El reciente asesinato de Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, en Bogotá, ha conmovido a la opinión pública y ha generado fuertes cuestionamientos sobre la seguridad en las instituciones penitenciarias del país. Pero aunque el crimen en sí es terrorífico, la verdad es que es síntoma innegable de la falta de gobernabilidad que hay en el país.

Este trágico suceso pone en evidencia la gravísima situación de violencia y descontrol que afecta al sistema penitenciario colombiano, así como la vulnerabilidad de quienes se desempeñan en cargos de alto riesgo en estos entornos.

Es increíble que a pesar de haber recibido múltiples amenazas, Fernández no tuviera seguridad y que la UNP no tuviera dentro de sus directrices proteger a los directores de las cárceles más peligrosas de Colombia. Obviamente, esto es más indignante cuando se piensa en el desfile de escoltas que tiene tanto lagarto para sentirse importante.

Sin embargo, es imperativo analizar más allá de las circunstancias inmediatas de este crimen y considerar el contexto político y social en el que se enmarca.

En este sentido, es a lugar señalar el desgobierno del presidente Gustavo Petro como un factor determinante en la creciente inseguridad en el país, y, por ende, en eventos como el asesinato de Élmer Fernández.

Incluso, vale la pena resaltar que es tal la falta de dirección del Estado que cuando ocurrió el hecho la reacción fue a duras penas para intentar dar con los culpables materiales, sin tener herramientas para ejecutar acciones de choque e intentar devolverle un sentido de seguridad a la ciudadanía.

En momentos de crisis como este es donde se necesitan líderes administradores y se hace evidente la ausencia de gerencia organizacional. Solo puedo pensar en el desastre que será el país en caso de que nos venga una de esas inevitables tragedias que pasan en nuestros países.

Si bien es cierto que la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado en su conjunto, es fundamental recordar que la gestión gubernamental incide directamente en la efectividad de las políticas de seguridad y justicia.

En este sentido, un Gobierno que no garantiza la plena operatividad de las instituciones encargadas de resguardar el orden público y la seguridad de los ciudadanos abre espacios para la impunidad y el descontrol.

Mucho más si es esa misma institucionalidad la que se ve socavada por el Ejecutivo cuando intenta darles más garantías a los delincuentes, ejemplo Farc, ELN y primera línea, que a los ciudadanos de a pie.

En conclusión, si bien es necesario investigar a fondo este crimen y llevar a los responsables ante la justicia, también es crucial reflexionar sobre las políticas gubernamentales que influyen en la seguridad y el bienestar de la sociedad en su conjunto.

El desgobierno y la ineficacia en la gestión de la seguridad pública no solo ponen en riesgo la vida de personas como Élmer Fernández, sino que socavan la confianza en las instituciones estatales y minan la base misma de la democracia y el Estado de derecho.

Es responsabilidad de las autoridades abordar de manera integral este tipo de problemas y garantizar un entorno seguro y justo para todos los ciudadanos. Por eso, en lugar de estar trine y trine, el presidente Petro debería dedicarse a gobernar y gobernar.