Mientras Petro se abrazaba, sonreía e intercambiaba sombreros con el paramilitar y criminal alias Mancuso, al que con los otros delincuentes Macaco y Jorge 40 se empeña en convertir en gestores de “reconciliación” pasándose la ley por la faja y quebrantando el Estado social de derecho, al expresidente Álvaro Uribe Vélez le siguen violando todos los derechos procesales.

El país transita por tiempos muy oscuros. Es triste y muy preocupante que la ciudadanía no sea consciente de cómo el proyecto ideológico de extrema izquierda, es decir, comunismo puro y duro, avanza con el quebrantamiento de las instituciones, la prensa libre y la inversión de los valores democráticos.

Ahora los genocidas como Mancuso son los héroes de la patria, después de que la Comisión de la Verdad estimó que los paramilitares son responsables de 205.028 homicidios, 63.029 desapariciones forzadas, 9.538 secuestros y 2.038 niños reclutados. Vamos camino a convertirnos en otra Venezuela a pasos agigantados, y de la mano de los peores criminales.

Mientras esto ocurre, el expresidente se encuentra ad portas de que se le inicie un juicio (político) por el presunto delito de manipulación de testigos, cuando todo el país pudo constatar, después de que Vicky Dávila develó el material de audiencias entre 2018 y 2019, que al exmandatario no le han respetado su derecho a la legítima defensa.

Lo primero que hicieron fue echar a rodar un relato periodístico sustentado en la animadversión y en fragmentos estratégicamente organizados para la opinión pública con el objetivo de condenar al expresidente desde los medios de comunicación. Y en esa alianza de periodistas, políticos y odiadores convirtieron al criminal, así como Mancuso, Juan Guillermo Monsalve en el principal testigo en contra de Uribe.

Al expresidente lo interceptaron ilegalmente, no le informaron que llevaban a cabo una investigación en su contra (a pesar de haber solicitado información en repetidas oportunidades) y algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estuvieron vinculados con la organización criminal conocida como el cartel de la toga, como Leonidas Bustos, hoy prófugo de la justicia que antes representaba, estuvo en el centro del entramado que hoy tiene a Álvaro Uribe en juicio.

Pero los “progres” que les encanta volver héroes a los criminales tienen a un asesino y secuestrador como Juan Guillermo Monsalve de testigo en contra de Uribe. Y es ahí donde sucede la nueva violación de garantías procesales a las ya conocidas, al impedirle a la defensa del expresidente acceder a la copia original del computador y del celular del testigo. ¿Por qué no tiene derecho a defenderse en igualdad de condiciones? ¿Por qué lo quieren obligar a conformarse con una copia que puede haber sido manipulada por el entramado en su contra?

La respuesta es simple. El proyecto comunista que se ha desplegado para tomarse el poder en Colombia, y que tiene raíces en los grupos guerrilleros del M-19, las Farc, el ELN y que hoy son aliados de las dictaduras de Cuba, Venezuela y el Gobierno del “cambio”, necesita eliminar a todos los líderes que defienden la democracia en el país y que puedan ser un obstáculo para lograr su cometido.

Por eso necesitan a Uribe preso.

Mientras tanto, la agenda de la extrema izquierda sigue avanzando con el liderazgo de los exguerrilleros del M-19 que cometieron tantos crímenes, incluido el holocausto del Palacio de Justicia. Mientras señalan a Uribe, los congresistas de las Farc posan de demócratas, cuando tienen encima las siguientes cifras, según también la Comisión de la Verdad: 96.952 homicidios, 29.410 desapariciones forzadas, 20.223 secuestros, 12.028 reclutamientos de niños y niñas, y un largo etcétera de delitos de lesa humanidad.

Y son esos criminales los que dan cátedra y a los que se abraza Petro como Mancuso, mientras tuercen los valores democráticos y persiguen a los opositores para desaparecerlos, encarcelarlos, silenciar a la prensa, acabar con la clase media, el empleo, la producción nacional y convertirnos en otra Venezuela mientras celebran hipócritamente con intercambios de sombreros o agitan impunemente banderas que tanta sangre les costaron a la democracia y al pueblo de Colombia.

El juicio a Uribe es una radiografía del estado de odio y desazón que enfrenta el país. Instituciones menoscabadas por el capricho, la rabia y la inquina. Y mientras tanto, el país espera, con la mayor pesadumbre, que el Gobierno del “cambio” empiece a gobernar y deje de ideologizar.