Para casi todo el mundo, incluidos connotados petristas, es claro que la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tiene las mínimas competencias ni la empatía necesarias para un cargo tan sensible para el bienestar de los colombianos. Pero es más grave que el presidente focalice la lucha contra la desnutrición en una única entidad. Buscar responsables o una falta global de comprensión del problema o la olímpica evasión de responsabilidades.

La desnutrición en un problema intersectorial donde la muerte es el último y triste desenlace de las fallas de los gobiernos, las familias y la sociedad civil.

En Colombia estas fallas tienen todos los visos de haberse transformado en un problema estructural. Es una desgracia social que la tasa de desnutrición prácticamente no haya disminuido en los últimos 12 años, pero es bastante notorio que 2022, y particularmente las proyecciones del segundo semestre, muestren una preocupante tendencia a superar las 400 muertes/año. Tasa de que podría superar las 10 muertes por 100.000 niños menores de cinco años, un récord nefasto y una vergüenza para nuestra sociedad.

El riesgo de desnutrición infantil es latente en todo el país, pero durante los últimos años la mortalidad por desnutrición aguda parece concentrarse esencialmente en cinco departamentos: La Guajira, Chocó, Cesar, Bolívar y Vichada. Pero, además de los riesgos focalizados de desnutrición aguda, preocupa, en el corto plazo, el problema estructural de la seguridad alimentaria.

En pleno 2022, el 23,8 % de los habitantes de las 23 más grandes ciudades se acuestan con solo dos o menos platos de comidas a diario, índice que varía entre el 52,1 % de los habitantes de Sincelejo e, irónicamente, solo el 5,1 % de los pobladores de Riohacha, lo que demuestra la profunda inequidad alimentaria que existe en Colombia y los efectos no completamente estimados de subalimentación en las zonas rurales y estructuralmente más pobres del país.

En Colombia los cereales y preparados constituyen el renglón básico de la alimentación, muy especialmente para los segmentos más pobres de nuestra sociedad. La dependencia de importaciones en este grupo de alimentos es equivalente a la suma de los demás cinco renglones alimenticios (grasas y aceites, frutas y hortalizas, carnes y derivados, bebidas, miel y azúcar).

El renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas ha sido el más afectado por la inflación del último año, con una variación del índice de precios del 85 %. Colombia ostenta un nefasto segundo lugar en inflación de la canasta alimentaria en Latinoamérica, después de Argentina y notoriamente lejos de países como Brasil y Costa Rica, a los cuales duplicamos en la inflación del precio de los alimentos.

A ese panorama preocupante de futuro se debe agregar el efecto que tendrá para el futuro alimentario de corto plazo de los colombianos los llamados “impuestos saludables”, aprobados en la reforma tributaria, sin mayor análisis que un concepto cualitativo del Ministerio de Salud. Con la carencia de un mínimo diagnóstico sobre las condiciones de sustitución de los alimentos gravados, en particular para las familias más pobres del país, también los mayores consumidores de alimentos ultraprocesados. Un escenario que nos puede llevar a una situación de crisis en la seguridad alimentaria de los colombianos.

El instrumento intersectorial para la toma de decisiones de gobierno frente a la seguridad alimentaria es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), conformada por seis ministerios, tres departamentos administrativos, el ICBF y la Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición. En semejante panorama de riesgo, ya identificado por el Gobierno nacional, solamente se ha reunido en una oportunidad, el pasado 12 de octubre.

El presidente Petro fustiga justificadamente a la directora del ICBF por los problemas de desnutrición evidenciados en La Guajira, desconociendo los determinantes sociales de la desnutrición, pero no debe olvidar los riesgos de seguridad alimentaria que afectan ya a los colombianos y que se tienden a agravar para el año entrante.

Tampoco puede pasar por alto que mediante el Decreto 2223 del 15 de noviembre de 2022, asumió como mandatario, la presidencia de la Cisan, rol que históricamente se había rotado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, con el objeto de “fortalecer el diseño de políticas de acceso, alimentos, la lucha contra la desnutrición, la seguridad y sostenibilidad alimentaria”.

Así las cosas, esta decisión transformó la lucha contra el hambre en un programa político, por encima de lo técnico y el presidente de la República es el directo responsable de los problemas alimentarios del país, incluida la dura y, hasta ahora, inefectiva lucha de lo que va de Gobierno, contra la mortalidad de niños en La Guajira.