Leer las noticias de esta semana en Colombia es como haber regresado en una máquina del tiempo a los titulares de prensa de los años noventa. Primero fue la noticia de un atentado, el pasado lunes, contra el oleoducto Caño-Limón Coveñas, que llevó al cierre de su operación y a que se suspendieran los despachos de combustible desde el campo Gibraltar, ubicado en Toledo, Norte de Santander, hasta diversos municipios de este departamento, Santander y Antioquia.

Ese mismo día, hombres armados irrumpieron en las instalaciones del diario El Heraldo de Barranquilla y exigieron hablar con su directora, Érika Fontalvo. Traían un mensaje de Digno Palomino, líder de la banda criminal conocida como los Costeños, capturado en Venezuela y deportado a Colombia en agosto de 2022. Palomino fue beneficiado por un juez con detención domiciliaria porque, según el operador de justicia, “no se ha comprobado que haya continuado delinquiendo”, a pesar de que se le señala de estar a la cabeza de las extorsiones y las masacres que han azotado a Barranquilla en el último año. Desde su casa en el barrio Barlovento de la capital del Atlántico, Palomino quiso que le publicaran por la fuerza una entrevista en El Heraldo, en la que manifestaba su intención de unirse a esa “paz total” que oferta el presidente Gustavo Petro.

Luego, en la madrugada del miércoles, nueve soldados del Ejército fueron asesinados con “tatucos” mientras dormían, en un atentado del ELN. Eran jóvenes de 19 años, en promedio, que prestaban servicio militar obligatorio y patrullaban el Catatumbo, en Norte de Santander. Nueve soldados más resultaron heridos. Ese mismo día, el ELN instaló un retén en la vía entre Ocaña y Cúcuta. Este mismo grupo ilegal no cede en las extorsiones contra comerciantes y petroleras en Arauca.

Mientras arrodillan a la población civil y atacan al Ejército, el ELN, sentado en la mesa de diálogos, insiste en su “voluntad de paz”. El Gobierno responde que a pesar de los ataques no levantará la mesa.

En esta semana convulsa y violenta, la reforma laboral pretende regresar a la jornada laboral diurna hasta las 6:00 p. m. y pide volver a la única forma de vinculación laboral del contrato a término indefinido, eliminando la posibilidad del contrato de prestación de servicios y desconociendo la existencia de las plataformas digitales. Tal cual como en los años noventa.

La semana cerró con una reforma a la salud que insiste en que sea el Estado el prestador de los servicios primarios de salud, bajo la falsa creencia de que el Estado es el mejor ejecutor de los servicios esenciales y de que la empresa privada es una especie de enemigo que explota a las clases menos favorecidas. Como en el siglo XX.

Esta semana ha sido regresar a la Colombia de los noventa, sumida en la violencia, la desinstitucionalización, el ataque constante de la guerrilla y la presencia de un Gobierno que luce cada vez más sometido al poder de los grupos armados y narcotraficantes, que parecen dictar lo que debe hacer el Gobierno, si quieren ver a algún hampón sometido a la Justicia. Como cuando Pablo Escobar, en los noventa, daba los lineamientos de cómo quería su reclusión, bajo qué condiciones y en qué tiempos.

Mientras esto sucede, el país se inunda en cultivos de coca, pues aún no ha empezado la erradicación manual que quiere este Gobierno, ni se ha definido la política de erradicación, que cambiará, según se ha conocido, a solo erradicar los cultivos considerados industrializados, por lo que se cree que Colombia llegará a las 300.000 hectáreas de cultivos de coca este año.

Estos pocos meses de gobierno han tenido la buena intención de generar un cambio en beneficio de la paz y en materia de corrección de muchas de las desigualdades sociales y económicas que sufre el país de forma constante y que han acompañado esta realidad nacional por décadas. Pero en su afán mesiánico, de sentir que están refundando una nación, en donde antes, según la visión del nuevo Gobierno, no había nada, ha hecho que el país se sienta en retroceso.

Esta mirada sospechosa del nuevo Gobierno a todo lo que venía de antes ha hecho que, por ejemplo, se pierdan logros tan grandes, como el del estímulo a la vivienda mediante el programa Mi Casa Ya, que por haberse frenado hoy tiene a miles de colombianos que ya habían sido seleccionados con un subsidio para adquirir vivienda fuera de las posibilidades de tenerla.

Se completa ya la mitad del primer año de Gobierno de Gustavo Petro y, al menos para mí, la sensación es de que este será un Gobierno de muchos anuncios y pocas ejecuciones, en el que la terquedad de sus líderes y su convicción de tener la verdad absoluta, que no permite que sea válida ninguna posición distinta, llevará a Colombia a un estancamiento, o más bien, a un retroceso.

Este es un Gobierno que, quedó demostrado con el trámite de la reforma a la salud, no concilia, no cede, no permite el disenso. Se está con lo que quiere el Gobierno, o se está contra el Gobierno. Y mientras esos pulsos de poder se juegan, los grupos criminales siguen ganando terreno y pidiendo más y más protagonismo, mientras volvemos a los atentados, al secuestro y a la petición de volver estatal la prestación de los servicios públicos. ¡Qué horror!

Al momento de escribir estas letras se conoce de un nuevo atentado contra el campo La Cira, Infantas, en el corregimiento El Centro, en Barrancabermeja. Como en los años noventa.