reunión para establecer las condiciones para desmilitarizar una zona, discutir la posición del gobierno sobre la extradición de miembros de las FARC y establecer los pasos para un proceso de paz. (Ver “carta borrador")