Son tan reiterados los casos de desvío de la inteligencia del Estado que le cabe como anillo al dedo la admonición del villano Goldfinger a James Bond, el agente 007: “Una vez es casualidad, dos veces es coincidencia, pero tres veces, es acción enemiga”. La realidad es que para provenir de los organismos encargados de la seguridad del Estado y de la protección de los derechos ciudadanos, el calificativo de acción enemiga, aun cuando fuerte, corresponde a cabalidad. En los últimos 15 años van tres escándalos aberrantes que involucran a los organismos de inteligencia. Juan Gossaín denunció en 2010 las chuzadas del DAS contra dirigentes de la oposición, periodistas críticos del gobierno, defensores de derechos humanos, miembros de ONG e, incluso, generales y fiscales. La ciudadanía atónita pudo comprobar que la Operación Amazonas buscaba "generar vínculos" del exmagistrado y presidente del Polo Democrático, Carlos Gaviria, con las Farc y al gobernador de Santander, Horacio Serpa, con el ELN. El periodista Daniel Coronell constató que las interceptaciones de sus llamadas databan de diciembre de 2004. Un segundo capítulo de las chuzadas del DAS lo sufrieron las altas cortes. Cinco magistrados de la Corte Constitucional fueron objeto de "desprestigio, presión y sabotaje", en el marco de la discusión del fallo sobre la primera reelección presidencial. Los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a su vez, fueron chuzados cuando investigaban la parapolítica que terminó con la judicialización y condena de cerca de 70 parlamentarios elegidos al Congreso a partir de 2002. Al jefe investigador, magistrado auxiliar Iván Velásquez, le interceptaron en tres meses, 1.900 llamadas y le fraguaron una falsa denuncia que la Fiscalía años después calificó de “burdo montaje” contra la Corte. Como consecuencia de las chuzadas se cerró el DAS. Casualidad. El segundo escándalo, también en dos capítulos, lo protagonizó inteligencia militar contra el proceso de paz que adelantaba el Gobierno de Juan Manuel Santos. En Galerías, desde un centro de operaciones encubierto de inteligencia militar, el hacker Andrés Sepúlveda, junto con su asistente Daniel Bajaña, chuzaron los correos electrónicos de líderes políticos y los negociadores del Gobierno y de las Farc para obtener información sobre las negociaciones en La Habana. Ambos fueron condenados por los hechos. El año pasado, en un operativo judicial sorpresa, se develó otro centro de operaciones de inteligencia del ejército en una guarnición militar en Facatativá dedicado a utilizar sofisticados equipos de interceptación para hacerle seguimientos ilegales a toda suerte de personas. Coincidencia. Ahora la revista SEMANA nuevamente revela un tercer escándalo, el de las carpetas secretas. Cerca de 300, no 130, personas, principalmente periodistas, pero también los sospechosos de siempre, dirigentes de la oposición, defensores y hasta exfuncionarios del Gobierno, han sido objeto de seguimiento informático y “perfilamiento” por parte de la inteligencia militar. Una de las carpetas contiene los contactos, visitas y actividades del periodista Nick Casey del New York Times, quien reveló las controversiales órdenes operativas del entonces comandante del ejército, Gr. Nicacio Martínez, que podrían conducir a revivir los falsos positivos. Como con Daniel Coronell desde 2004, uno de los objetivos era el de averiguar quiénes eran sus fuentes. En vísperas de la publicación, fueron retirados del ejército cinco coroneles, tres mayores y un general pidió la baja. Acción enemiga. Siguiendo el adagio, tres son demasiado. Estamos ante “acción enemiga” contra periodistas investigativos, contradictores de los gobiernos e incluso contra el propio gobierno, respecto de la política de paz que no era de recibo de sus opositores y contra al menos un funcionario del actual gobierno del cual posiblemente desconfiaran. Sí. Acción enemiga contra los exponentes de la democracia, cometidas por quienes ostentan el monopolio legítimo de la fuerza para defenderla, no para socavarla. No es solo cuestión de investigaciones exhaustivas que, como hemos visto, sí dan algunos resultados, pero no con quienes emiten las órdenes, dentro o fuera de la institución. Llegó la hora de identificar a los verdaderos responsables, depurar la fuerza pública de la doctrina del enemigo interno y de actualizarla para la acción democrática. Ahí está el meollo del asunto.